El Comité de Huelga de los médicos y pediatras de asistencia primaria mantuvo ocupada 48 horas la sede de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en protesta por la ausencia de interlocutores válidos en la reunión convocada para negociar una salida al conflicto el jueves 15. La huelga de médicos de atención primaria y pediatras en Madrid iniciada el 21 de noviembre se mantiene firme pese a las presiones de la Comunidad de Madrid que entre otras cosas ha decretado servicios mínimos del 100%. El sábado 17 de diciembre una manifestación de sanitarios, que contó con una presencia nutrida de activistas de barrios de Madrid, atravesó una vez más la ciudad.
La persistencia del movimiento y la decisión de mantener la huelga en un momento en el que los conflictos en la Sanidad Pública abarcan 17 de las 21 comunidades autónomas del país convierten en prioritario impedir que el movimiento se vea ahogado por falta de una acción unitaria. Ninguna de las centrales sindicales implicadas a lo largo de todo el estado ha centralizado el conflicto organizando una huelga general nacional de la sanidad pública.
La ausencia de una coordinación nacional de los conflictos atenta contra el éxito del movimiento por su fragmentación. Es el momento de golpear todos unidos con una huelga general por la mejora de las condiciones de trabajo, la contratación de los profesionales necesarios, la reducción de la cantidad de pacientes atendidos por médico y el fin de la espera para métodos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas. La formación de un comité de huelga nacional de toda la sanidad pública sería una alternativa para llevar adelante este movimiento y superar los límites impuestos por las direcciones. Es evidente a estas alturas que CCOO y UGT, que saludaron en su momento la aprobación de la Ley 15/1997, actúan a espaldas de los intereses de los trabajadores, y han intentado levantar el conflicto cuando la lucha por la reapertura de las urgencias extra hospitalarias llevaba un par de semanas. La maniobra se hundió por la oposición de los trabajadores sanitarios.
La población de Madrid rodea de solidaridad esta lucha y se ha manifestado frente a los Centros de Salud en huelga en los barrios. La destrucción de la sanidad pública es una de las manifestaciones más agudas de la escalada antiobrera y de precariedad social del gobierno de Madrid. La lucha contra la carestía y la precariedad que impulsan muchas plataformas sociales y sindicatos alternativos se debe aglutinar alrededor de la lucha de los sanitarios, al igual que la de los pensionistas. La lucha contra la privatización de las pensiones coincide de forma estratégica con la lucha contra la privatización de la sanidad. Ambos movimientos deben converger.
Urgencias extra hospitalarias
La huelga en atención primaria en Madrid ha seguido a la de los servicios de urgencias extra hospitalarias que fue respaldada por una importante manifestación en defensa de la sanidad pública y en apoyo a la lucha de los sanitarios el 15 de noviembre. La huelga en los servicios de urgencias extra hospitalarias fue levantada tras el reconocimiento por parte de la CdM del Comité de Huelga que la dirigía y su participación en las negociaciones. El objetivo fundamental de esa huelga: la apertura de los centros dotados con toda su plantilla, incluyendo médico en cada centro de atención, no se ha obtenido. Para ello es necesario que la CdM contrate los profesionales necesarios. Esto ha permitido que haya centros abiertos sin médicos en los cuales los profesionales de enfermería que los atienden están expuestos a prestar servicios para los que no están titulados ni capacitados, con el riesgo de ser acusados de mala práctica. Una situación que ha llevado a la protesta de las enfermeras a cargo de los centros de urgencias sin médico.
El Comité de Huelga del sindicato médico Amyts denuncia que en este tema no hay ningún avance. En estas circunstancias es importante señalar que la huelga de médicos no es sólo una batalla reivindicativa por las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, sino que está profundamente vinculada a las necesidades de los trabajadores de menores ingresos que sólo cuentan para su asistencia con el sistema sanitario público. Los centros de urgencias extra hospitalarios fueron cerrados por la Consejería de Sanidad de la CdM durante la pandemia de covid 19 en 2020 y siguieron sin funcionar hasta ahora. Su reapertura en las condiciones impuestas por la CdM es claramente un retroceso en la lucha por restablecer a las urgencias extra hospitalarias con una plantilla completa que incluya médicos, suficiente equipamiento y los profesionales sanitarios necesarios, en particular personal de enfermería que sufre en esa comunidad una precariedad laboral difícil de imaginar.
Atención primaria
Uno de los grandes problemas del sistema sanitario público de España es la cantidad de pacientes que tienen que ver en su jornada de trabajo los médicos de atención primaria, que en Madrid ronda una media de 60 según las asociaciones de profesionales. Esto ha quitado eficacia a la consulta médica para establecer un diagnóstico y un tratamiento. Un hecho al que hay que añadir los tiempos de espera interminables para la realización de las pruebas clínicas y de imagen necesarias para el diagnóstico y la falta de personal auxiliar. Este ritmo de trabajo está directamente vinculado a la falta de personal. La presidenta de la CdM, Isabel Díaz Ayuso, se queja de que no hay médicos para contratar mientras los médicos señalan que los candidatos a llenar vacantes se han ido a trabajar a comunidades donde hay mejores condiciones de trabajo y salarios más altos. Es decir que la presidenta de la CdM se queja de una situación que han generado ella y su partido que gobierna esta comunidad autónoma desde 1995.
La lucha nacional de los profesionales de la salud en su conjunto, desnuda el hecho de que el abandono de la sanidad pública no es privativo de Madrid. Aunque en esta última comunidad el modelo de privatización esté muy avanzado. Lo está y más, desde siempre, en Catalunya donde el Partido Popular no gobierna ni ha gobernado, como sí lo hacen los partidos nacionalistas, el PSOE y otras formaciones como Esquerra Unida i Alternativa e Iniciativa per Catalunya Verds que en su momento estuvieron en coaliciones de gobierno. La cuestión de fondo en este sentido es la ley 15/1997 aprobada bajo un gobierno presidido por José María Aznar del PP mediante un “pacto de estado” con el PSOE y los partidos nacionalistas catalanes y vascos para liquidar la sanidad pública permitiendo a los grupos capitalistas que controlan la sanidad privada en España hacerse con buena parte de la sanidad pública. https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1174-lo-que-afirmaron-los-que-aprobaron-la-ley-15-97-de-privatizacion-del-sistema-nacional-de-salud#:~:text=Dicha%20Ley%20fue%20aprobada%20con,BNG%20e%20IU%5B1%5D
Esa ley legalizó la privatización de la sanidad pública que ya estaba en curso al integrar en la gestión de los hospitales públicos a grupos privados que operan en el sector de la salud. El pacto mencionado utilizó como pretexto la necesidad de “normalizar” la privatización de hecho en Catalunya donde el sistema sanitario público estaba ya infiltrado de forma significativa por “fundaciones”, “sociedades de gestión privada” y mutuas. La aprobación de la ley tiene su complemento en los artículos 67 y 90 de Ley General de Sanidad. En Madrid el sistema de hospitales públicos de gestión privada ha sido un negocio de las empresas constructoras primero y de los fondos de inversión y los grandes grupos del sector de la salud como el alemán Fresenius que se ha hecho con el grupo Quirón Salud.
El Congreso mientras tanto tramita la denominada Ley para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud también conocida como Ley Darias que hace “retoques” a la 15/1997 sin excluir de forma radical las vías de entrada del sector privado en la Sanidad Pública. El PSOE y Unidas Podemos acabaron pactando el texto que maquilla a la anterior ley, pero no están dispuestos a erradicar el avance de los pulpos privados sobre la sanidad pública. Hay un compromiso de fondo en este asunto que ya se reflejó en el pacto de estado con el PP y al que en definitiva UP se acaba sometiendo como en todas las “reformas” aprobadas por este gobierno como la de las pensiones.
El modelo de la “inversión” público/privada
La profunda crisis capitalista que se expresa en la ausencia de inversiones productivas por su escasa rentabilidad y la agudización de la tendencia hacia la caída de la tasa de beneficio, ha desatado una colosal presión de los grupos capitalistas para tomar por asalto la gestión sanitaria y de las pensiones de manos del estado. Se trata en ambos casos de desplazar al estado en sus funciones para obtener plusvalías de la explotación de servicios públicos. La cesión de la gestión de hospitales públicos fue acompañada de una caída de la inversión pública en el sector de la salud que ha deteriorado su calidad y se ha convertido en un acicate para que los pacientes suscriban seguros de salud privada. De acuerdo con los últimos datos disponibles Madrid es la comunidad con menor inversión en sanidad de todo el estado.
Mientras tanto los grupos que gestionan la sanidad en el modelo público/privado como el caso de Fresenius-Quirón, que gestiona cuatro hospitales en Madrid, o de Rivera Salud, cobran por la explotación de los centros hospitalarios que controlan cifras astronómicas. La gestión telefónica de las citas que es también una concesión a empresas privadas orienta a los pacientes hacia la atención en esos centros mientras los de gestión pública tienen demoras inmensas por falta de personal y medios. Es un proceso de expolio de conquistas de los trabajadores con el objetivo de mantener un sistema de sanidad pública de caridad para la población sin recursos favoreciendo el desarrollo de los grandes grupos de medicina privada propiedad de grupos financieros y multinacionales de la salud, como son los casos de Adeslas y Sanitas.
Este es el momento de apoyar la lucha de los trabajadores de la sanidad
La lucha del sector de la sanidad entronca con el interés de los trabajadores. Tiene implícita la lucha contra la privatización del sistema público de sanidad. Por este motivo los grupos que critican a las huelgas de médicos como una defensa corporativa de sus intereses yerran. Esos grupos descalifican las luchas del sector de la sanidad pública argumentando que lo prioritario es derogar los instrumentos legislativos que permiten las privatizaciones. Niegan de esta forma que la lucha por la derogación se haga masiva en el curso de la propia movilización de los trabajadores del sector de la salud. El despropósito llega al extremos de que CAS proteste porque no logró firmas suficientes para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) con el objetivo “de presionar a los parlamentarios para que se derogue la Ley 15/1997 y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad” mientras se organizaba una manifestación en apoyo a la huelga en urgencias en Madrid.
Esto es un disparate descomunal. Semejante posición apunta a despertar la ilusión de que a través del Congreso se pueda dar vuelta al reloj de la historia. Está claro que ningún grupo parlamentario va a derogar los instrumentos legislativos que permiten el negocio privado de la salud porque están todos profundamente comprometidos con el apoyo a los grupos capitalistas que gestionan ese negocio. La ILP es un mecanismo desarrollado precisamente para desviar la protesta hacia un cauce parlamentario donde morirá sin pena ni gloria. Esto queda además al desnudo si se estudia la historia de las ILP presentadas. Ninguna fue aprobada en la historia parlamentaria española. https://civio.es/2019/05/30/iniciativas-legislativas-populares/ https://www.20minutos.es/noticia/1659615/0/congreso-tumba/todas-iniciativas/legislativas-ciudadanas/ .
Lo único que puede imponer un cambio en esta política de destrucción del sistema nacional de salud es una lucha de masas contra la privatización de la sanidad pública, y esa lucha comienza por el apoyo sin retaceos a la lucha de médicos y sanitarios en todas las comunidades para confluir en una gran huelga nacional por la defensa de la sanidad pública y la derogación de la Ley 15/1997. Lo que está en juego es el futuro de una importante conquista social que se entrega a la gestión privada para el rescate de los grupos capitalistas. La lucha de los sanitarios confluye naturalmente con la de los pensionistas.
Con la misma argumentación las coordinadoras de pensionistas acuden a citas con parlamentarios en la expectativa de que haya una reacción de los políticos de la burguesía en contra de la privatización de las pensiones, mientras condenan al movimiento pensionista a la rutina de movilizaciones destinadas a presionar a los parlamentarios. Son los mismos políticos que votaron la reforma del ministro José Luis Escrivá. Una lucha de masas contra la privatización de las pensiones es lo único que puede frenar a la banca, las compañías de seguros y los grandes sindicatos en su afán de obtener ingresos por comisiones en el manejo de recursos que alcanzarán en pocos años los 300.000 millones de euros generando comisiones del orden de los 1.500 millones de euros al año. Para ello es necesario que el movimiento obrero en activo tome esta reivindicación en sus manos, al igual que la preservación de la sanidad pública.
Los grandes sindicatos están implicados en la reforma Escrivá quien cuenta con el apoyo de todo el Gobierno por más críticas que Unidas Podemos enuncie. Bajo la fórmula de “interlocutores sociales” han negociado los detalles de la reforma. Tienen intereses económicos concretos en ella en la gestión de los Planes de Pensiones de Empresa. En cuanto a la Sanidad Pública, tanto CCOO como UGT son sindicatos nacionales que pueden convocar a una huelga general en la sanidad arrastrando al resto de los implicados. Sin embargo no están por la labor. Apoyaron la sanción de la ley 15/97 como “interlocutores sociales”.
El silencio en torno a este asunto demuestra con toda claridad que se oponen a la acción unitaria porque están comprometidos en la preservación de un modelo de sanidad infiltrado por los grupos capitalistas. Los sindicatos alternativos tampoco impulsan el objetivo de una huelga nacional ni han propuesto hasta ahora una medida tan elemental como la formación de un comité de huelga nacional. Debe surgir una dirección alternativa desde los Comités de Huelga que supere ese freno.
Las denominadas Veladas Blancas, es decir Ambulatorios abiertos rodeados del apoyo de los vecinos son una forma de agrupar la solidaridad en torno a esta lucha. Vecinas y vecinos deben debatir su apoyo a la huelga de médicos de Atención Primaria y a la sanidad pública, contra la privatización. Hay que masificar la lucha de los profesionales de la sanidad.
