Redes y medios son escenario de una campaña de confusión y ocultamiento de la política del gobierno, que pretende dejar en el desamparo a los trabajadores y sectores empobrecidos de la sociedad. Acompañan a las medidas tomadas por la declaración del Estado de Alarma y pretenden desarmar cualquier intento de lucha y organización de los trabajadores de la salud, de los trabajadores en general y de la población con menores recursos, en defensa de sus vidas y sus derechos. Las medidas que va tomando el gobierno, tarde y mal, como hemos analizado en otros artículos (1), son responsables de muchas muertes evitables y hunden en la miseria más absoluta a los trabajadores. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que están destinados a convertirse en despidos, y la falta de ayuda efectiva, afecta directamente a los colectivos más necesitados.
Se afirma que las epidemias no reconocen fronteras ni clases sociales. Pero la realidad es que son los sectores más oprimidos los que no tienen más remedio que vivir hacinados, en pequeños pisos, padecer la jornada laboral en trabajos en los que no se toman las medidas de distancia de seguridad, y a quienes no se les da equipos de protección individual. Es decir todo lo necesario para que sean los más afectados por los contagios, en casa y en el trabajo. Como los trabajadores manuales que tienen que hacer una actividad presencial y no pueden “teletrabajar” en la construcción y la industria, como los empleados en los servicios esenciales como alimentación, limpieza, transporte, industrias vinculadas a la salud, y el personal sanitario, que está en primera línea de la lucha trabajando con pocos medios, con sueldos de miseria y en precariedad laboral.
Los gobiernos, respondiendo a los intereses de la clase que representan, han demorado hasta el extremo tomar medidas contra el avance del coronavirus. Primero negaron la gravedad de la pandemia, afirmaron que a nuestro país no iba a llegar, luego que no sería grave, o que lo tenían todo bajo control. Basta recordar las declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad https://youtu.be/2LSRyxNQe6U. Toda esta cadena de argumentos fue una manera de ganar tiempo a la epidemia, a ver si se quedaba a las puertas de nuestro país, o se convertía en un impacto leve que no obligara a suspender la producción para evitar a los capitalistas sus pérdidas. La suspensión de los trabajos no esenciales por otra parte ha dejado ver con claridad que la única fuente del beneficio del capital es el trabajo humano. Sin trabajadores, el capitalismo se hunde por falta de plusvalía.
Frente al interés capitalista de extender al máximo posible la actividad económica para no perder beneficios, son los trabajadores los que comenzaron a poner límites a la súper explotación, parando la producción y exigiendo que se cumpla con las medidas de protección y seguridad, como ha ocurrido en Mercedes, Airbus, y en otras decenas de empresas en España y de a miles en el resto de los países de todo el mundo. Los trabajadores han salido a la lucha como en Italia con huelgas, en Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos por señalar sólo algunos casos. La epidemia, que comienza en China (2) porque se dan las condiciones para su desarrollo, se extiende rápidamente por todo el mundo, incluyendo a los países más desarrollados, porque todos están con la guardia baja tras décadas de recortes en sanidad, por las privatizaciones del sector de la salud pública, con falta de personal y de equipos, y falta de inversión pública en investigación.
LA REANUDACIÓN DEL TRABAJO NO ESENCIAL
El gobierno, que suspendió el 31 de marzo la actividad no esencial en su apuesta por un achatamiento rápido de la curva de la epidemia, ha decidido reanudarla el 13 de abril bajo la presión de los grupos empresariales y la banca. Sin un control masivo de la población mediante equipos de diagnóstico rápido el Gobierno se mueve a ciegas y puede provocar un nuevo brote de la pandemia. Nos oponemos a la reanudación de la actividad en las empresas en las que no desarrollan actividades esenciales para la población. El Gobierno quiere retomar la actividad productiva porque es incapaz de hacer frente a las demandas de la CEOE, la banca y la CEPYME.
Mientras tanto, muchas plataformas sociales y organizaciones populares esgrimen la idea de que “primero hay que derrotar al virus para luego arreglar cuentas” que son “dos frentes de lucha” distintos. Esta argumentación sirve para ocultar que la política ante la epidemia de los gobiernos a escala global está sacrificando de forma masiva a los trabajadores y a los sectores más débiles de la sociedad y paraliza todo intento de organización y de lucha para defender la vida y los ingresos de los trabajadores. La ineficacia del gobierno y la voracidad de los capitalistas se están cobrando la vida de miles, “las cuentas” hay que arreglarlas ahora organizando a los trabajadores contra los planes del gobierno y las patronales que afectan directamente la salud de las mayorías.
El Gobierno y los partidos capitalistas están alentando el argumento de la unidad contra la epidemia de todos los sectores de la sociedad. La situación extrema que vivimos deja otra conclusión: no hay tal “unidad”, unos pelean por defender su negocio y otros pelean por su vida, la lucha de clases se plantea en forma dramática y contundente. El frente de lucha es uno sólo, para derrotar al virus hay que derrotar la política que sacrifica a los trabajadores por los intereses de los capitalistas. Los gobiernos de la burguesía ponen como siempre por delante la defensa de los intereses de la clase capitalista, por encima de la vida de los trabajadores y de toda la población. El Gobierno de coalición del PSOE y UP no es ninguna excepción, es sólo un disfraz de izquierda, pero en su esencia opera en defensa de los mismos intereses. Sólo una organización independiente de los trabajadores con un programa contra la pandemia podrá frenarla y defender sus derechos.
Otro de los razonamientos que circulan, y que el propio Pablo Iglesias promueve, es que la crisis es tan grave que todos recapacitarán en la necesidad de “cambiar el modelo productivo”, en defender la sanidad pública, etc. Es decir que si hemos llegado a este punto sería por una falta de “comprensión” de lo que estaba en juego. Cabe recordar que ante otras catástrofes, como las dos guerras mundiales, se argumentó lo mismo, pero la lógica del capitalismo en su declive conduce a más catástrofes acentuadas y seguidas. La actuación de los gobiernos, de la Unión Europea y demás organizaciones del capital van en el sentido contrario a la cooperación para superar la pandemia. La competencia capitalista se ha agudizado, la lucha por llegar los primeros a un vacuna contra el SARS-coV-2 es una lucha capitalista a escala nacional e internacional que enfrenta a los países entre sí, al igual que con los equipamientos médicos y medicinas necesarias. Hacer pagar la crisis a los trabajadores cueste lo que cueste y avanzar contra los recursos naturales.
LA CULPA LA TIENE LA DERECHA
En distintos medios afines al gobierno y en las publicaciones de algunas agrupaciones de izquierda y de las direcciones sindicales se sostiene la idea que la situación desastrosa de la sanidad se debe a la política de la derecha, concretamente del PP, como si esta no hubiera sido llevada adelante también por el PSOE. Simplemente basta con recordar las marchas de las “mareas blancas” en la mayoría de la ciudades contra los recortes y las privatizaciones en los gobiernos del PSOE, y la sanidad pública en Andalucía tras décadas de gestión socialista. Ahora mismo en plena lucha contra el coronavirus la condescendencia del gobierno de “izquierda y de progreso” hacia la sanidad privada socava el esfuerzo por defender a la población de las consecuencias de la epidemia. Según la Cadena SER “La sanidad privada dispone de 2.200 camas UCI aún sin utilizar”, mientras las camas de las UCI de la sanidad pública están al límite https://cadenaser.com/ser/2020/04/02/sociedad/1585846571_410738.html y la falta de plazas con respiradores lleva a que muchos enfermos queden fuera de toda posibilidad de supervivencia.
Las escenas de pasillos con pacientes durmiendo en el suelo, que se han visto en los informativos de televisión no son inventos de la oposición, y el personal sanitario lo ha denunciado de forma reiterada. El Gobierno se ha mostrado incapaz de echar mano de los recursos de la sanidad privada a pesar de tener los instrumentos jurídicos para hacerlo como el propio Estado de Alarma. Se ha doblegado ante los intereses de los pulpos que controlan la sanidad privada, como la alemana Fresenius que tiene en sus manos el 90% de la sanidad privada de la comunidad de Madrid y de la pública mediante concesiones, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz.
Son estos problemas, al igual que la falta de equipos de protección y de medicamentos, y la falta de coordinación entre las distintas estructuras autonómicas de la sanidad pública, como la mala utilización de los recursos existentes, lo que dicta la necesidad de que sean los profesionales de los centros hospitalarios los que coordinen la campaña sanitaria contra la Covid-19. Ni las comunidades autónomas ni el Ministerio de Sanidad se han mostrado a la altura de las circunstancias. Son los trabajadores de la sanidad los que deben tomar en sus manos esa tarea, estableciendo organismos colectivos para su control adoptando los métodos para ejecutar las recomendaciones de un comité científico nacional independiente de los intereses políticos y económicos de los capitalistas.
La realidad es abrumadora. No se dispone de equipos de diagnóstico, ni del personal para utilizarlos de forma masiva. Se montan hospitales de emergencia pero no se dispone de personal para atenderlos.Se aplica la cuarentena por un lado y por otro hay centros de trabajo que no brindan las mínimas condiciones de protección y en los que se extiende el contagio. Es el retrato de un gobierno cuya lucha contra la pandemia se caracteriza por medidas contradictorias, por la condescendencia ante la sanidad privada, por su incapacidad para organizar la producción bajo control del estado de los elementos sanitarios indispensables. Se está condenando a miles de trabajadores a una precariedad sanitaria que se puede resolver de forma radical.
Mientras, las direcciones de CCOO y UGT se pusieron de inmediato al servicio del gobierno y de la CEOE aceptando la aplicación de los ERTE “para defender los puestos de trabajo” a sabiendas de que la regulación temporal es el preludio de los ERES, una avalancha de despidos. Los datos del paro de marzo son un anticipo de lo que se viene. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha crecido en 302.365 en el mes de marzo, un incremento del 9,3%, el mayor repunte en cualquier mes de toda la serie histórica. El total de parados alcanzó al finalizar marzo la cifra de 3.548.312, el registro más alto desde abril de 2017. El Fondo Monetario Internacional acaba de pronosticar que el paro llegará en España al 20,8% y el PIB caerá este año un 8%, mientras tanto el resto de los sindicatos se acoplan a su manera al llamado del gobierno a la unidad. Le han dado la espalda a los trabajadores, los primeros que pararon las líneas de producción, los que denunciaron la falta de medios y el doble discurso del gobierno, que mientras multaba y vigilaba el confinamiento domiciliario permitía proseguir el trabajo sin medidas de seguridad ni de distanciamiento en las grandes fábricas, en los hospitales, o en el transporte público.
Mientras algunos colectivos y sindicatos han puesto en primer plano el reclamo de una renta básica universal (RBU) en la que coinciden desde el FMI, el foro de Davos, hasta el ex ministro de economía del PP Luis De Guindos, el Gobierno es incapaz de pagar los sueldos pendientes de los trabajadores sometidos a los ERTE. No se trata de organizar una dádiva para impedir un estallido social.
La Seguridad Social casi no ha liquidado la parte impagada de los salarios. De acuerdo con El Periódico de Catalunya a 28 de marzo 2.004.224 trabajadores estaban en situación de expediente transitorio, y de ese total la Seguridad Social sólo había autorizado el pago a 36.000 el 10 de abril. De acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se habrían aprobado 619.688 prestaciones por ERTE sobre el total, pero no le han pagado a casi nadie. Quiere decir que más de 1,9 millones de trabajadores que han sido sometidos a regulación temporal están sin cobrar los haberes desde el 14 de marzo.
Por añadidura, pese a la recomendación del Gobierno las empresas no han asumido la suspensión de la actividad no esencial desde el lunes 30 de marzo hasta el lunes 13 de abril, tras Semana Santa. Han enviado masivamente a los trabajadores a otro ERTE por ese periodo, rechazando la idea de una licencia extraordinaria con la recuperación de los días de trabajo en el tiempo. Quiere decir que tampoco cobrarán abril entero los que hasta ahora no habían sufrido un ERTE. Si hay una causa de fuerza mayor, no hay ningún pretexto para que los trabajadores no cobren su salario íntegro del mes de abril. El Gobierno los mandó a su casa y dijo que las empresas tenían que mantener el salario, esos ERTE son un saqueo de la SS.
El Gobierno ha rechazado la idea del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que proponían un ingreso transitorio y condicionado de bajo importe hasta la aprobación de la RBU. Ahora el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá -el futuro reformador de las pensiones- ha anunciado que en mayo… se aprobará una renta universal de importe desconocido que va a beneficiar ¡a 100.000 personas en toda España! Es decir que en medio de la emergencia sanitaria más grave en la historia del país y del mundo el Gobierno se opone a que haya un sueldo, y no la mascarada de una dádiva para un grupo minoritario, para toda la población que lo requiera, sean trabajadores en ERTE o activos, parados o personas sin ingresos porque se les extinguió el derecho al paro y no encuentran trabajo. Mientras tanto el dinero de los ERTE, que afecta a más de tres millones de trabajadores, no lo cobrará casi nadie hasta mayo.
Hay que frenar esta situación. Exigimos un salario de emergencia de 1.200 euros que tiene que llegar a todos, incluidos los autónomos sin ingresos y los falsos autónomos que sufren el paro sin ningún tipo de asistencia. Es necesario subordinar la banca privada al Banco de España para que los bancos y sus oficinas actúen como sucursales del banco central. Que el dinero llegue sin retraso y que se establezca un régimen de compensación contra las cuentas corrientes de las grandes empresas para recuperar el dinero del estado. Que se repatríe el dinero de las cuentas de las empresas en los paraísos fiscales. En los casos en que los sueldos no lleguen a esa cifra, que el estado pague la diferencia y la recupere de la cuenta de las empresas. Los trabajadores en régimen de ERTE deben cobrar el 100% de su salario, el 70% con cargo a la SS y el 30% con cargo a las empresas a través de ese régimen de compensación, así como el complemento hasta los 1.200 euros si los sueldos son inferiores.
El Gobierno ha definido como una “guerra” la lucha contra la pandemia y ha hecho entrar en escena a las fuerzas armadas, además de a la policía y la guardia civil. Se trata del uso de la coerción para mantener confinada a la población civil. Pero ha aprovechado la oportunidad para un doble fin. Lavar la cara de las fuerzas armadas, principal sostén de la corona, y exhibir su presencia en las ruedas de prensa ministeriales para informar sobre la evolución de la pandemia para extraer de la imagen de los entorchados una fuerza política de la que carece. A ningún trabajador se le ocurre impedir la colaboración del ejército o las fuerzas de seguridad en la lucha contra la epidemia.
Pero como ha demostrado la policía autonómica vasca en Basauri, la represión es la otra cara de la presencia de las fuerzas de seguridad. En una jornada de protesta de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Hiru, Steilas y Etxalde contra las condidiones de trabajo inseguras bajo la Covid-19 la Ertzaintza entró a la planta de Sidenor para reprimir la protesta de los trabajadores. Se trataba de una manifestación de repudio a las condiciones de inseguridad laboral que incluyó a personal sanitario en hospitales y a trabajadores de muchos gremios. Esto ha desnudado la doble faz del Estado de Alarma. La aparición del rey pronunciando un discurso de conmisceración ha formado parte de esta escenografía en un intento fracasado de reforzar su imagen en su momento de máxima debilidad.
De nada sirve la exhibición de los puntales del régimen monárquico porque la pandemia siega de a miles la vida de los humildes. En este marco el gobierno ha lanzado la propuesta de un nuevo “Pacto de la Moncloa” es decir un acuerdo que una a toda la clase capitalista de “izquierda” y de derecha contra los trabajadores. Esta es la unidad de la que habla el gobierno.
Los trabajadores tenemos que organizarnos y preparar nuestra propia salida como se está haciendo en los centros de trabajo y hospitales en todo el mundo. Mientras el capitalismo manda a la muerte a miles de personas en su afán de no parar la producción, de no gastar dinero en salud pública mientras subsidian a los capitalistas y apuntalan el beneficio a la sanidad privada.
Se ha abierto una gran deliberación sobre cómo defendernos del coronavirus, de los ataques del gobierno y de las patronales. Nuestra organización, nuestro programa debe ser independiente de los que nos mandan a la miseria y a la muerte, del gobierno de las patronales y de las direcciones traidoras de los grandes sindicatos. De nuestra organización dependerá nuestra supervivencia.
1)http://box5714.ttemp.domains/~indepfy1/la-crisis-capitalista-desemboza-su-verdadera-esencia/
