La convocatoria de la 4º Asamblea de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) el año pasado desencadenó una fuerte crisis en el seno del movimiento pensionista. Un movimiento social muy significativo por su combatividad que despertó profundas simpatías entre los trabajadores de todo el estado. La principal característica de la COESPE ha sido la convivencia de innumerables plataformas ya sea territoriales o por agrupamiento de distintos intereses, que ha actuado sobre la base de una democracia interna que no ha obstaculizado su capacidad de movilización. Significativamente la crisis del movimiento se ha desatado de forma evidente tras el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición. El debate en el camino de la 4º Asamblea que debía realizarse en marzo de este año tropezó con la resistencia por parte de la mayoría de las asambleas locales a un proyecto de estatutos considerado en general excesivo en términos de complejidad, y a una reforma de la tabla reivindicativa a la que la mayoría no le veía sentido. Sin embargo estas divergencias, que podrían haber sido ventiladas en una asamblea general anual, dieron pie a ataques personalizados y a una lucha de aparatos que no guarda ninguna proporcionalidad con las divergencias.
La campaña inusitadamente violenta en contra de los activistas comprometidos con las reformas llevó a que 16 figuras relevantes anunciaran el 23 de enero que habían decidido “apartarnos de las tareas organizativas internas de COESPE hasta que se celebre la IV Asamblea Estatal”. Desde entonces llama profundamente la atención que los enfrentamientos entre las facciones en guerra no hagan explícitas sus divergencias de fondo. El hecho que la crisis haya coincidido con un fuerte debate sobre la necesidad de una tregua al “Gobierno de Progreso”, es decir a la coalición entre PSOE y Unidas Podemos (UP), no parece un detalle en este escenario toda vez que la actividad de la COESPE se ha convertido en testimonial desde la formación del nuevo Gobierno.
Un ejemplo de esto ha sido el rechazo, en plena división, de la convocatoria a una huelga general en el País Vasco en defensa de las pensiones públicas por los sindicatos nacionalistas, ELA STV y el abertzale LAB con el apoyo de una parte del movimiento pensionista. Un sector de este último, y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, así como CGT, se opusieron a esta huelga. La calificaron de oportunista y acusaron a sus organizadores de pretender romper la caja única de la Seguridad Social. Algunos de los críticos señalaron que la movilización estaba directamente conectada con las elecciones autonómicas vascas previstas entonces para el 5 de abril. La realidad es que el programa de la huelga era de defensa del sistema público de pensiones y que su convocatoria exigía claramente la necesidad de apoyarla, en todo caso con un programa propio de independencia de clase frente a cualquier maniobra oportunista. Lo más destacable por lo tanto fue que el rechazo a esta huelga general se fundó en la necesidad de mantener una tregua frente al “Gobierno de Progreso”, que mientras tanto maquinaba para llevar adelante una reforma del Estatuto del Trabajador y del sistema de pensiones introduciendo las cuentas de capitalización.
Mientras tanto las fracciones en pugna en la cúpula de la COESPE no se manifestaron de forma clara en apoyo a esta huelga general en el País Vasco. En general la condenaron, y se mantuvieron enfrascadas en su batalla por el control del movimiento, es decir del aparato. Mientras marean la perdiz con un interminable debate sobre lo que es y no es estatutario, sobre las reformas y contrarreformas de la Tabla Reivindicativa, y se disputan de forma abierta la presencia en convocatorias y organización de actos internacionales comienza a dibujarse con mayor claridad que los que han quedado al mando del aparato han decidido postergar todo tipo de movilización nacional hasta el otoño. Es cierto que han convocado a movilizaciones testimoniales, pero todas ellas están encaminadas a un juego de presiones y negociaciones con los cargos parlamentarios de Unidas Podemos. Es decir que orientan al movimiento hacia la negociación con el Gobierno y no hacia la lucha para concretar los objetivos de la Tabla Reivindicativa. Lo que ha caracterizado al movimiento pensionista desde la irrupción de la crisis es la pérdida de dirección unificada en la lucha contra los planes del Gobierno, contra el resurgimiento de los Pactos de Toledo, contra la adopción en el seno de la Comisión de Reconstrucción del Congreso del objetivo de un sistema de cuentas de capitalización que afectará al sistema de pensiones como es la denominada mochila austriaca.
Desde luego en el movimiento pensionista nadie se podrá pronunciar a favor de esos objetivos sin riesgo de perder la cabeza o al menos el respeto de los compañeros. Pero no hace falta hacerlo, basta con privar al movimiento de objetivos claros y un plan inmediato de movilización para dejar hacer al gobierno de coalición y a sus aliados circunstanciales que cada vez más incluyen a Ciudadanos y cuando cuadra hasta al PP. La denominada Plataforma Unidad de COESPE, por ejemplo, llamó a una recogida de firmas y pretendía entregarlas en el Congreso junto con un escrito en el que se proponía el blindaje de las pensiones públicas en la constitución el 29 de julio. Con independencia de que a nuestro criterio el “blindaje” es superfluo y no hay nada que negociar con el gobierno, los que se arrogan la representatividad oficial de la COESPE rechazaron cualquier manifestación de lucha que no fuese propiciada por ella. ¡Pero ocurre que ella no propicia ninguna medida de lucha nacional hasta el otoño! Lo que se está impidiendo de forma expresa es la actividad deliberativa de las plataformas para organizar una acción centralizada de lucha nacional de forma inmediata.
La plataforma Unidad tiene un profunda responsabilidad en esto también, porque en lugar de ir al fondo de la cuestión en el debate con las otras plataformas y activistas sobre los objetivos reales de los enfrentamientos, los ocultan. Entre otras cosas porque la Plataforma Unidad cree que “la presión sobre el Gobierno” puede conducir a un “blindaje” de las pensiones, una ilusión que de imponerse debilitará al movimiento. Mientras tanto quienes tienen el control del aparato permiten que las deliberaciones entre gobierno y oposición vayan materializando un plan de compromiso con la Comisión Europea (CE) que va a entregar atados de manos a los pensionistas y a los trabajadores en general. Queda claro de esta evolución que el Gobierno no va a oponer reparos a las condiciones de Bruselas, y que en este contexto los ministros de Unidas Podemos pretenden vestir con un ropaje de izquierda a las maniobras de Sánchez y su equipo, algo que no solo era previsible sino que es el camino de la derrota de los pensionistas y los trabajadores.
La única forma de acabar con los enfrentamientos faccionales en el seno de la COESPE es que esta recupere de inmediato su carácter asambleario, elija de forma democrática a los representantes de las asambleas y conforme una dirección vinculada a las bases del movimiento y no a su aparato. Pero la organización es sólo la forma de materializar la acción, hace falta un plan de acción nacional centralizado y claro en defensa de las pensiones públicas sobre la base de la tabla revindicativa. Cualquier Asamblea Nacional debe ser convocada sobre la base de este programa de lucha. Hasta ahora las facciones enfrentadas en el seno de COESPE coinciden en líneas generales en su programa, pero un programa no es solo una tabla reivindicativa. Un programa es también el método con el que se lo impulsa. Si se piensa en “servir” a ese programa con la negociación con el Gobierno a espaldas de las asambleas de COESPE se quebranta el método. Si en aras de respetar el programa se posterga la movilización, se está haciendo el juego al Gobierno para que tome la delantera en las negociaciones para pactar con la oposición y Bruselas una reforma de las pensiones en favor de la banca y las aseguradoras y una reforma del Estatuto del Trabajador regresiva que permita la introducción de la mochila austriaca.
El movimiento pensionista debe reclamar la intervención de los trabajadores en la lucha contra estas maniobras. Los jubilados no pueden paralizar la actividad del país, para ello es necesaria la intervención activa de los trabajadores para impulsar una huelga general contra las reformas. El ataque contra las pensiones va de la mano con un ataque contra las condiciones laborales de todos los trabajadores, incluida una reforma regresiva del estatuto del Trabajador. El avance de la crisis es imparable y el final de los ERTE va a desembocar en despidos y cierres de empresas. Este intento de que la crisis se descargue sobre los trabajadores, mientras se subsidia a las empresas con transferencias multimillonarias, es un saqueo a la sociedad y se le debe enfrentar mediante la huelga general. Los pensionistas deben promover ese objetivo y los trabajadores deben organizar la lucha por una huelga general mediante asambleas de base en los lugares de trabajo que se pronuncien por un plan de lucha y movilización que desemboque en una huelga general.
