Por la construcción de un frente de combate de los trabajadores
El choque entre el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias y la candidata de Vox Rocío Monasterio a las elecciones a la Comunidad de Madrid en un debate público se ha convertido en el eje de la política nacional desplazando a las consecuencias de la “nueva normalidad” que permite la persistencia de la pandemia. El dirigente de Podemos, y hasta hace poco vicepresidente segundo del Gobierno de coalición, recibió una amenaza para él y su familia con una carta y cuatro balas. La dirigente de Vox montó una provocación poniendo en duda su denuncia. Iglesias abandonó el debate en rechazo a esa actitud. Las provocaciones reiteradas del partido de derecha Vox han servido a Unidas Podemos para definir a la coyuntura política actual como una lucha entre la democracia y el fascismo.
Unidas Podemos enarbola ahora la lucha antifascista como su eje político, y la disyuntiva entre democracia o fascismo ha sido tomada al vuelo por la “izquierda” incluido el PSOE. Sin embargo, este es un eje falso. Se trata de una verdadera cortina de humo sobre la realidad española. Empezando por el hecho que la extrema derecha anida en las propias instituciones del estado, como el Consejo General del Poder Judicial cuya renovación el Gobierno ha sido incapaz de acometer capitulando ante el Partido Popular, que no está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre este asunto. La realidad es que el régimen de la transición política de 1978 ha preservado hasta ahora la ley de secretos de estado del franquismo para evitar echar luz sobre los crímenes de la guerra civil y la dictadura. El andamiaje jurídico represivo de España no tiene igual en Europa y su aparato judicial se ha convertido en el hazmerreír de las judicaturas de la Unión Europea (UE). Los jueces de los altos tribunales marcan la agenda política española
Mientras el gobierno reprime a los trabajadores que luchan por sus derechos, da amparo a las manifestaciones en contra de las medidas de confinamiento durante la pandemia promovidas por el extremismo de derechas. La realidad es que el huevo de la serpiente está dentro de la propia democracia española cuyos actores de izquierda han sido incapaces de derogar las leyes represivas, como la ley mordaza, o las reformas regresivas laborales y de pensiones. Pero lo que es peor es que esta democracia está preparando un ajuste a fondo contra los trabajadores en todos los terrenos mientras se suceden los despidos. El régimen nacido en 1978, la constitución y la democracia que Unidas Podemos quiere defender de Vox, está en una profunda descomposición.
Mientras los demócratas de turno señalan que se ha traspasado un límite sin retorno con las provocaciones de Vox, hemos asistido a un proceso penal por sedición contra dirigentes nacionalistas catalanes tras un frustrado intento de referéndum por la independencia. Las cárceles tienen presos por motivos políticos, muchos sobre la base de provocaciones y montajes, aunque el gobierno lo niegue, mientras la extrema derecha se dedica a sus algaradas. Es decir que en el mundo real Vox representa una alternativa para la aplicación de los planes del capital para los que aun no ha sonado la hora de la acción y de su instrumentación por parte de los capitalistas. Es de momento una fuerza de reserva utilizada de forma oportunista por el Partido Popular para arrastrar votantes de la extrema derecha y por la izquierda para definir un “nuevo eje” de la política nacional: fascismo o democracia. Pero su desarrollo se da al amparo de la creciente derechización de la democracia parlamentaria de España en las leyes y en los hechos. Sin embargo el huevo de la serpiente está en las propias entrañas del régimen constitucional consensuado en 1978 al elegir para la alternativa sustitutoria a un rey, Juan Carlos I, formado bajo la supervisión de franco y su régimen con la pretensión de restaurar una dinastía cuya existencia había sido interrumpida por el advenimiento de la República en 1931.
El punto de fusión en la pretensión de restablecer la dinastía y su régimen parlamentario se materializó el 19 de junio de 2014 con la abdicación de Juan Carlos I. Todo el andamiaje del régimen se estructuró en torno a su figura como punto de equilibrio del pasado y el futuro conciliando la herencia del franquismo con un pretendido nuevo aire. Pero para que una sucesión dinástica prosperara era necesaria una época de ascenso del capitalismo y no el ciclo de crisis irreversible iniciado en 1997 que desembocó en el estallido de 2008, y ahora en la descomposición económica de la pandemia. Al quedar expuesta a la luz en medio de esta profunda crisis la esencia corrupta de la monarquía todos los esfuerzos para dar estabilidad y continuidad a la sucesión dinástica a manos de Felipe VI están condenados al fracaso. La única salida de Felipe VI si aspira a esa continuidad dinástica es una evolución bonapartista que lo llevará a él y a su régimen a chocar históricamente con las masas. Es a esta tendencia histórica a la que sirven el PP, Vox y el resto de la ultraderecha.
Mientras tanto tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 el Partido Popular se alzó con la presidencia de esa comunidad autónoma gracias a un pacto con Ciudadanos con el apoyo de Vox. Ante el derrumbe de Ciudadanos, Vox aspira a ser el aliado necesario para que en Madrid la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso pacte el gobierno de la Comunidad con ellos. En una política aventurera Díaz Ayuso convocó a las elecciones a mitad de su mandato a la espera de obtener una mayoría absoluta que le permita gobernar sin alianzas condicionantes. Las últimas encuestas electorales indican un progreso del PP sin alcanzar mayoría absoluta y por tanto un inevitable pacto con Vox ante la desaparición de Ciudadanos.
Es en este contexto que se deben leer las provocaciones de Vox. Iglesias, al igual que hizo en 2018 tras el pacto andaluz del PP con C’s y Vox, ha vuelto a convocar a un frente de izquierda definiendo a la presente coyuntura como una lucha en defensa de la democracia amenazada por el fascismo, es decir una capitulación ante los intereses de la burguesía y su régimen. Para UP se trata de movilizar al electorado de izquierda desmoralizado y desencantado por la política del gobierno de coalición del que Iglesias ha formado parte hasta hace menos de un mes. Esta denuncia es una verdadera operación de imagen que intenta desviar el debate de las cuestiones reales que atañen a la vida y el futuro de los trabajadores españoles. Un reguero de expedientes de Regulación de Empleo (ERE) está acelerando los despidos en España ante la incapacidad del gobierno por poner freno a este proceso. Las fusiones bancarias, impulsadas por la política del gobierno y el Banco de España, como la de Bankia con CaixaBank con 8.000 despidos en puerta es un ejemplo. En este sector habrá solo este año 15.000 despidos según El País (https://elpais.com/economia/2021-04-14/la-banca-prepara-un-ano-de-despidos-masivos-con-mas-de-15000-salidas.html).
Airbus Industrie mientras tanto amenaza con el cierre de su planta en Cádiz lo que puede suponer entre 400 y 600 despidos, desatando una lucha de resistencia obrera en la región de la Bahía de Cádiz. La crisis industrial en la región es colosal desde que Airbus suspendió la producción en España del A 380 lo que ha determinado la crisis de todas las industrias auxiliares de aeronáutica en la región, llevando a que el 60% de la plantilla del sector esté en ERTE y pueda perder su trabajo. Se verifica en toda España que los expedientes de regulación temporal de empleo se transforman en expedientes de regulación, es decir en despidos. Toda la industria auxiliar del automóvil está en estado de crisis terminal. En la hostelería se cierra un establecimiento detrás de otro y el comercio minorista se ha hundido.
Una coincidencia de fondo entre “demócratas” y “fascistas”
Pero hay una coincidencia de fondo entre “demócratas” y “fascistas”: ni unos ni otros rechazan la adaptación a la “nueva normalidad”. Los sindicatos colaboran abiertamente con esta adaptación amparando el derecho de los capitalistas a sus beneficios por encima de la salud de los trabajadores. La izquierda del régimen acuerda también esta situación como un solo bloque, incluyendo la reapertura de la actividad económica y la educación presencial en colegios y universidades. En este asunto hay un sólido acuerdo. Mientras tanto la gestión de la pandemia a escala nacional es un verdadero caos. A la falta de coordinación de las comunidades autónomas en el trabajo preventivo mediante la vacunación masiva se suma la inacción del Gobierno y el fracaso de la Unión Europea en el abastecimiento de las vacunas necesarias. Los problemas centrales de la transmisión comunitaria de la enfermedad están sin resolver, como la educación presencial, y el afán de mantener la actividad económica para evitar el desplome del beneficio capitalista. “Demócratas” y “fascistas” concilian con la persistencia de la pandemia con efectos letales para la población y los trabajadores. Los medios de transporte público siguen siendo una fuente inacabable de contagios y el refuerzo del sistema sanitario se ha quedado en nada a la espera del “dinero de Bruselas”. Los aparatos sindicales coinciden con esta alianza, cómplices del saqueo y del avance de la pandemia entre los trabajadores.
Mientras tanto para salvar a los capitalistas de la pandemia la política del gobierno ha sido liberar a los empresarios de pagar las cuotas sociales y los sueldos de los trabajadores que fueron colocados en ERTE, percibiendo una parte del sueldo con cargo al estado. Esta política es un saqueo a la Seguridad Social cuyas arcas pagan las cuotas sociales y los sueldos con el objetivo de sostener a los capitalistas. La política del gobierno no ha sido un “escudo social” sino una transferencia de recursos del estado al capital.
La suma de arbitrariedades a las que han quedado sujetos los trabajadores es lo que crea un clima adverso al gobierno y permite que prospere la extrema derecha. Crecimiento al que contribuye además la ausencia de una dirección de clase independiente de la burguesía. Por añadidura el gobierno se ha ocupado de reprimir las manifestaciones de lucha de los trabajadores pero ha permitido de forma escrupulosa y ha protegido a las manifestaciones de la extrema derecha durante el confinamiento que cuando pedían libertad lo que solicitaban era la libertad de explotar a los trabajadores aun a costa de su vida por contagio de la covid-19.
Ha sido y es el propio gobierno el que ha permitido el desarrollo de la ultraderecha y ahora ha decidido convocar a la unidad en contra de la acción provocadora de Vox por mero oportunismo electoral. Pero la divisoria de aguas en España no es fascismo o democracia. No es el desarrollo de un frente electoral de la izquierda para combatir al fascismo como reclama Pablo Iglesias en un intento de rescatar a su partido del colapso. El verdadero eje de la situación política en todo el estado para los trabajadores es frenar la desocupación, luchar por el pleno empleo, impedir el cierre de las empresas, exigir una escala móvil de salarios, garantizar las pensiones de los trabajadores en condiciones dignas, frenar el contagio comunitario de la covid-19, lograr una vacunación masiva de la población en tiempo récord y defender la salud de los trabajadores del contagio en los medios de transporte y suspender el trabajo presencial en las actividades no indispensables con el 100% del salario.
La divisoria de aguas es entre los intereses de los trabajadores y los intereses de los capitalistas. La única garantía en la defensa de sus intereses es la organización de los trabajadores en un partido independiente de los intereses de la burguesía y la lucha por un frente de combate obrero en contra del paro y los ajustes inminentes. Un partido de los trabajadores y no una organización “transversal”, que quiere conciliar los intereses de clases antagónicas, los que viven del trabajo ajeno con los que son explotados. El programa de lucha de un frente de trabajadores es por el cese inmediato de la actividad no indispensable manteniendo el 100% del salario. La ocupación de las empresas que cierren y su producción bajo control obrero, por la expropiación de la banca y su puesta bajo control de los trabajadores, por el control de la sanidad pública por sus trabajadores . En defensa de la salud de los trabajadores hay que expropiar la industria farmacéutica y la sanidad privada bajo control obrero. Hay que organizar la lucha nacional contra la ola de despidos. Por la derogación de la legislación represiva.
