El lunes 12 de agosto los miembros del nuevo gobierno de Cataluña, presidido por el socialista Salvador Illa, juraron sus cargos. La investidura de Illa se logró gracias al voto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de los Comuns. La suma de los votos en la sesión del 8 de agosto fue de 68, la cantidad que indica la mayoría necesaria. Vale la pena recordar que el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, no podía lograr una investidura porque obtuvo 35 escaños frente a los 42 del PSC y los votos de ERC no alcanzaban para una coalición nacionalista tras los resultados electorales adversos de Esquerra. Junts votó en contra de la investidura de Illa, pero votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 tras pactar junto con ERC y el PSOE una ley de amnistía para los procesados y condenados por el Procés, nombre de la movilización en Cataluña por la independencia desarrollada entre 2014 y 2017.
Para lograr la adhesión de ERC ahora el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez pactó la cesión de la recaudación del 100% de los tributos estatales en Cataluña al gobierno autónomo. Los cálculos de los dirigentes de ERC es que este mecanismo permitirá a la región duplicar los recursos disponibles de 26.000 a 52.000 millones de euros. De esta recaudación la región destinará a la financiación del resto del sistema autonómico una parte, pero esa contribución es condicional a que las otras regiones hagan “el mismo esfuerzo fiscal” que Cataluña. De no ser así existe un mecanismo que permitirá la aplicación de “medidas compensatorias”, es decir una reversión por el estado de dinero contribuido por la región. La concesión ha desatado los ataques de la oposición y de los “barones” del propio PSOE, que gobiernan regiones autónomas y la consideran discriminatoria.
El show de Puigdemont
El jueves 8 de agosto mientras en el parlamento catalán se procedía a la votación para la investidura de Salvador Illa el dirigente nacionalista de Junts, Carles Puigdemont, considerado prófugo por la justicia española a pesar de la ley de amnistía, se hacía presente en territorio español. Mientras los dispositivos de seguridad lo esperaban en el parlamento adonde debería haber concurrido como cargo electo Puigdemont dirigió un encendido discurso a unas tres mil personas para desvanecerse nuevamente tras su mensaje. Los parlamentarios electos de Junts esperaban ver al dirigente en el pleno de investidura donde había dicho que se haría presente, pero no fue así.
La aparición del dirigente donde no se lo esperaba frustró el intento de detenerlo, pero también a muchos de sus parlamentarios que hubieran preferido verlo en el Palament. De acuerdo con las decisiones judiciales Puigdemont debe entregarse a la policía en la medida que hay una orden de captura en su contra para que los jueces determinen después si la ley de amnistía es de aplicación a su caso. La judicatura española de mayoría conservadora y en pie de guerra contra el gobierno entiende en principio que esto no es así porque lo acusa de un delito de malversación. Mientras el gobierno de Sánchez y su bloque de investidura votan la ley de amnistía, la ley mordaza que se usa para procesar a los luchadores sociales se mantiene en pie.
La fugaz aparición y desaparición del ex presidente de la Generalitat de Cataluña ha provocado una verdadera tormenta en un vaso de agua. Ha determinado que el cuerpo policial autonómico Mossos d’Esquadra abra una investigación sobre una presunta colaboración con la incursión de Puigdemont por parte de algunos funcionarios del cuerpo, y ha desatado los ataques del Partido Popular por la presunta tolerancia del gobierno con esta irrupción. Las evoluciones de Puigdemont tienen sin embargo el objetivo de mantener una presencia política de la corriente más conservadora del nacionalismo catalán y proyectar su imagen en decadencia frente a las luchas internas en Junts que pugnan por excluirlo y constituir una nueva dirección del movimiento.
Junts anunció el lunes 12 de agosto que adelanta su congreso a octubre para relanzar el proceso independentista. En realidad, de lo que se trata es de tratar de frenar su propia crisis. La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha sido condenada por trocear contratos adjudicados a gente próxima para evadir la convocatoria de concursos públicos. Por su parte Puigdemont anunció que si no ganaba las elecciones para ser investido presidente de la generalitat abandonaría la política. La lucha por el relevo en esta corriente conservadora y tan próxima a la iglesia como ERC está alentada también desde los círculos empresarios catalanes.
Puigdemont fue finalmente quien proclamó la independencia catalana en 2017 en un acción en la que al mismo tiempo que la pregonaba, la dejaba sin efecto. Un acto de prestidigitación que provocó un profundo desencanto en el movimiento que las cúpulas nacionalistas habían alentado entre 2014 y 2017. De entonces ahora el nacionalismo catalán ha ratificado como en 1931 que la burguesía y pequeño burguesía de Cataluña no está dispuesta a la independencia nacional, sino que su objetivo es instrumentar su base social para arrancar concesiones del estado central para favorecer a los intereses económicos del capitalismo autóctono. Los partidos nacionalistas son los enterradores en Cataluña de la sanidad pública en favor de las aseguradoras y los enemigos de las luchas obreras por el salario y las condiciones de trabajo.
El papel de la izquierda
El partido Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que se reivindica anticapitalista y aportó al fermento de la movilización por la independencia con su representación parlamentaria y desde la calle, calificó al Procés como una gran revolución democrática. Poco le importó la inconsecuencia de sus aliados Junts y ERC hasta que los acusó de “adaptarse al españolismo para retornar al diálogo con el estado y al régimen autonómico”. Esto no lo salvó de un fuerte retroceso electoral en las últimas elecciones.
En noviembre de 2019 la Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT, Fracción Trotskista 4ª Internacional) pidió el “voto crítico” para la CUP. Argumentó que había cuatro razones para ello… “bloquear cualquier salida por arriba a la crisis… la lucha por la libertad de los presos y contra los procesos… por la denuncia del gobierno de los partidos nacionalistas que se adaptaban a las directivas centralistas… por la vinculación de la lucha democrática y social”.
Un año después en noviembre del 2020 tras una sucesión de artículos destinados a “atraer” a la CUP pese a su sistemática capitulación ante el nacionalismo catalán, esta organización reconoce haber participado del debate interno convocado por la CUP bajo el título de Nodes sin haber logrado torcer el rumbo del “nacionalismo anticapitalista de izquierda”. Es decir dos años de subordinación a la CUP y a través de ella al conjunto del nacionalismo burgués y pequeños burgués. A lo largo de este recorrido la CRT se reivindicó, como lo hace ahora, independentista de izquierda. Esta organización defendió durante todo el Procés la independencia de Cataluña respecto de España bajo la forma de una república socialista formando el rastrillo de izquierda del nacionalismo burgués y pequeño burgués. Han servido en ese sentido a los intereses que dicen combatir.
Mientras que el PSOE en la oposición en 2017 apoyaba la intervención de la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la constitución, las otras corrientes en la izquierda parlamentaria o rechazaban la lucha o se subordinaban al nacionalismo catalán. Es notorio en este sentido el papel de los sindicatos alternativos atados al carro del nacionalismo clerical pequeño burgués.
La segregación de Cataluña del resto de España supone el debilitamiento del proletariado español. El GIO promueve la unidad del proletariado español mediante su independencia de clase. Frente a las reivindicaciones nacionales de las autonomías históricas propone la unidad de los trabajadores en la lucha contra la monarquía y el estado burgués por una federación de repúblicas socialistas ibéricas.
Sánchez, Illa y el ruido ambiental
El nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha loado a su nuevo equipo del que dijo que está imbuido de valores socialdemócratas y humanismo cristiano. También ha afirmado que su Govern tiene por tarea ejecutar la tercera transformación de Cataluña en un “espacio compartido de una España plurinacional y una Europa de horizonte federal”. La idea del federalismo en boca de Illa va de la mano de Europa, no se sabe muy bien porqué Pero es llamativo que el presidente Sánchez haya defendido el pacto con ERC como un “avance en el camino del federalismo”.
Nadie en el PSOE es capaz de explicar esta vena federalista. Sería el primer caso de una monarquía federal, un fenómeno aun por crearse. Mientras, el socialismo español se congratula por haber llevado al independentismo a un estado de sosiego y considera que para ello ha pagado un precio bajo: una reforma de la financiación de la autonomía catalana que ha colocado al gobierno central en una situación de crisis interna ante sus propios barones. El presidente Sánchez viene de anunciar que el debate sobre la “financiación singular” de Cataluña se atrasará a septiembre u octubre para atajar la crisis interna en su partido. Mientras tanto, el primer receptor y beneficiario de esta reforma de la financiación será el propio Partido Socialista de Cataluña.
El pacto catalán con ERC no brindará estabilidad a la legislatura de Sánchez. Tampoco va a blindar una mayoría en Cataluña porque no estamos de momento ante un pacto de gobierno en la región, sino ante una investidura que ha salido a fuerza de concesiones rechazadas por la oposición al gobierno y por buena parte de los dirigente regionales socialistas. Mientras tanto la judicatura conservadora controla los órganos del poder judicial y al cuerpo de jueces, torciendo la aplicación de las leyes cuando lo considera necesario. En el caso de Puigdemont la amnistía puede quedar en agua de borrajas.
Pero las aventuras transformistas de Puigdemont no van a revitalizar a su partido. JxC ha dado claras muestras de que en cualquier momento puede aliarse con el Partido Popular constituyendo una amenaza persistente a la estabilidad del pacto de legislatura del PSOE con Sumar, ERC y JxC. Por su parte la CUP ha perdido, lo mismo que ERC, buena parte de su caudal electoral. Para el proletariado de Cataluña y del resto de España lo que se cierne es un proceso de ajuste a lomos de una consolidación fiscal que va paralela a la guerra de Ucrania.
En España lo que está en juego es la reorganización del movimiento obrero mediante un programa de combate aprobado en asambleas de empresa por una huelga general en defensa del empleo, el salario, la sanidad y la educación públicas, contra los recortes y los planes de ajuste.
El gobierno cuece en Bruselas los próximos ataques contra los trabajadores para alimentar la maquinaria bélica de la OTAN y de Ucrania. A la hora del ajuste no habrá discriminación entre catalanes, gallegos, andaluces o vascos. La movilización contra la guerra de la OTAN en Ucrania, por la sublevación y confraternización de las tropas de Rusia y Ucrania contra sus gobiernos y por gobiernos socialistas debe integrarse en el programa de combate de los trabajadores españoles.
