La aprobación de los indultos el martes 22 de junio por parte del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha permitido salir de la cárcel a nueve dirigentes nacionalistas con largas condenas, como es el caso de Oriol Junqueras la máxima figura de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Éste, que fue condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición, publicó en la primera semana de junio una carta en la que señalaba una hoja de ruta para Cataluña en la que se afirmaba: “Nuestra voluntad es la de siempre. La independencia es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país, pero las estrategias deben adaptarse a las circunstancias para ser ganadoras.”
“La conclusión es que necesitamos ser más; una mayoría incontestable, plural y transversal, que demuestre que gobierna bien y para todos, y que ponga en el centro de la agenda la resolución del conflicto político existente por vías democráticas”. La carta concluye afirmando “Es el momento de que el gobierno español demuestre su compromiso con la reconciliación, el diálogo, y la negociación, mirando al futuro”… https://www.republica.com/2021/06/07/la-carta-integra-de-oriol-junquera-sobre-cataluna-publicada-por-la-sexta/
La vía del indulto
La vía del indulto sin embargo deja intactas las leyes represivas que se aplicaron a los procesados, no sólo a éstos, sino a los cerca de tres mil que fueron inculpados por diversos “delitos” en su mayoría relacionados con la manifestación de su voluntad de votar en el referéndum declarado ilegal por el estado español en el que se convocó a la población catalana a expresar su acuerdo con la independencia de Catalunya respecto de España. El código penal español contempla los delitos de sedición y sublevación, y la posibilidad de aplicarlos a la población civil cuando en realidad se trata de delitos tipificados para los miembros de las fuerzas armadas. El gobierno “más progresista de la historia” mantiene ese andamiaje, al igual que la denominada Ley Mordaza. Ésta es en realidad un paquete de medidas que incluye la Ley de “seguridad ciudadana”, una reforma regresiva del código penal y la ley Antiyihadista que entraron en vigor el 1 de julio de 2015. Sobre este hecho los dos principales partidos nacionalistas de Cataluña mantienen la boca cerrada aunque pidan la amnistía para el resto de procesados. Son estas leyes las que mantienen en prisión al rapero Pablo Hasél y al activista social Francisco Molero.
Los indultos fueron una clara señal de una negociación en curso entre el Gobierno y las fuerzas nacionalistas. En ese contexto ERC decidió allanar el terreno al gobierno para quitar argumentos a la derecha renunciando a las acciones unilaterales. A una semana de los indultos el presidente Pedro Sánchez se reúne en la Moncloa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. El objetivo de esa reunión fue poner en marcha a la brevedad posible una mesa de diálogo entre Presidentes de Gobierno con el objetivo de negociar las condiciones de una distensión política en la autonomía catalana. De acuerdo con El País, Sánchez está dispuesto a dar cierto margen de tiempo para que Aragonés neutralice a su aliado de gobierno, Junts x Cat que quiere forzar una posición más beligerante ante el gobierno central. Pero el plazo es breve porque la presidencia del gobierno espera estar negociando un nuevo marco de relaciones con Cataluña en septiembre. (https://elpais.com/espana/2021-06-27/sanchez-y-aragones-blindan-su-dialogo-frente-a-presiones-externas.html) Mientras tanto Aragonés cenó junto al rey Felipe VI y al presidente Sánchez en la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona.
La negociación
Es decir que las corrientes nacionalistas aspiran a una negociación con el gobierno central con el pretexto de un referéndum sobre la independencia, pero cuyo contenido real es la posibilidad de concesiones económicas para la burguesía catalana y un marco jurídico en la línea del estatuto de autonomía pactado entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2005, recurrido con éxito por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora, que emitió su sentencia anulando varios puntos del estatuto en el 2010. No es un detalle en toda esta operación que el partido Candidaturas de Unidad Popular (CUP) no haya publicado una sola crítica a los indultos, y coincidan estratégicamente con ERC en cuanto a la necesidad de una “amplia” mayoría para llevar adelante la lucha por la independencia. Es decir que ahora no están dadas las condiciones para esa batalla. Esto equivale a llevar el movimiento por la independencia desencadenado a partir de la sentencia del Constitucional de hace 11 años a cero.
Después de la profunda crisis política e institucional desatada por la movilización popular detrás de las banderas de una república burguesa catalana, la reconducción del movimiento retorna a una negociación sobre una mejora económica dentro del marco del estado burgués español. Mientras tanto la presidencia de la Generalitat se basa en el equilibrio precario del pacto entre ERC (33 escaños) y Junts x Cat (32 escaños), con el apoyo de la CUP (9 escaños). Pese al declaracionismo de todos ellos en torno a la independencia todos coinciden en el desarrollo de las negociaciones con el gobierno de Sánchez. JuntsxCat, que está en parte bajo la influencia del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont exiliado en Waterloo, pese a sus críticas al gobierno central es evidente que coincide en el desarrollo de la negociación con Madrid por el simple hecho de que mantiene el pacto de gobierno.
La burguesía no respalda a la oposición
El arco parlamentario de la derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha manifestado su repulsa por los indultos y el presidente y candidato del PP, Pablo Casado ha anunciado que va a recurrir la decisión del gobierno con dudosas posibilidades de que la justicia lo admita. Pero mientras la derecha sin fisuras acusa a Sánchez de traición a los principios de la democracia y de entregarse a los intereses del nacionalismo catalán para la ruptura de España, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi manifestó públicamente su apoyo a la decisión del gobierno de coalición. Parco en sus palabras señaló que se trata de reconstruir el clima de convivencia en la comunidad autónoma en aras del interés común de la productividad y el desarrollo económico. Tanto la burguesía financiera como la industrial coinciden en su apoyo, mientras van cerrando acuerdos económicos de fondo con el gobierno de coalición como una reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones, junto con los grandes aparatos sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Garamendi, que ha recibido el apoyo de los otros miembros de la CEOE, ha dejado claro que para la burguesía es prioritario cerrar esos acuerdos con el gobierno para asegurarse que lleguen los recursos de la Unión Europea (UE) desde Bruselas y que el indulto está en el camino de la “pacificación”de la situación en Cataluña que hace a los intereses de la burguesía catalana y del conjunto del empresariado español. En la lista de las reformas estructurales que espera la Comisión Europea (CE) el lugar predominante lo ocupan la laboral y la de pensiones cuyo acuerdo se está cerrando en detrimento de los intereses de los trabajadores y los pensionistas. El nacionalismo catalán no ha abierto la boca sobre estas reformas. En la medida que es una correa de transmisión de los intereses de la burguesía nacionalista catalana acuerda en puntos y comas con todo lo que la CEOE negocia con Trabajo y Seguridad Social. Por si faltara alguien en el apoyo a los indultos, los obispos catalanes dieron su apoyo a la medida. Por su parte la Conferencia Episcopal Española se abstuvo de criticarlos y señaló verbalmente que: “Hemos querido profundizar en la nota de los obispos catalanes para desde ella extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos, pero nosotros estamos por el diálogo y el perdón, como los obispos catalanes”.
Otra vez la judicatura
La militancia efectiva contra los indultos ha quedado en manos de la judicatura y del Tribunal de Cuentas. Éste viene de reclamar 1,9 millones de € a Junqueras, 1,9 millones a Puigdemont, 2,8 millones a Artur Mas y un total de 5,4 millones de euros a otros 39 ex cargos y funcionarios catalanes por dinero supuestamente gastado en promover el referéndum de 2017. El procedimiento del Tribunal de Cuentas fue una iniciativa parlamentaria del Partido Popular que contó con el voto a favor del hoy presidente socialista Sánchez y el PSOE, quien ahora piensa que los tiempos han cambiado y es necesario “favorecer el perdón la concordia y la convivencia”. Sin embargo le resulta difícil escapar a la evidencia de su pasado voto a favor de este procesamiento. Por añadidura el Tribunal de Cuentas, al igual que el Consejo General del Poder Judicial, tienen una mayoría conservadora y el PP se opone a acceder a su renovación. Un indicio más de la debilidad del gobierno de coalición encabezado por Sánchez.
Mientras tanto España es un reguero de conflictos laborales, de luchas contra despidos y cierres de empresas. La fusión entre CaixaBank y Bankia ha desembocado en un pacto con los sindicatos para 6.700 despidos y 700 traslados, en un colectivo de trabajadores de banca que ha pasado en pocos años de 140.000 empleos a 70.000. Tanto UGT como CCOO juegan frente a esta situación despertando ilusiones en el papel del gobierno de progreso que da la espalda a las luchas laborales y sociales de los españoles. Ante la subida de servicios básicos como la luz, el gobierno ha renunciado a impuestos que suponen menos ingresos para el estado para no tocar los beneficios de las compañías del sector, sin que las medidas adoptadas supongan una reducción de la factura de electricidad. Los indultos indican que estamos ante un gran acuerdo de las burguesías española y catalana con la bendición de la iglesia y la monarquía para descargar la crisis sobre la clase trabajadora. El independentismo catalán, tanto su derecha como su izquierda, demuestra una vez más sus limites y sus intereses comunes con la burguesía española más que con la lucha por desembarazarse de ella.
Más tensiones sociales
El deterioro de la situación económica y las reformas laboral y de pensiones se sumarán a las tensiones sociales. Hay un verdadero vaciamiento de la Seguridad Social en favor de los bolsillos de las patronales y una reforma laboral regresiva, mientras el comienzo de un proceso de inflación impulsado por servicios como la energía eléctrica y los combustibles, que repercuten en el precio de la alimentación y los servicios básicos, es otro ataque al bolsillo de los trabajadores en beneficio de los monopolios de la electricidad y el petróleo. Es inevitable que este proceso desemboque en una movilización de los trabajadores. Mientras el nacionalismo catalán pretende asegurarse por la vía de la negociación con el gobierno central más recursos para la burguesía en esa autonomía el cierre de empresas golpea a los trabajadores en Cataluña, como el caso de Nissan.
Es necesario organizar la resistencia a la ofensiva del capital contra los trabajadores en toda España de forma independiente de los intereses de la burguesía. En contra de la nueva reforma laboral, por la derogación de todas las reformas anteriores. Contra la nueva reforma del sistema público de pensiones por la derogación de las reformas de 2011 y 2013. Frente al derrotero de las fuerzas nacionalistas en Cataluña, es necesario levantar las banderas de la unidad de los trabajadores de toda España en la lucha por sus intereses, por un gobierno de los trabajadores en una Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas. Esta es la única vía para dar satisfacción a las aspiraciones nacionales de Cataluña.
