Diversas plataformas sociales convocan en todo el país a movilizaciones en contra del aumento de la luz. De acuerdo con las asociaciones de consumidores en los primeros siete días de junio el aumento del precio de la luz fue del 42% respecto del mismo mes el año pasado. La proyección es que en junio los consumidores pagarán el tercer recibo más caro en la historia de los precios de la electricidad en España. Esto ha desatado con razón la indignación popular. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos contemplaba la posibilidad de aliviar los precios de la electricidad a la población de menos ingresos. Pero ocurre todo lo contrario.
Podemos hizo en el pasado mucha alharaca en torno a lo que haría si estuviera en el Gobierno respecto de los precios de la luz. Pablo Iglesias prometía torcerle el brazo a las eléctricas para ponerlas de rodillas. Pero la realidad es que los que se han puesto de rodillas ante las compañías eléctricas son los ministros de Unidas Podemos como el de consumo, Alberto Garzón, que ha “mostrado su preocupación” por la subida del recibo. Como si él no fuera el Gobierno, y encima ministro de Consumo.
La subida de la factura tiene dos motivos. Uno la reforma de la tarifa por horas que ha introducido el gobierno en junio. Su objetivo es forzar mediante las tarifas a que el consumo se traslade a horas en las que la demanda industrial y comercial es baja. Pero ocurre que los horarios más baratos no son asumibles por los trabajadores. O bien porque son horarios en los que están trabajando, o porque son horarios en los que necesitan descansar para reponer fuerzas, como la noche.
Garzón y la ministra Ione Belarra han hecho el ridículo tras decir que intentan que el horario valle -el más barato- se adelante de las 24 as las 22. Lo que demuestra que no pintan nada en el gobierno. Como tampoco lo hacen el resto de los ministros de UP. Son la tapadera de izquierda de las concesiones del PSOE a los intereses empresariales. Incluida la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La estructura del sistema
La otra cuestión de fondo en el aumento del precio de la luz es la propia estructura del sistema eléctrico español y los mecanismos de la Unión Europea (UE) para forzar una reducción del uso de los combustibles fósiles. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció dos medidas “moderadoras” del precio al mismo tiempo que entraba en vigor la tarifa horaria para dar un toque “progresista” en medio del escándalo del aumento descomunal del precio de la electricidad. Una de ellas es iniciar la tramitación del decreto de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrica (FNSSE). El objetivo del Fondo es sacar de la factura eléctrica las primas a las energías renovables para que las paguen los comercializadores de todos los sectores energéticos. En cinco años se supone que esa medida va reducir una parte de los denominados “cargos” en la factura eléctrica. Los “cargos” son el 27% de lo que pagamos, pero las primas a las renovables son sólo una parte menor de ese porcentaje.
La otra medida será la reducción de los beneficios extraordinarios que las compañías eléctricas obtienen por los derechos de emisión de CO2. Ocurre que esos derechos fueron creados por la UE para empujar a las empresas generadoras y a la industria a optar por formas menos contaminantes de generación y producción. Pero el Gobierno no sólo no ha dicho cómo va a abaratar la factura de la luz con esa decisión, sino que oculta que la diferencia de 1.000 millones que calcula que perderían las eléctricas se la va a quedar el estado, no los trabajadores. Sólo se van a reducir los derechos de CO2 que suponen ingresos extraordinarios a una parte ínfima del sistema eléctrico. Mientras tanto el resto del coste añadido de los derechos de emisión de CO2 se seguirá repercutiendo a los consumidores.
Lo que la ministra Ribera tuvo buen cuidado de subrayar es que el corazón de los súper beneficios de las compañías eléctricas no se va a tocar. Y ese corazón es la subasta del mercado mayorista de electricidad en el que se fija el precio a diario. El precio se determina por el kilovatio más caro del sistema. Una fórmula pensada para premiar a las “renovables”, con la que se forran todas las empresas eléctricas. Llegan a acuerdos para hacer entrar en último término a las centrales de producción más caras, como los ciclos combinados, y marcan un precio más alto que los beneficia a todos. Como producir les cuesta mucho menos que el kilovatio más caro que entra en la subasta, todos se llevan unos beneficios descomunales a través de la factura.
Durante el temporal Filomena el precio del Megavatio hora fue de 60€, pero en junio del 2021 el precio se disparó a los 67€ por el alto precio de los derechos de emisión, afirman. ¿Y qué hay de la fijación tramposa del precio en la subasta diaria? El ministro Garzón sabe perfectamente bien de qué estamos hablando. También lo sabe el resto del elenco de Unidas Podemos. Pero no hacen nada. Mientras tanto el Gobierno se llena la boca con la transición energética hacia la generación sostenible mediante la producción renovable de energía eléctrica. No solo en España, en toda Europa y en buena parte del resto del mundo.
Los trabajadores pagan la transición
Pero esa transición tiene un pagador: los trabajadores. Los capitalistas a través de los gobiernos que los representan han llegado a acuerdos como el de París de 2017 para imponer una transición energética destinada a detener el calentamiento global que amenaza a la humanidad. El acuerdo consiste en que sean los trabajadores quienes paguen la transición a través de precios más altos de la energía eléctrica. Así de sencillo. Lo estamos viendo en España. Las compañías eléctricas se siguen forrando a costa de los trabajadores y el “gobierno de progreso” les garantiza que lo sigan haciendo.
La hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando buscaba el voto para Podemos insistía en decir “¿Se imaginan a Pablo Iglesias discutiendo con las eléctricas?”. Sugería que él si sabría como arrancarle al oligopolio de la electricidad las tarifas que necesitan los trabajadores para no padecer la pobreza energética. Pero a la hora de la verdad Irene Montero junto con el resto de los ministros de UP han caído de rodillas frente al sector eléctrico.
Lo que la izquierda democratista que se pega por participar en los gobiernos burgueses quiere tapar con sus “reformas” es que las eléctricas son uno de los sectores estratégicos del estado. De ellas depende todo el funcionamiento de la sociedad, desde las vida familiar hasta la industria y la defensa. El respaldo al ataque de las eléctricas contra el bolsillo de los trabajadores se enmarca en el ataque de conjunto que está desarrollando el “gobierno de progreso” en beneficio de los grandes capitales en la línea de apoyo al capital marcada por la UE y en contra de sus votantes. El aumento de la luz repercutirá directamente en nuestra factura pero también en aumentos generalizados en todos los productos de primera necesidad. La escala del ataque del gobierno contra el bolsillo obrero es de gran magnitud: incluye las subvenciones a las empresas, la privatización de la sanidad, de las pensiones, el plan de peajes para las autovías, los ERTE… es una colosal transferencia de recursos al gran capital.
Todas las propuestas del izquierdismo podemita y sus aliados en torno a las tarifas eléctricas se estrellan contra la estructura del sistema eléctrico pensado para retribuir a las grandes compañías de energía a costas de los trabajadores. Acaban siendo un disfraz izquierdista para frenar la reacción social y favorecer así las decisiones que benefician al sector eléctrico. La clave de esta situación es la expropiación de las compañías eléctricas, de Red Eléctrica de España y de las compañías de distribución, su fusión y su entrada en producción bajo el control de los trabajadores. Bajo el capital y los gobiernos de la burguesía la transición energética la pagan los trabajadores al igual que en los ERTE se saquea a la Seguridad Social para subsidiar a los capitalistas.
¡Por la expropiación de las empresas del sector eléctrico!
¡Por la producción de electricidad bajo control obrero!
Por un gobierno de los trabajadores
