El resultado electoral del 23 de julio ha desnudado el grado de fragilidad que presenta el cuadro político de España en el cual ninguna de las fuerzas que comandaban el bipartidismo ha sido capaz de obtener una mayoría de gobierno. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha logrado mejorar de forma significativa los resultados de las elecciones de 2019 al obtener 136 diputados comparado con los 89 de entonces, cuando el partido estaba en caída libre después de perder un voto de confianza planteado por el PSOE apoyado por IU y Podemos. Pero ese resultado no le sirve para gobernar porque necesita 176 diputados para la proclamación del presidente. El PP hizo una campaña destinada a atraer el voto conservador derechista que emigró hacia Vox, el partido liberal facistoide que ha comido terreno al PP tras su crisis.
El resultado ha sido que Vox pasó de 52 a 33 escaños. Pero al mismo tiempo quedó claro que la derecha en España, de momento, tiene un límite a partir del cual los votos se los roban unos partidos a otros. La desaparición de Ciudadanos ha beneficiado en ese sentido al PP. Pero hay un umbral que no se traspasa y que está entre los 10 y los 11 millones de votos. La consecuencia es que la caída de Vox no permite al PP formar gobierno con sus votos. Para ello debe sumar a otras fuerzas, pero el hecho que Vox sea el compañero de coalición viable ha espantado a los potenciales donantes de votos como es el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este a su turno hace frente al crecimiento de EH Bildu por su izquierda.
Crisis de régimen y gobernabilidad
Todo indica que el jefe del estado, el rey, encargará a Núñez Feijoo formar gobierno por ser el candidato más votado. Pero salvo accidente, no logrará formarlo. En ese caso el segundo en espera será el presidente Pedro Sánchez. Él, su partido y el rastrillo por su izquierda que es Sumar, encabezado por Yolanda Díaz, tendrán entonces su oportunidad. En apariencia, sin embargo, condenada al fracaso por la pérdida de votos de algunos miembros del bloque de investidura como Esquerra republicana de Cataluña. Esto obligaría al líder del PSOE a negociar un pacto con Junts per Catalunya, del dirigente exiliado Carles Puigdemont. Hay escasas probabilidades de que logre cerrar una negociación exitosa para formar gobierno que incluye a JxC, algo que de todas formas ya están negociando.
En el camino ha quedado Podemos, triturada por la decepción de su electorado tras una temporada en el Gobierno del que pretendieron diferenciarse. La operación para la constitución de Sumar tuvo buen cuidado de aparcar a figuras destacadas de Podemos como Irene Montero. Pero el papel real de la formación de Yolanda Díaz, que es un frente de 15 organizaciones, es ser la marioneta del PSOE. Su apuesta es lograr formar gobierno con el objetivo de imponer de forma pacífica las reformas contrarias a los intereses de los trabajadores que el capital español necesita.
El PP, que había difundido la versión de que obtendría 160 diputados, se encuentra ahora con la lista más votada pero incapacitado de encontrar aliados para investir a su máximo dirigente. El PP ha pagado un alto precio por su pronunciado escoramiento a la derecha, que cristalizó en los acuerdos pos electorales del 28 de mayo para la constitución de ayuntamientos y gobiernos autonómicos, en los que los desmanes de la derecha burda han creado una fuerte reacción. Censura de obras de teatro, eliminación de consejerías dedicadas a la mujer y otras tropelías han despertado el voto de la izquierda. Este acicate ha hecho que votantes decepcionados y desmotivados concurrieran a las urnas y dieran al PSOE un millón de votos más que en las elecciones de 2019. No es poco.
Potencial coalición
A estas alturas todo parece indicar que el PSOE y sus aliado Sumar tienen más probabilidades de organizar una coalición de gobierno que el PP. Pero si Junts x Catalunya accede a una abstención la gobernabilidad será poco menos que inviable con una negociación cuerpo a cuerpo cada vez que haya que votar una ley en el Congreso. El cuadro es por lo tanto lo más próximo a la constitución de gobiernos inestables y de crisis que se pueda proponer. Teniendo en cuenta que al gobierno que quede a los mandos tendrá que hacerse cargo de un brutal ajuste en las cuentas públicas su futuro será más que incierto. Bruselas, vía Banco Central Europeo (BCE), ya envió su mensaje. Hay que reducir gasto por 24.000 millones de euros. Aparentemente hay un compromiso bastante próximo a esa cifra enviado a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un ajuste de esta naturaleza, destinado a reducir el déficit y la deuda pública que se encuentra en máximos históricos respecto del producto interior bruto (PIB), mientras se aumenta el gasto militar y se destinan recursos a la financiación de la guerra de la OTAN en Ucrania, no puede menos que encontrar una fuerte resistencia social. Hasta ahora el milagro de hacer pasar leyes antiobreras por conquistas sociales ha colado a expensas de la acción de las burocracias sindicales que las han vitoreado como tablas de salvación, como la reforma laboral y la reforma de las pensiones, actuando como los interlocutores sociales junto a las organizaciones patronales.
Las burocracias de los grandes sindicatos además han actuado como un freno colosal en cada uno de los conflictos sindicales que podían amenazar con su extensión nacional y provocar una huelga general. El caso más reciente es la lucha de los trabajadores del metal de Pontevedra en la cual 32.000 trabajadores de la provincia pusieron en jaque los intentos de la patronal por cerrar un convenio sin casi concesiones. El sindicato nacionalista CIG y la UGT alcanzaron un acuerdo con las patronales del sector para evitar la huelga general, que fue rechazado por la asamblea de CCOO, y esta semana firmarán un convenio muy por debajo de las expectativas de los trabajadores.
Sin embargo, en la medida que el ajuste se ponga en práctica, los conflictos se van a multiplicar y eso hará más difícil la manipulación por parte de los sindicatos mayoritarios y sus burocracias. Mientras los partidos de la burguesía avanzan en su negociación, con la posibilidad de que no logren una salida viable y haya una nueva convocatoria electoral, los trabajadores deben buscar su organización independiente de la burocracia sindical y la burguesía para llevar a buen puerto sus reivindicaciones.
Desde que se desató la pandemia el flujo de ayudas de la Unión Europea ha mantenido con vida de manera artificial a empresas en crisis, ha asegurado a todas, las viables y las inviables, el pago de los salarios de sus trabajadores con cargo a la seguridad social durante los expedientes de regulación de empleo, se ha hecho cargo de las contribuciones sociales de las empresas que fueron exoneradas mientras duraron los ERTE. Toda esa vasta operación de salvataje de los intereses capitalistas ha tocado a su fin.
Entre la izquierda institucional y los intereses de los trabajadores, de la clase obrera en su conjunto, hay un verdadero abismo. Sólo la organización de los trabajadores en un partido propio, independiente de los intereses del capital y ajeno a las maniobras de las burocracias sindicales puede abrir un camino de lucha por un gobierno de los trabajadores. Éstos deben encontrar un camino propio para la construcción de sus instrumentos de combate, como los comités de fábrica y de empresa elegidos en asamblea y las agrupaciones de clase dentro de los sindicatos. Los partidos patronales son la polea de transmisión de los intereses de la OTAN y el imperialismo que lo ha apostado todo a la conquista del espacio económico de Rusia, Asia Central y China como salida a su crisis histórica. La guerra es en última instancia el precio que esos partidos quieren hacer pagar a los trabajadores de todo el mundo. También a los españoles.
¡Por la huelga general! Salarios indexados con el coste de la vida, por condiciones de trabajo dignas aprobadas en asamblea, por el pleno empleo, por el aumento de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual, por la expropiación de las empresas que cierren, por la escala móvil de horas de trabajo.
Por un gobierno de los trabajadores