La coalición en el gobierno entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP) ha presentado su proyecto de ley de presupuestos generales del estado (PGE) y ha pasado su primera prueba con el apoyo del bloque de la investidura de Pedro Sánchez. De acuerdo con los portavoces del Gobierno implica el mayor gasto social en la historia del país. Mientras tanto han tirado por la borda su propio pacto de coalición: incrementos de impuestos a los ingresos superiores a los 120.000 euros anuales en el IRPF. Aumentos significativos en el impuesto de sociedades, donde las empresas están exentas de pagar por los beneficios de sus filiales, y en el que las empresas del IBEX acaban pagando el 15% de sus beneficios a pesar de un tipo fiscal para sociedades del 25%. Para ocultar esta desvergüenza han incrementado el tipo fiscal a los ingresos mayores de 300.000 euros anuales, que solo afecta al 0,17% de los contribuyentes y otra subida testimonial al patrimonio.
Es por esto que Unidas Podemos, que ha firmado estos presupuestos sin sonrojarse, y que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron conjuntamente ante las cámaras de televisión como un logro, han firmado a espaldas del gabinete una enmienda junto con Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu para que se prohiban los desahucios durante la crisis. Como si con este maquillaje pudieran borrar la deserción de sus propios principios ya desteñidos hasta la transparencia. Quieren blanquear su imagen. Mientras tanto los ministros se han aplicado la subida salarial del 0,9% que figura en los presupuestos para los empleados públicos, lo cual supone una subida de 700 euros hasta los 80.400 € anuales para los vice presidentes, por ejemplo, mientras el presupuesto de Defensa sube el 4,7%. Esquerra Republicana de Catalunya por su parte ha aprovechado que los presupuestos pasaban por Madrid para anunciar su apoyo, tras votar el rechazo de las enmiendas en el primer acto. Con esto ha simplificado el panorama electoral de Catalunya porque en los hechos el paso de anunciar el apoyo rompe las alianzas con Junts x Catalunya.
El gasto presupuestado con unas transferencias significativas a las autonomías ha reanimado al bloque de la investidura, ese cajón de sastre en el que participan el PNV, ERC, y Bildu además de otras formaciones políticas menores. Como no podía ser de otra forma el Partido Popular (PP) y Vox se oponen frontalmente, pero su enmienda a la totalidad fue rechazada en el Congreso gracias precisamente a la unidad del bloque. En cierta medida, el PP ha quedado pataleando en el aire porque el Gobierno ha hecho todas las concesiones necesarias en el desarrollo de la crisis a las demandas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), empezando por la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero, siguiendo por la política de avales del estado a los créditos ICO, y pasando por la rebaja de las cotizaciones sociales que constituyen un verdadero saqueo a la Seguridad Social. A la vista de esto Ciudadanos, más cauteloso, pretende ubicarse en el centro y arrancar algunas concesiones a los sectores que representa a cambio de su apoyo a los presupuestos. La clave de los presupuestos no está en la demagogia barata sino en las concesiones de fondo a las necesidades del capital. Por ello la CEOE tardó poco en exigir que las partidas presupuestarias procedentes de Bruselas sean canalizadas en su 80% al sector privado y le “aportará” al Gobierno su hoja de ruta para el dinero…
Como se ve el bálsamo de Fierabrás que une al bloque de la investidura es el reparto de dinero. Los grandes aparatos sindicales, CCOO y UGT apoyan, como no podía ser de otra forma, porque son los corifeos de la CEOE y a los amos se les presenta la oportunidad de plantear una lucha de fieras por su parte del tesoro en el camino de la tramitación de la ley de presupuestos, que en líneas generales va a beneficiar a varios sectores empresariales. Pero como ya ha quedado a la luz aspiran a una reducción de la inversión pública para engordar sus propias partidas. En números absolutos el presupuesto es efectivamente alto, y llama la atención que la diferencia entre el gasto total presupuestado, que supera los 456.000 millones de euros, y los ingresos esperados de 324.000 millones se haya dibujado un déficit de 132.100 euros, que equivale a más del 10% del producto interior bruto (PIB) real que podemos esperar en la presente situación. Mientras tanto el gobierno lo estima en un 7,7% del PIB, cuando la propia Comisión Europea lo valora como mínimo en el 9,5% para el 2021.
Que este es un presupuesto dibujado en el aire se deduce rápidamente de que los ingresos previstos se basan en los impuestos directos, impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) e impuesto de sociedades, e indirectos, esencialmente el impuesto al valor añadido (IVA) y los impuestos especiales como el de combustibles. El gobierno, sobre el telón de fondo de una crisis económica considerada más profunda que la de 1929, ha calculado los mayores ingresos fiscales en la historia del país sobre la base de un rebote extraordinario de la actividad económica en 2021 que sólo ellos son capaces de ver. Es decir el estado no tendrá los ingresos que prevé. Mientras tanto la Comisión Europea (CE) estima que la tasa de desempleo será superior al 17% en 2021, en un país en el que el paro juvenil este año ha desbordado el 44%.
Los PGE tienen muchas mentiras. Pero dos son flagrantes. La primera que habrá más ingresos fiscales en 2021. La segunda que el gasto social se va a disparar. En su presentación en el Libro Amarillo el Gobierno afirma que el gasto social va a aumentar un 10,3% sobre el de 2020 contando en este incremento con las transferencias de la Unión Europea. Pero la CE pone los puntos sobre las íes al señalar que en 2021 los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se van a extinguir y que por lo tanto la partida excepcional que han supuesto en 2020 no va a estar del lado del gasto. En los hechos los ERTE tienen fecha de caducidad el 31 de enero de 2021. Pero la financiación de los salarios que han supuesto será sustituida por la financiación de la desocupación que esto va a generar. Como de costumbre serán los asalariados que no pueden escapar al IRPF y al IVA, que pesa más sobre los más débiles, los que van a financiar los ingresos del estado, es decir que los van a soportar los trabajadores. Es de señalar que una partida importante del gasto fiscal es el pago de la deuda pública, con 31.700 millones de euros comparado con los 39.500 millones de transferencias territoriales, es decir a las autonomías. El primer gasto en importancia es el de las pensiones, con poco más de 160.000 millones de euros. Los Pactos de Toledo que el Gobierno de Coalición ha resucitado aspiran a resolver esta cuestión en el medio plazo con una serie de reformas que van a suponer una nueva confiscación a los trabajadores sobre sus salarios diferidos, que son en definitiva las pensiones contributivas. Lo han ratificado la semana pasada en el Congreso de forma unánime en una abierta traición de IU al movimiento de los pensionistas que ellos mismos pretenden controlar.
El gobierno se ha anotado en su proyecto de PGE 27.000 millones de euros de la UE, de los que sólo llegarán 6.900 millones de acuerdo con la CE. El resto el estado los va a tomar prestados a cuenta de esos ingresos. Entre unas cosas y otras, el peso de la deuda sobre el PIB se va a disparar por encima del 120%. La última vez que España se acercó a esas cifras de deuda fue en 1945 en medio de la tortuosa recuperación en la posguerra. Esto implica la entrada de nuestro país en una zona de alto riesgo porque cualquier conato de crisis de deuda soberana va a privar del acceso a los mercados de deuda al país y va a poner en situación de crisis al conjunto del sistema financiero. Por añadidura y de momento Polonia y Hungría tienen bloqueado el Plan de Recuperación de la UE por sus divergencias sobre el control que la CE quiere imponer sobre los niveles de democracia interna en los países de la UE. Es decir que la propia Unión Europea está en estado de crisis poco después de alcanzar un acuerdo considerado “histórico” porque por una única vez y en estado de excepción histórica por la pandemia decidió emitir deuda con el respaldo de los 27 estados miembro.
Unidas Podemos, como la izquierda en su conjunto, saltan por encima de una cuestión objetiva. La crisis actual traspasa los umbrales de una interrupción en el proceso de acumulación porque se une de forma indisoluble a la fuerza destructiva de la pandemia que es un producto de la propia evolución del capitalismo como destructor de los medios y relaciones de producción. No es la primera vez que esta ceguera se cierne sobre la perspectiva histórica en España. La izquierda no fue capaz de encuadrar el advenimiento de la república en 1931 como un subproducto de la descomposición del capitalismo mundial tras la crisis de 1929 en una España inmersa en una profunda crisis agraria con el hundimiento de los precios de los productos agrícolas que llevó al campo español a la depresión económica y al hambre y la miseria de lo que era entonces la masa de la población. Tanto para la burguesía como para la izquierda entonces, España estaba al margen de la crisis internacional, una tontería fundada en observaciones intencionales del Banco de España que pretendía ver la crisis como producto de la inquietud y la agitación social con el fin de encaminar la represión contra la sublevación de los trabajadores. El cuadro se repite ahora a una escala superior, porque el entrelazamiento entre la crisis y la pandemia no se puede disociar y pone en juego la supervivencia física de los trabajadores.
El Gobierno ha lanzado a rodar un presupuesto para la supervivencia del capital en un momento en el que la pandemia de la Covid-19 amenaza la vida de los trabajadores a escala internacional. Lo que está en juego es la supervivencia del capital o de los trabajadores, con la contradicción insalvable de que sin el trabajo humano el capital no se valoriza y la elección de vivir lleva a los trabajadores a tomar en sus manos la organización de los medios para la preservación de su salud y de la salud de la población en general. El capital es capaz de mirar sólo por su propia reproducción. El Gobierno ha organizado un precario plan de supervivencia del capitalismo y ha logrado agrupar de forma transitoria un frente en su apoyo aglutinado a fuerza de dinero que surge de un endeudamiento sin precedentes. Pero este frente va a estallar con el desarrollo de la propia crisis de la UE y de la deuda soberana y financiera que se insinúa en perspectiva en Europa y a escala internacional. Cualquier ilusión de una recuperación es el resultado de una fantasía irrealizable y la responsabilidad de la izquierda es organizar el combate contra el capitalismo y sus fuerzas destructivas, por la vida.
Socialismo o barbarie.
