El Gobierno de “progreso” ha logrado el apoyo del Partido Popular (PP) y el resto de la oposición y partidos nacionalistas que han formado parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez para aprobar el “Ingreso Mínimo Vital”. Hasta VOX, que se había declarado opuesto a esta ayuda, se abstuvo en la votación. El acontecimiento pone de relieve hasta qué punto las diferencias de programa entre la derecha y la izquierda parlamentaria en materia de política económica se desdibujan hasta el extremo que el dirigente del PP, Pablo Casado, se dio el lujo de señalar que en realidad el IMV lo “inventó Fraga”, en alusión a los subsidios que existen en la comunidad autónoma de Galicia. Mientras tanto el Gobierno opera en función de sus pactos con los “interlocutores sociales”, es decir los dos sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y las patronales, CEOE y CEPYME. Las dos organizaciones obreras han profundizado su sumisión a las necesidades del capital presionando para las inmensas transferencias de recursos al empresariado bajo el pretexto de la preservación del empleo. La consecuencia es un verdadero saqueo a la Seguridad Social. Advertimos que esta política se pagará con reducciones presupuestarias que van a afectar a los trabajadores. Lo peor, la transformación de los expedientes de regulación temporales en despidos, está por llegar de aquí a final de año. Mientras los ingresos fiscales se acabarán desplomando al igual que los de la seguridad social.
Los contactos entre el gobierno y los “interlocutores sociales” se aceleraron en la segunda semana de junio para establecer una extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, lleva dos semanas abogando por su prórroga hasta diciembre. Son los ERTE excepcionales, decretados bajo el Estado de Alarma. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha adoptado el compromiso de extenderlos hasta septiembre, pero concedió que “en algunos sectores” se llegue hasta diciembre. Lo que está en juego para los empresarios es mantener un considerable ahorro por la exención del pago de las cuotas sociales de los empleados en ERTE. En el pico de las tramitaciones los expedientes llegaron a 3,5 millones de trabajadores cuyos seguros sociales quedaron sin pagar porque se exoneró a las patronales de hacerlo. Así las empresas se aseguran que mantienen sus plantillas a la espera de una mejoría de la situación económica a coste cero, mientras postergan el pago de indemnizaciones por despido. Si la economía se recupera para diciembre una parte de los trabajadores en ERTE será reincorporada, y los que no se pueda absorber según el ritmo del trabajo irán al paro.
Estamos ante un tira y afloje porque para el Gobierno una extensión hasta diciembre es un golpe feroz a la Tesorería de la Seguridad Social. Esto sólo beneficia a los trabajadores afectados porque no ven reducido su derecho al paro y porque se pueden acoger a la medida con independencia de su antigüedad en el puesto aunque sólo cobran el 70% de su sueldo. Pero Trabajo quiere cortar con este drenaje de recursos en septiembre y las patronales amenazan con una ola de despidos. Veremos quien gana el pulso. El hecho sustancial es que el Gobierno viene pactando con los empresarios todas las medidas de excepción que se han ido adoptando durante el desarrollo de la crisis acelerada por la COVID-19. Esto cuestiona el clima de duro enfrentamiento con el Gobierno que es el eje de la estrategia del Partido Popular, encarnada por Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo. El Gobierno ha cedido frente a las exigencias de los capitalistas en todos los terrenos, incluida una aceleración de la desescalada, y procedió a una transferencia de recursos sin precedentes a éstos bajo el pretexto de beneficiar a los sectores sociales más expuestos a la crisis.
El “escudo protector” ha sido para los capitalistas no para los trabajadores. Esto hace que las diferencias entre el Gobierno de coalición y la política económica del PP se limite a matices fiscales y al ritmo del inevitable ajuste a costa de los trabajadores. La campaña desatada por el PP, Ciudadanos y Vox, inicialmente pretendió poner en crisis la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) con la expectativa de hacer girar a Sánchez a la derecha frente a la presión de los grupos nacionalistas y abandonar la alianza con UP para formar un gobierno de concentración. Es decir una coalición entre PSOE y PP con el apoyo de Ciudadanos. La irrupción de la pandemia y la aceleración de la crisis ha trastornado los planes de Casado y Álvarez de Toledo. En este nuevo escenario el principal partido de oposición ha decidido acelerar su acoso con la intención de derribo al Gobierno de coalición por dos motivos. De un lado por temor a que su gestión de la epidemia lo refuerce debilitando al PP y por el otro porque prevén que la evolución de la crisis económica va a llevar al gobierno a un enfrentamiento creciente con los trabajadores y pretenden explotar esa debilidad futura en la medida de sus posibilidades. Mientras tanto los números no le dan para echar a la coalición del Gobierno mediante un voto de censura, y la derecha no puede formar gobierno.
Esto explica en parte las maniobras palaciegas de Casado y sus colaboradores que involucran a altos mandos de la Guardia Civil y a miembros de la judicatura en una ofensiva de denuncias políticas y acciones judiciales que parecen haber sido pactadas con los jueces bajo cuerda, como es el caso de la querella contra funcionarios del gobierno por la autorización de actos como la manifestación feminista del 8 de marzo. Es en este contexto que el ministro de Justicia, Fernando Grande Marlaska, relevó de su cargo al director de la Guardia Civil, coronel Diego Pérez de los Cobos, argumentando “pérdida de confianza”. A esta destitución le siguió un conflicto con otros dos cargos del instituto armado que tuvieron que ser resueltos para designar finalmente al nuevo director.
El incidente provocó un verdadero estallido de críticas por parte de la oposición, que pusieron en evidencia que el relevo de Pérez de los Cobos era el resultado de la colaboración de este con la jueza que lleva las investigaciones sobre la manifestación del 8M, con el ocultamiento de este hecho, y la producción de informes tendenciosos para el juzgado de la Guardia Civil en su función de policía judicial. Esto ha desatado las acusaciones del vicepresidente Pablo Iglesias al dirigente de VOX, Iván Espinoza de los Monteros, de que lo que la derecha realmente persigue es un “golpe de estado”, algo para lo cual es evidente que no hay “quórum” de momento en España.
Ciertamente lo que hay son maniobras palaciegas entre oficiales de los cuerpos de seguridad, que probablemente incluya algún comisario de la policía nacional, a miembros de la judicatura y políticos del PP y de VOX que pretenden acelerar una estrategia de descrédito del gobierno. La derecha, en particular el PP, controla al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuenta con abierta simpatía en la cúpula de las fuerzas de seguridad. Pero dar a estas intrigas la naturaleza de un golpe de estado es una maniobra de Iglesias que pretende extender la idea de un Gobierno acorralado por la derecha, al que se le dificulta la tarea de gobernar, incluso impidiendo materializar algunas medidas progresistas. Eldiario.es publicó el 30 de mayo un artículo titulado “Tener el gobierno pero no el poder” (https://www.eldiario.es/politica/diferencia-tener-gobierno-poder_0_1032397738.html), en el que se argumenta que “El Ejecutivo asume que se enfrenta a la resistencia de sectores conservadores del Estado y que las cúpulas del poder judicial, las fuerzas de seguridad y la patronal se han sumado a la campaña de acoso y derribo de las derechas”.
Esta teoría de la conspiración golpista ha hecho carne en las plataformas sociales reproduciendo los argumentos de UP y de Iglesias. Esto esconde dos cosas, la primera la impotencia del gobierno para llevar adelante sus supuestos planes, es decir las promesas electorales como la derogación de la reforma laboral “completa” del 2011 llevada adelante por el PP. La segunda que el Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer para enfrentar las conspiraciones palaciegas de la derecha. En lugar de denunciar la política de confabulaciones y pactos secretos entre jueces, políticos y policías, habla de “pérdida de confianza”. Está haciendo exactamente lo contrario de lo que debería hacer para enfrentar una conspiración golpista. Ocultarla. En lugar de ello debería denunciarla, apelar a la movilización de la población en su contra. Lo que ocurre es que la teoría de la conspiración le viene como anillo al dedo.
El Gobierno no tiene la más mínima intención de derogar la reforma laboral del PP, sino adaptarla a las necesidades presentes del capital resolviendo problemas como el trabajo a destajo de los empleados de las plataformas de Internet, de los “riders”, dando un marco jurídico seguro a las empresas del sector, creando figuras que consoliden la precarización, eliminando a los falsos autónomos en el circuito laboral con modalidades que den garantías jurídicas a los empleadores. La otra operación en ciernes es la reforma de las pensiones, una especialidad del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, antes presidente de la Airef desde la cual proyectó esa reforma. Sin contar con que la ministra de Economía Nadia Calviño ya elevó a la Comisión Europea la propuesta en el plan económico de 2019 de crear en España una cuenta de capitalización para los trabajadores que sustituiría el régimen de pensiones actual. Todo un paquete de ajuste. Estos objetivos se van a cocinar dentro del Pacto de Toledo que nadie va a derogar.
Mientras tanto el Gobierno está pendiente de la aprobación en Bruselas de un plan para la crisis económica acelerada por la pandemia. El plan de la CE supone 750.000 millones de euros de los cuales 500.000 millones serían subsidios y 250.000 millones créditos. La Unión Europea también abrió el grifo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y dijo que la financiación no estaría condicionada. Una burda mentira. Del plan de reconstrucción europeo a España le tocarían 140.000 millones de euros, según ha publicado la prensa refiriéndose a compromisos verbales de la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen. Pero nada de esto es de momento cierto. El plan de reconstrucción europeo está pendiente de su aprobación por el Consejo Europeo, que reúne a los presidentes de los 27 países de la Unión. Al menos Holanda, Austria, Suecia, y Dinamarca se oponen de forma terminante y quieren condicionar el plan.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron apadrinan el proyecto de la CE, en un intento de frenar y evitar el contagio del creciente escepticismo europeo de Italia. Las tendencias a la desintegración de la UE se mantienen firmes, con un atrincheramiento económico creciente de los estados miembros. Pretender basar en un acuerdo improbable el desarrollo de una política de reconstrucción para España es poco menos que una utopía. Nadie sabe de momento con qué dinero se cuenta. La condición para su aprobación será la imposición de duras condiciones para los países que recurran a esas ayudas. El presupuesto en vigor es una prórroga del último aprobado bajo el gobierno de Mariano Rajoy. En septiembre el Gobierno deberá preparar un presupuesto para 2021, en el cual deberá hacer frente al crecimiento de la deuda pública, destinado en su mayor parte al rescate de los capitalistas, y que se va a llevar la parte del león.
Para financiar un presupuesto como el que se prevé o bien se va a un ajuste del gasto con fuertes recortes, o se suben los impuestos. No hay medias tintas. El sistema tributario español se basa en la exacción de los pequeños contribuyentes, los pillados por la nómina, los trabajadores. Las grandes empresas tienen un tipo fiscal nominal del 25%, pero no llegan a pagar ni el 15% por las desgravaciones y bonificaciones que reciben. Las grandes fortunas se escudan en sociedades que no tributan o tiene fuertes desgravaciones. Este gobierno no va a subir la presión fiscal sobre las empresas ni las grandes fortunas, le queda abierta la puerta de los pequeños contribuyentes que no están para pagar nada. La deuda pública ha crecido en el primer trimestre de este año en 35.381 millones de euros alcanzando los 1,22 billones, su máximo histórico. El año pasado se pagaron en intereses sobre la deuda 30.000 millones de euros, el equivalente a las nóminas de toda la administración central de España. La deuda va a superar holgadamente este año el 120% del producto interior bruto (PIB). La brutal caída del consumo privado, la desaparición del turismo, la crisis industrial con cierre de empresas como Nissan y Alcoa, anuncian más sangría para la seguridad social que se ha convertido en una bomba de dinero para el rescate de los capitalistas.
Lo que los trabajadores podemos esperar del “gobierno de progreso” es un colosal ajuste, con recortes sin precedentes en los presupuestos del estado para el 2021, una reforma de las pensiones y retoques al estatuto de los trabajadores y a la legislación laboral consolidando la precariedad en aquellos casos en que puede suponer un riesgo para los empresarios. Mientras tanto el despliegue de la crisis anuncia más cierres de empresas y despidos. La clave es organizar la resistencia de los trabajadores desde una absoluta independencia de clase respecto de los intereses de los capitalistas. El cierre de Nissan dejará en la calle a 4 mil trabajadores de forma directa y no menos de 10.000 en las industrias auxiliares. El cierre de Alcoa en Galicia implica la pérdida de más de 500 empleos directos y otros tantos en empresas auxiliares. Este es el camino de la crisis en nuestro país. La industria del automóvil va a seguir reduciendo empleo, igual que la industria, el comercio y la construcción.
Se trata de definir una estrategia ante este escenario que va a arreciar a medida que avance el año. Los trabajadores de Renault en Francia no han esperado al cierre de plantas para declarar huelgas. En España las direcciones sindicales han despertado la ilusión de que no va a haber ataques al empleo gracias a los ERTE, desarmando la resistencia de los trabajadores. No ha sido el caso de Nissan donde lo que se impone es la ocupación de las plantas de producción. Limitar la resistencia a las marchas por Barcelona es el camino de la derrota y la desmoralización. Ante el conjunto de la situación, en la cual la desescalada de las medidas de prevención para el contagio de la Covid-19 juega un papel fundamental, los grandes sindicatos se han convertido en verdaderos propagandistas de los intereses del capital. Lo que está en juego es la vida de los trabajadores. El reto para el movimiento obrero es de gran envergadura, parar la ofensiva capitalista y del Gobierno.
La tarea central es iniciar el debate de una huelga general contra el cierre de empresas, por la ocupación de las empresas que cierren, por el reparto de las horas de trabajo entre la plantilla sin reducción de sueldo, la producción bajo control de los trabajadores de las empresas ocupadas, la organización de comités de sanidad que impongan los protocolos sanitarios de los trabajadores para la defensa de la salud contra los contagios por coronavirus, por la expropiación del sistema sanitario privado y su incorporación al sistema nacional de salud, por el control y administración de los centros hospitalarios por los trabajadores de la sanidad. Por un salario mínimo de 1.200 euros para todos los trabajadores con empleo o en el paro.
