La profunda movilización social en Francia ha entrado en una fase crítica. La unanimidad contra la extensión en dos años de la edad de jubilación, contra la ampliación del cómputo hasta 43 años para evitar la penalización en las pensiones y la liquidación de regímenes especiales de jubilación en sectores como energía, ferrocarriles y metro, sigue firme. Sin embargo esta cohesión no es suficiente. Las luchas han puesto sobre el tapete una cuestión central. El gobierno ha demostrado que no cederá. Por lo tanto de nada valen atajos legales o maniobras parlamentarias. La única salida es la caída del gobierno Macron. Esto es precisamente lo que tanto la izquierda parlamentaria como las burocracias sindicales pretenden evitar para preservar la estabilidad política del capital.
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La Francia obrera desencadenada
(Escribe Jorge Altamira, Política Obrera de Argentina)
Después del paro de 24 horas y las manifestaciones del jueves 23 de marzo, la Intersindical de las Centrales francesas ha convocado a una nueva jornada para el martes próximo. La sanción de la reforma de las pensiones por decreto sólo sirvió para atizar la rebelión popular. A la movilización de alrededor de tres millones de trabajadores y del paro en todo el país, siguió un fin de semana de acciones directas y piquetes y una escalada de enfrentamientos con la policía, cebada en una represión que ha sido cuestionada incluso por un relator de Naciones Unidas.
Macron impone su reforma de pensiones por decreto
Luego de haber obtenido la aprobación de la reforma de las pensiones en el Senado, en una primera lectura, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, entró “en pánico”. Así lo asegura el New York Times (La Nación, 19/3). En lugar de proseguir el trámite en el Congreso de los Diputados, Macron optó por imponer la reforma por decreto, un abuso que le permite la Constitución gaullista de 1958. Para el diario neoyorquino, es “una jugada política que podría costarle caro”. La reforma previsional demora el derecho a la jubilación de los 62 a los 64 años. Es una medida que exige fuertemente el FMI a Argentina, donde la extendería de los 65 a los 70 años. (En España ya se ha extendido hasta los 67). Los aportes jubilatorios en ese lustro irían a parar al pago de la deuda pública. Primero, los acreedores financieros.
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