(Escribe El Be, Política Obrera de Argentina)
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile inauguró el período más sangriento para la historia de la clase obrera de ese país. Culminó una experiencia histórica de décadas que había llevado, por tercera vez, a un gobierno de Frente Popular, es decir, un gobierno de colaboración de clases de los partidos obreros (Partido Comunista y Partido Socialista) y fracciones fantasmales de la burguesía nacional. Salvador Allende calificaría a su gobierno como la “vía pacífica al socialismo”, como había propuesto, en 1960, el XX Congreso del PC de la Unión Soviética. “En febrero de 1971 Salvador Allende hizo la declaración más importante de su vida cuando le manifestó al diario Le Monde su total oposición a la dictadura del proletariado. Renunciaba así al primer paso que conduce hacia ella -al desarme de la burguesía y al armamento del proletariado. Esta cuestión tan sencilla determinó la victoria de Pinochet, la terrible derrota del pueblo chileno y el asesinato del propio Allende” (Jorge Altamira, La estrategia de la izquierda en Argentina).
El gobierno de la Unidad Popular , con un tercio de los votos, fue consagrado por el Congreso de Chile con el apoyo de la inmensa mayoría de los partidos patronales, cuando obtuvieron de la UP la firma de “una acta democrática”. Fue el chaleco de fuerza constitucional que socialistas y comunistas aceptaron y reivindicaron como una victoria política. El idilio se prolongó con otro apoyo parlamentario fundamental – el que estableció la nacionalización del cobre, una ley que no derogaría luego ni el mismo Pinochet. Un conjunto de factores internacionales como nacionales interrumpieron esta ‘paz cívica’. Las fuerzas armadas no estaban unidas en el apoyo al gobierno; esto quedó en evidencia con el asesinato del general René Schnaider, del ala constitucional, un mes después de la victoria electoral de la UP. Hacia finales de 1972 empezó a desarrollarse un boicot económico de la gran burguesía, bajo inspiración del recién asumido gobierno de Richard Nixon. El desabastecimiento de alimentos y la inflación empezaron a dominar la vida de las masas. Emergía el mercado negro para adquirir las mercaderías más elementales. A la carestía generalizada se le había sumado, en octubre de 1972, un paro de camioneros y el lock-out de numerosos comercios. Una reforma agraria, que había iniciado el precedente gobierno del democristiano Eduardo Frei, y la cuestión mapuche, se convirtieron en un eje de la agitación de derechas.
La respuesta obrera no se hizo esperar – sorprendió tanto a la burguesía como a la propia UP. Brotaron por todas partes las asambleas de pobladoras, las coordinadoras obreras y las tomas de fábricas. Se multiplican las “Juntas de Abastecimientos y Precios” para desmantelar el desabastecimiento de la burguesía. En el campo aparecieron los “Consejos Comunales” y en la ciudad los “Cordones Obreros”. Estos organismos significaban un verdadero poder obrero. Tanto el PC como el PS buscaban sofocarlos y mantener a la población en los carriles de la “constitucionalidad”. La intervención norteamericana era fundamental, porque veía en la derrota de la UP la oportunidad de golpear la influencia internacional de la Unión Soviética y de Cuba, y profundizar con esto la separación entre ambas y China, el objetivo fundamental del momento de la diplomacia de Estados Unidos. En paralelo al proceso chileno se desarrollaban en Uruguay y Argentina procesos revolucionarios que comprometían potencialmente al imperialismo norteamericano.
La reacción obrera había generado un fuerte temor también en la dirección de la UP y las jornadas de octubre de 1972 marcaron un giro a la derecha en el gobierno. Allende se inclinó a contentar al Ejército y nombró militares al frente de tres ministerios, incluido el general Carlos Prats en la cartera del interior. Para el semanario The Economist “los ministros militares se unieron al gabinete para negociar la ola de huelgas”. El gabinete cívico-militar en el gobierno de la UP había sido presentado como una medida transitoria, cuyo propósito era restablecer el status quo previo.
Este gabinete imponía a Allende la tarea de disolver las bases del poder obrero emergente, cuya consigna principal era, contradictoriamente, “la defensa del gobierno popular”. Tanto Allende como el PC (que dirigía la Central Única de Trabajadores) sostenían que el crecimiento de la organización y la movilización obrera favorecían a la reacción que reclamaba por un golpe de Estado. Los discursos presidenciales se centraban entonces en la “paz”, el “orden” y el “trabajo”. Desalentaba sistemáticamente un enfrentamiento abierto entre los trabajadores y la burguesía, con el llamado, a unos y otros, a respetar el legalismo y las instituciones. El presidente de la CUT (y Ministro de Trabajo) terció dos veces para finalmente lograr convencer a los obreros de Arica de que acepten el retorno de la gerencia que había abandonado la fábrica en ocasión del lock-out.
Allende dictó en estas condiciones el “Estado de emergencia”, que le otorga plenos poderes al alto mando militar. Se hizo efectiva, además, una ley de requisa de armas (ya aprobada por el Congreso en septiembre), para desarmar a la clase obrera y dar a las fuerzas represivas la potestad de realizar allanamientos masivos. En palabras del propio presidente, “el gobierno no puede aceptar que se pretenda crear un poder comunal. Éste es un gobierno de los trabajadores. Pero el poder comunal no lo puede aceptar ni mi gobierno ni ningún otro gobierno del mundo. Conozco todos los países socialistas y en ninguno de ellos hay un gobierno paralelo”. Se planteaba un escenario de creciente presión de las masas, por un lado, y la acción desestabilizadora de la burguesía y el imperialismo, por otro.
Se adoptó el “plan Prats-Millas”, acordado por el dirigente del PC y Ministro de Economía, Orlando Millas, y el general Prats. Consistía en la devolución de la mayoría de las empresas que los trabajadores habían tomado cuando las patronales cerraron sus puertas y se fugaron en el lock-out de octubre del ’72.
El plan, aprobado en enero de 1973, generó una enérgica reacción obrera, con movilizaciones y barricadas. Ante la reacción obrera, zozobra el plan Prats-Millas, y en febrero fue desechado por el gobierno.
El Partido Demócrata Cristiano pegó entonces un viraje derechista y se lanzó a aplastar a la Unidad Popular en las elecciones legislativas de marzo de 1973 con un frente unitario de derecha (la Confederación Democrática). La “vía democrática” para tirar abajo al gobierno consistía en ir a una elección condicionada por el descalabro económico y derrocar a Allende con los dos tercios de los votos en el Congreso. Esta táctica resultó en un fracaso estruendoso. En medio de una carestía generalizada y una inflación que superó del 140%, la Unidad Popular se impuso en las elecciones de marzo con el 45% de los votos (un porcentaje 50% mayor del que había obtenido Allende dos años antes para llegar a la presidencia). Casi la mayoría absoluta del padrón electoral.
El PC abordó la campaña electoral con la consigna “No a la guerra civil”, con la clara intención de desmovilizar al movimiento obrero. A diferencia de sus aliados en la UP, el PC no creció en votos, en tanto que el PS los duplicó.
Las elecciones de marzo reflejaron una agudización de la polarización política. Mientras que la Democracia Cristiana (de centro) se hundió en votos, y creció la Unidad Popular, el derechista Partido Nacional incrementó su votación. La Junta de generales reclamó una serie de medidas que implicaban el control total de la política de gobierno. Ante la negativa de Allende, los militares decidieron retirarse de los ministerios. Pero Allende cede a una de sus demandas más importantes, que era una mayor injerencia de los militares en la economía del país. Esto se llevó a cabo a través del Consejo de Seguridad Nacional y de la cesión del manejo del abastecimiento. Se trata del primer acto de una futura administración militar. En el cambio de gabinete Allende depura a los sectores de su coalición más vinculados a la izquierda.
En abril de 1973, el diario El Mercurio aseguraba que el gobierno de Allende “está buscando el centro”, y agregaba que “esa búsqueda del centro cuenta con el beneplácito y la entusiasta cooperación de los comunistas, y en el gobierno se espera que un esfuerzo semejante encuentre eco en algunos sectores demócrata-cristianos” (El Mercurio 01/07/73). La realidad es que la entrada de los militares al gobierno de la Unidad Popular expresaba la bancarrota política del gobierno. Dentro del gobierno (PC y PS) y fuera de él (MIR), todos eran tributarios de la Unidad Popular. La política de la izquierda de seguidismo a Allende, en momentos en que éste viraba ostensiblemente a la derecha y se desprendía de sus elementos más izquierdistas, contribuía a una enorme confusión política en el seno de la clase obrera. La crisis de dirección del proletariado no tardará en revelarse en todo su alcance.
(Artículo elaborado en base a las notas publicadas en Política Obrera de 1973)
