Las elecciones generales del 23 de julio, convocadas por el presidente Pedro Sánchez tras el fuerte revés electoral sufrido por el PSOE y la coalición Sumar en las autonómicas y municipales de mayo, siguen sin tener un desenlace claro a escasos días de la votación. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se adjudican un triunfo que en cualquier caso sería el resultado de los acuerdos de gobierno necesarios para obtener los votos que les faltan para la mayoría. Las últimas encuestas no daban al cierre del 17 de julio un ganador claro. Sin embargo la mayoría de ellas indicaba una ventaja del PP. La disputa por el tercer puesto sigue abierta entre el partido de extrema derecha Vox y Sumar, el frente de organizaciones de izquierda encabezado por Yolanda Díaz.
Esta convocatoria se hace en un cuadro nacional e internacional cuya clarificación es indispensable para determinar cuál es una orientación que sirva a los intereses de los trabajadores. En los cinco años de gobierno del PSOE, de los cuales los últimos cuatro han sido en coalición con Unidas Podemos, el Gobierno ha actuado durante la pandemia en una operación que ha sido un verdadero rescate del capital con el apoyo de los fondos europeos destinados a sostener la vida económica en medio de una parálisis productiva y una feroz caída de la demanda.
Mientras el PSOE y sus aliados sacan pecho en torno a un escudo social para defender a la población la realidad es que la intervención del estado ha sido para sostener al capital mientras los trabajadores sobrevivían con los ingresos de los expedientes de regulación temporal de empleo a cargo del estado. El resultado de los subsidios a las patronales es que ha crecido el endeudamiento del estado hasta el 120% del producto interior bruto y el déficit fiscal se mantiene por encima de los parámetros exigidos por la Unión Europea (UE). Esto deja pendiente un verdadero ajuste presupuestario que el Banco Central Europeo (BCE) cifra en 24.000 millones de euros en lo inmediato. En cierta medida, la batalla electoral entre el PSOE y sus aliados y el Partido Popular y los suyos, en primer lugar Vox, es quién se hace cargo de este ajuste y reparte entre los sectores económicos que les son afines los subsidios de Bruselas y las prebendas y beneficios fiscales, y a quienes se les baja el pulgar.
Como expresión de la crisis del capitalismo a escala internacional, con una actividad económica asistida por la inyección de dinero por los bancos centrales a escala mundial, el estallido de la guerra de la OTAN en Ucrania agudizó las contradicciones y contribuyó a una escalada inflacionaria en particular en los alimentos, los combustibles y los fertilizantes. El PSOE y Sumar hacen alharaca de los excelentes resultados económicos bajo su gestión al frente del gobierno. Pero esos resultados se refieren al margen de beneficio de las empresas y no al bolsillo de los trabajadores. La cabeza de lista de Sumar ha llegado al disparate de señalar en varias entrevistas que para explicar esto hay que separar la macroeconomía de la microeconomía. La macroeconomía va bien, pero esas mejoras no se perciben en la microeconomía afirmó. Con esto pretendió asimilar la microeconomía a los ingresos de las familias, cuando la microeconomía es la actividad económica de los sectores productivos a nivel de empresas.
Los trabajadores no perciben el crecimiento económico porque el resultado del mismo es el beneficio de las empresas, como bien demuestran las cifras del Banco de España que retratan el incremento colosal de los márgenes empresariales frente a los ingresos de los trabajadores. Éstos sufren los efectos de la inflación que en la cesta de la compra arroja un incremento interanual del orden del 10% con los segundos salarios más bajos de Europa aún con el incremento del salario mínimo interprofesional. Es por ello que en paralelo a los procesos electorales la tensión laboral en el país no ha hecho más que crecer. Por ejemplo la burocracia sindical del metal en Galicia intenta con una negociación de último momento acordar el convenio del metal en la provincia de Pontevedra para evitar una huelga general por tiempo indeterminado en esa provincia.
Hay un reguero de conflictos, además de reclamaciones por parte de diversas plataformas sociales, que arrojan luz sobre el hecho que el gobierno “más progresista” de la historia de España ha renunciado a la derogación no sólo de la legislación represiva como la Ley Mordaza que se utiliza a diario para reprimir a dirigentes sindicales de base, sino otras leyes como la 15/97 que aprobó la privatización de la sanidad pública al crear la posibilidad de que el sistema de salud deje la explotación de hospitales en manos de empresas privadas de sanidad. Este es el caso de la multinacional alemana Fresenius que es la principal operadora de hospitales en la comunidad de Madrid.
El Gobierno del PSOE UP ha consolidado la prórroga de la edad de jubilación a los 67 años, y ha establecido un mayor privatización del sistema público de pensiones con la creación del estatuto de los fondos privados de pensiones de empresa cuyo dinero recaudado por la Seguridad Social será gestionado por los bancos y compañías de seguros. Entre gallos y medianoche el reglamento de la ley para los fondos de pensiones de empresa se aprobó el 18 de julio, a escasos cinco días de las elecciones. El tan cacareado incremento de las pensiones en función del IPC utiliza el IPC Medio, sensiblemente inferior al real.
Mientras tanto la burocracia sindical manifiesta de forma sistemática sus esfuerzos para evitar la confluencia de los conflictos laborales y reivindicaciones sociales como la defensa de la sanidad y convenios justos en ese sector, como forma de evitar una huelga general cuyo control corre el riesgo de perder si se desata una movilización profunda de los trabajadores. El movimiento obrero en España manifiesta de forma continuada una tendencia a la huelga general, con movilizaciones y huelgas en trabajadores de la administración pública como los del sistema judicial, personal de recogida de basura en varios municipios, o el sector del metal en Pontevedra o en Cádiz o los empleados de las cadenas de tiendas como Zara y H&M.
El gobierno de coalición no ha hecho más que buscar la fórmula más eficaz para introducir reformas que benefician al capital con la menor resistencia posible, y para ello las burocracias sindicales han operado como los aliados indispensables incluida la reforma de las pensiones y la laboral, que la CEOE defiende a capa y espada. Sin embargo, en un periodo de crisis global del capital, con la perspectiva de mayores ajustes frente a la necesidad de alimentar la maquinaria bélica, los partidos tradicionales están inmersos en una crisis de régimen.
Los gobiernos que surgen de las elecciones en las presentes condiciones son inevitablemente gobiernos débiles que estarán sujetos a la movilización creciente de las masas en defensa de sus condiciones de vida. Esto los deja en el marco de la inestabilidad y de serias limitaciones para imponer los ajustes que se proponen o que se verán obligados a llevar adelante. El resultado electoral no será uno de gobiernos fuertes, sino de gabinetes sujetos a sucesivas crisis y su supervivencia dependerá en buena medida de la capitulación de las organizaciones sindicales burocratizadas ante los objetivos gubernamentales.
Que viene el lobo
En este contexto, la campaña del PSOE y de Sumar se ha centrado en convocar al electorado a frenar el ascenso de la derecha con un discurso de alarma por la derechización que puede suponer una alianza entre el PP y Vox en el gobierno de España. Ambas organizaciones se han dedicado a ensalzar su gestión en el gobierno resaltando el incremento del salario mínimo interprofesional, el incremento de las pensiones con el IPC, o una reforma laboral que afirman ha creado empleo. En la vertiente de los derechos agitan el riesgo de que derechos adquiridos por los colectivos de genero sean eliminados, lo que no haría más que plantear un enfrentamiento renovado en el seno de la sociedad española.
Los derechos al aborto, al divorcio, a la eutanasia y al ejercicio libre de las inclinaciones sexuales incluyendo el matrimonio homosexual tienen un enemigo principal: la iglesia, el verdadero motor contra el ejercicio de esos derechos. El Gobierno “más progresista en la historia de España” no ha hecho nada por poner límites al aparato eclesiástico, por anular los acuerdos con el Vaticano que son una continuidad del Concordato entre Franco y la “Santa Sede” de 1953, es decir por eliminar prerrogativas feudales de la iglesia. Tampoco ha logrado hacer nada con una judicatura en la cual está entronizada la derecha más ultra, filofacista. Ha sido incapaz de poner un límite a sus tropelías y a la aplicación muchas veces torticera de la ley. Esta es la santa alianza detrás de la derecha que sólo podrá desmontar un gobierno de los trabajadores como lo han demostrado sucesivas experiencias con gobiernos que se dicen de izquierdas y se arrodillan ante la monarquía, la iglesia y la judicatura.
Mientras tanto, haciendo gala del atlantismo que caracteriza al PSOE, el apoyo del gobierno de progreso a la OTAN en la lucha por la conquista del espacio económico interior de Rusia y de Asia Central, así como la escalada bélica contra China, ha sido absoluto. El envío de armas y equipo militar a Ucrania es una baza de primer orden del Gobierno. El desarrollo de la guerra en Ucrania, y su extensión tal como pretende la OTAN a todo el mundo, es una amenaza creciente a escala global. El esfuerzo militar exige el desarrollo de una economía de guerra cuya fuente de recursos pasa por la expropiación creciente de las masas. Por la reducción de sus derechos a la salud, a la educación, y a las pensiones mediante el recorte de los fondos que se dedican a estos fines. En línea con esta necesidad las libertades democráticas están condenadas también a una poda sustancial. El derecho de opinión y la libertad de expresión están en la picota, como lo han demostrado ya sucesivos procesos contra raperos y artistas.
Innumerables organizaciones de izquierda y plataformas sociales llaman a votar al PSOE, o a su aliado Sumar, “tapándose la nariz”. Se acoplan de esta forma a los argumentos del propio PSOE y de Sumar que tras años en el gobierno no sólo no han logrado “frenar a la derecha”, sino que han alimentado la decepción de sus propios votantes y su abstención electoral y en algunos casos favoreciendo un voto de castigo a través de Vox. Está claro que los gobiernos de la izquierda cuyo objetivo es allanar el camino a las necesidades del capital, disfrazando sus maniobras de conquistas sociales, provocan la deserción de sus propios votantes y permiten el crecimiento de la derecha. Los votantes que muestran desafección hacia los partidos que se dicen de izquierda y que los han decepcionado se encuentran en una búsqueda de opciones de combate. Llamar a que voten a esa izquierda que los ha dejado a los pies de los caballos es atentar contra su clarificación y su evolución política hacia una independencia precisamente de la burguesía y las burocracias sindicales. A su organización revolucionaria.
Por la independencia política de los trabajadores
En este proceso electoral no existe una alternativa independiente de clase, que defienda los intereses de los trabajadores contra el avasallamiento del capital y la agudización de la guerra. Ninguno de los partidos que se presenta al proceso electoral tiene el más mínimo atisbo de esa independencia sobre la cual es necesario construir una salida propia de los trabajadores en contra del capital, el imperialismo y la guerra. En este sentido el Grupo Independencia Obrera llama a votar en blanco en estas elecciones.
El esfuerzo de los trabajadores debe centrarse en la construcción de un partido obrero, independiente de la burguesía, de los intereses del capital, que organice la lucha por un gobierno obrero y encabece todos los combates de los trabajadores por sus intereses legítimos. Que organice la oposición sindical desde la base, empresa por empresa, para eliminar el yugo de las burocracias sindicales que asfixian a los trabajadores impidiendo la extensión de sus luchas y la confluencia de las mismas en la huelga general. Que se ponga a la cabeza de la lucha contra la guerra de la OTAN en Ucrania. Que llame a la movilización contra la escalada bélica internacional, consecuencia de la crisis terminal del capital y el imperialismo. Que llame a una huelga europea contra la guerra.
Organicemos un partido obrero independiente de la burguesía y la burocracia
Por el gobierno de los trabajadores
Por una huelga general contra la inflación, por el salario y por las condiciones de trabajo
Por la defensa de las libertades democráticas
Por una huelga general europea contra la guerra de la OTAN
