Aprobemos un plan de movilización y una nueva dirección en la lucha para derrotarlo
Asambleas en los sindicatos y organizaciones pensionistas
POR UNA HUELGA GENERAL
(publicamos la declaración de la corriente Trabajadores Pensionistas* con motivo de las movilizaciones del 15 y 16 de abril de 2023)
El Gobierno de la coalición entre el PSOE y UP, calificada como la “más progresista” en la historia de España, ha vuelto a legislar contra los trabajadores. El 30 de marzo el Congreso aprobó el decreto ley 2/2023. Los partidos de la coalición de gobierno con el apoyo de parte del bloque de la investidura, dieron el voto para este nuevo revés del movimiento pensionista. Esta es la tercera dosis de reforma de las pensiones que emprende el Gobierno ajustando el lazo sobre el cuello de los trabajadores al dictado de la Unión Europea (UE) y los intereses de los capitalistas. Los partidos han votado su tramitación urgente como proyecto de ley abriendo el camino para las enmiendas.
Un aspecto fundamental de este retroceso de los trabajadores es el hecho que se ha logrado con el apoyo de CCOO y UGT, las grandes organizaciones sindicales comprometidas a fondo en la privatización de las pensiones. Ambos sindicatos están profundamente implicados en este proceso porque son rentistas de los fondos de pensiones de empresa por cuya gestión cobran comisiones. Han traicionado sistemáticamente la lucha de los pensionistas llegando a acuerdos espurios con gobiernos y patronales. También lo han hecho en torno a las reformas laborales una y otra vez. Ahora se han sumado el acuerdo para que las bajas laborales queden en manos de las mutuas privadas dando un golpe al sistema público, hasta ahora el único árbitro de las bajas laborales.
Dentro del movimiento pensionista ha sido la COESPE quien se ha ocupado de sembrar el camino de las reformas con su política de tolerancia al Gobierno. Durante tres años han retaceado la movilización para protegerlo de su desgaste. Lejos de encarar desde la lucha sin cuartel la política de reformas fueron dando crédito a las maniobras del ministro José Luis Escrivá compartidas por todo el gabinete. La operación de aparente resistencia de la COESPE consistió en convocar a movilizaciones aisladas sin continuidad hasta que hemos llegado al último decreto ley. Ahora hacen un balance en el que indican que se logró moderar las intenciones de Escrivá. Su principal dirigente, Ramón Franqueza, saca la conclusión de un momento agridulce “porque se han conseguido algunas cosas gracias a nuestra movilización”. Ahora no omite las críticas al gobierno, pero ya carecen de cualquier validez porque son expuestas a toro pasado. La labor ya está hecha.
Les emplazamos a que asuman la necesidad impostergable de impulsar y participar en la convocatoria de una movilización unitaria, pero con el objetivo y la voluntad inequívoca de derrotar las políticas antiobreras y antisociales de este Gobierno y que sirven a los intereses del capital y de la derecha política. Entretanto llamamos a que COESPE participe el próximo 15 y 16 de abril en la movilización convocada por CGT y un abanico significativo de sindicatos, organizaciones sociales, y partidos en todas las ciudades en que se convoque, como Madrid y Barcelona.
La consecuencia de esta colaboración de clases es que se ha extendido el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 29 años, y aunque haya un periodo transitorio de 20 años para la aplicación del mayor plazo, las nuevas generaciones de pensionistas sufrirán su efecto de empobrecimiento. España ha pasado tras sucesivas reformas de un periodo de cómputo de 15 años a 29. Se ha consolidado la edad de jubilación a los 67. Se incrementa la carga de los trabajadores con un aumento de la contribución por la vía del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta el 1,2% del salario. El incremento gradual de las bases máximas y las pensiones máximas no supondrá un incremento de la financiación de las pensiones sino una mejora los altos cargos de las empresas.
Lo que ocultan las direcciones sindicales, el gobierno y la COESPE es que la contribución de los capitalistas al sistema público de pensiones se ha reducido reforma tras reforma, trasladando de forma sistemática el esfuerzo de sostenerlo a las espaldas de los trabajadores. Los aportes patronales se han visto reducidos por la exigencia de CEOE y CEPYME, con el argumento de que mayores cuotas sociales atentan contra la creación de empleo. Las exenciones a las contribuciones patronales tiene como consecuencia que ese aporte a la seguridad social, que es una conquista de los trabajadores, se haya reducido ferozmente. Esta política apunta a la quiebra del sistema público.
La jubilación es un salario diferido, un ahorro de los trabajadores para su retiro. El aumento de la cuota social de los empleadores es una batalla permanente de todo el movimiento obrero para reducir la expropiación salarial que sufren los trabajadores. Los verdaderos beneficiarios de estas reformas son las empresas que fueron rescatadas de una catástrofe por el subsidio de los ERTE a costa de la Seguridad Social durante la pandemia salvando sus beneficios.
En contra de la afirmación que la reforma ha sido amortiguada por nuestras luchas hay una realidad. Se ha impuesto un modelo que consolida los procesos de privatización de las pensiones con los Planes de Pensiones de Empresa, la edad de jubilación a los 67 años, y la creciente carga del sostenimiento del sistema a costa de los trabajadores. Los que pretenden ver un reflejo de las luchas en esta reforma en tres tiempos ocultan que el modelo es el que el ministro José Luis Escrivá traía en su mochila y que había anunciado desde su presidencia de la AIREF. Segundo que esta misma AIREF es la encargada en su proyecto de determinar cuándo el sistema se ha hecho “insostenible”. La forma de hacerlo “sostenible” es para la burguesía reducir el importe de las pensiones.
La mejora de la financiación de las pensiones es una mentira colosal porque el árbitro del futuro del sistema es un organismo que carece de independencia respecto de los políticos que lo designan. La Autoridad “Independiente” de Responsabilidad Fiscal (Airef) hará lo que el gobierno de turno decida. Esta reforma establece condiciones que pueden ser borradas de un plumazo. En su conjunto las reformas responden a los intereses de un sector de la patronal y desnudan el papel del gobierno. Su función es hacer posibles reformas que benefician a los intereses del capital y no a los de los trabajadores, algo imposibles de hacer bajo un gobierno de la derecha porque desataría una mayor reacción social. Para este objetivo el Gobierno de coalición adorna con un palabrerío de izquierdas la medicina amarga que exigen las patronales y la UE.
Los Planes Next Generation, esperados por las empresas del Ibex 35, llevan aparejada la condición de las reformas antiobreras. Pero no es que el gobierno se doblegue ante estas exigencias, es que el gobierno se identifica con ellas a su manera. Disfrazadas de progresismo. El gran problema que tiene ante sí el movimiento obrero, y dentro de él el movimiento pensionista, son sus direcciones. Los trabajadores han mostrado sistemáticamente su voluntad de luchar pero sus direcciones han capitulado una y otra vez con el argumento de preservar al gobierno que supuestamente los favorece.
En medio de un fuerte brote inflacionario alentado por la guerra de la OTAN en Ucrania, que pagan los trabajadores, se vienen firmando convenios a la baja. Todos los cambios legislativos en materias que rigen a los trabajadores han sido para empeorar sus condiciones. La situación general de avance sobre las conquistas de los trabajadores debe reanimar la lucha por el salario y las condiciones de trabajo y contra las reformas. El ataque contra la sanidad pública y la negativa del gobierno a derogar la ley 15/97 que permite su privatización, forman parte de este cuadro. Es necesario construir desde la base nuevas direcciones en todos los frentes de lucha. El método es la asamblea en los lugares de trabajo, en los barrios, en los movimientos sociales.
En este camino se debe impulsar la lucha por una huelga general. El problema no es convencer a los que están al frente del movimiento para movilizar a los trabajadores. La cuestión es reemplazar a los que maniobran para frenarnos. Es necesaria una dirección independiente de los partidos patronales y de la burguesía. El ejemplo de Francia ha dejado esto expuesto a la luz.
La CGT ha convocado junto con otros sindicatos y organizaciones, plataformas sociales y una parte del movimiento pensionista a una jornada de lucha el 15 y el 16 de abril. Trabajadores Pensionistas apoya esta convocatoria y llama a organizar la participación en ella mediante una intensa actividad en los movimiento sociales y en las empresas en lucha. Esta movilización es tardía, debió preceder a la aprobación del decreto ley 2/2023. Pero aun así es prioritario hacer que estas jornadas sean un verdadero avance en la sustitución de las direcciones traidoras y en la lucha contra las reformas.
Por la jubilación a los 65 años
Por una pensión mínima de 1200 euros
Por una base de cómputo de 15 años
Por la derogación de todas las reformas laborales y de pensiones
Basta de brecha de género en las pensiones
Por salarios dignos y un incremento inmediato igual al incremento del coste de la vida
Por asambleas en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada organización social para impulsar una huelga general nacional
TRABAJADORES PENSIONISTAS
Contacto: pensionistasxlaunidad.accion@gmail.com
Móvil: 619 199 904
*Trabajadores Pensionistas no es una organización aparte de las existentes, es una corriente que forma parte de las plataformas y de las COESPEs que ya existen.
