El ocho de febrero se cumple el primer mes de gobierno tras la investidura de Pedro Sánchez marcada por la extrema debilidad de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ambos sufrieron un retroceso en las últimas elecciones, que actuó como catalizador del pacto. Cataluña sigue como la expresión más acabada de que el equilibrio del régimen pactado en torno a la Constitución en 1978 está roto. Mientras estos desequilibrios se desenvuelven, la coalición debe gobernar y poner en marcha sus proyectos pactados con sectores de la burguesía, contrarios a los intereses de los trabajadores. Bajo el barniz de un ‘Gobierno de Progreso’ las reformas que se preparan implican un profundo retroceso social. Unidas Podemos tiene asignado el papel de disfraz de izquierda para esos objetivos que buscan golpear los intereses de los trabajadores para asistir a una burguesía atenazada por la crisis capitalista. Pero el objetivo último de la coalición que gobierna España es intentar restablecer el régimen en descomposición logrando un pacto con las fuerzas nacionalistas de Cataluña para salvar el régimen del 78 con sus propios métodos. En este contexto, una Huelga General en el País Vasco en defensa de las pensiones públicas y contra la precariedad, marca una delimitación con el Gobierno a quien la Coordinadora de Pensionistas le ha dado una tregua de 100 días mientras los grandes sindicatos como UGT y CCOO y los no tan grandes como CGT, se opusieron a la huelga vasca. En la última semana de enero los productores agrarios han entrado en escena en contra de los precios fijados a sus productos por los intermediarios y las cadenas de distribución, que multiplican por 100 el precio de venta al público. Un síntoma más de que la quiebra económica capitalista.
Cataluña
Hasta ahora el eje de un pacto para la crisis en Cataluña pasa por las siglas de ERC, que se ha distanciado de JxCat y que, tras la retirada del acta de diputado a las Corts del President Quim Torra, aspira a ganar las nuevas elecciones a la Generalitat cuya fecha fijará el President. Una consolidación de ERC al frente de la Generalitat supondría cimentar las posibilidades de negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez un estrecho sendero de concesiones autonómicas, incluida una reforma de la financiación de Cataluña. El nacionalismo espera “un gesto” vinculado a la situación carcelaria de los 10 presos del Procés, que se presentaría como una reforma del código penal para rebajar la naturaleza del delito de sedición y buscar con la nueva tipificación penal una excarcelación. Una operación de este tipo en el Parlamento es una clara expresión de la impotencia del Gobierno frente a la trampa que supone un Consejo General del Poder Judicial bajo el férreo control de la derecha, que mantiene a su vez en un puño toda la estructura judicial vinculada al procesamiento de los aforados, sean los que sean, para favorecer a unos y hundir a otros. Pero para lograr ese objetivo deberá sumar los votos suficientes, algo que está por verse.
Los planes del Gobierno
Pero mientras tanto, Sánchez tiene que gobernar y hacer buenos algunos de los compromisos que ha adquirido. Esos compromisos, de acuerdo con los trabajos previos del gobierno (Programa Nacional de Reformas) y su cristalización en documentos, son esencialmente una reforma del estatuto de los trabajadores, el reforzamiento de la figura del “autónomo dependiente” para beneficiar a las plataformas digitales, la introducción de un sistema de capitalización para las pensiones, y una reforma parcial de la legislación laboral en línea con estos objetivos. El domingo 26 de enero la ministra de Trabajo Yolanda Díaz (UP) afirmó que la derogación completa de las reformas laborales sería “irresponsable”, dijo que había que reformar el estatuto de los trabajadores y señaló que la legislación laboral española es de los años 80 y que no refleja la realidad digital contemporánea. Tuvo la cautela, eso sí, de apuntar que las modificaciones de fondo deberán ser negociadas con los interlocutores sociales, es decir la CEOE y los sindicatos. Mientras tanto en el terreno del salario mínimo interprofesional el Gobierno aflojó ante la CEOE y se bajó de los 1000 euros para dejarlo en los 950.
El objetivo de introducir una cuenta de capitalización en el régimen de pensiones español es un intento de sustituir el sistema estatal de reparto de las pensiones por un sistema mixto de pensiones mínimas, asistenciales, en el régimen de la seguridad social y una cuenta de capitalización, gestionada por bancos y aseguradoras, basada en aportes patronales de la que podrán disponer los trabajadores en caso de despido, cambio de trabajo o jubilación. Esto implica reformar el estatuto de los trabajadores para modificar el régimen de indemnizaciones actual para subsumirlo en el concepto de cuenta de capitalización, donde el empleador contribuye para librarse de pagar una indemnización en caso de despido, al mismo tiempo que deja de contribuir al régimen de pensiones. En ese modelo los aportes sociales del trabajador serían la única fuente del sistema de pensiones de la SS. Para los empleadores el sistema supondría una bendición al ahorrarles el despido y sustituirlo por los aportes a la cuenta de capitalización.
Además de hacer la felicidad de los capitalistas, estas reformas son un pacto mediado entre el presidente Sánchez durante su Gobierno en funciones y la banca a través de algunos de sus emisarios. Los bancos se quejan de las consecuencias de la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) que erosiona sus beneficios, al privarlos del margen financiero, la diferencia entre los tipos de interés pagados por los depósitos y el cobrado por los créditos. La gestión de las cuentas de capitalización, que quedaría en manos de la banca, sería una colosal fuente de ingresos a riesgo cero para las entidades de crédito que cobrarían una comisión de gestión directa sobre esos cuantiosos fondos.
La necesidad de un acuerdo
El Gobierno no puede entrar solo a la arena en esta faena, necesita para repartir responsabilidades un acuerdo, y para ese acuerdo tiene previsto resucitar el Pacto de Toledo que lleva varios años muerto. Cuenta para esa operación con lograr el apoyo de los grandes sindicatos, quienes ya se han beneficiado de la introducción de los planes de pensiones de empleo (PPE) regulados fiscalmente en 2004, por cuya gestión cobran comisiones al igual que los bancos. Concretamente nos referimos a Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) a nivel de todo el estado y de ELA STV en Euskadi, comunidad autónoma en la que están muy consolidados. En el contexto de una negociación amplia el Gobierno aspira a involucrar a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco en la concreción de las cuentas de capitalización. Existe la posibilidad de que esos partidos acepten un pacto sobre este objetivo porque pueden disfrazar la gestión autonómica de las cuentas de capitalización como una conquista en el camino de una seguridad social autonómica. La posibilidad de que la COESPE se adapte a estos objetivos del Gobierno ha provocado una crisis en el seno de la Coordinadora.
COESPE ha convocado a su Cuarta Asamblea Nacional y la propuesta de la Comisión de Organización de una nueva tabla reivindicativa y de Normas de Funcionamiento ha generado fuertes divergencias. Un sector importante considera que la tabla reivindicativa no tiene porque modificarse, y consideran que las nuevas normas de funcionamiento propuestas no son necesarias. Las preguntas que se hacen es a qué fin sirve debatir una tabla reivindicativa hasta ahora apoyada por todos los sectores como condición para pertenecer a la COESPE. En cuanto a las Normas de Funcionamiento propuestas las ven con suspicacia. En definitiva que se ha planteado una batalla interna en la COESPE entre sectores políticos, de un lado un grupo de dirigentes profundamente vinculados a Unidas Podemos y del otro sectores de la militancia independiente y de organizaciones de izquierda consideran que esas propuestas no son ingenuas.La comisión de Organización ha dimitido de sus funciones ante la reacción de COESPE Canarias y otros dirigentes a nivel nacional, mientras la Comisión de Legal hacía pública su negativa a que se modifique la tabla reivindicativa y se cambien las normas de funcionamiento alertando contra los planes del Gobierno.
Enfrentamientos en el seno de COESPE
La convocatoria de la Huelga General en el País Vasco el 30 de enero contra la precariedad y en defensa de las pensiones públicas por parte del sindicato nacionalista ELA-STV y el abertzale LAB, ha sido otro punto de crisis en el seno de COESPE. Tanto la Coordinadora como los sindicatos CCOO, UGT y CGT en Euskadi se han opuesto a la huelga con el argumento de que pretendía romper la caja única, es decir la unidad de la Seguridad Social a nivel nacional. Sin embargo, nada de eso se dice en la convocatoria de huelga. Algunos activistas en desacuerdo con las críticas de COESPE a la huelga del 30 E se plegaron a ese movimiento en su apoyo. La crisis de la Coordinadora ha sido más por arriba que por abajo. Esto en el sentido de que la decisión de no apoyar la H30E por parte de las direcciones de COESPE ha generado un debate amplio en las distintas regiones y algunos activistas han cuestionado la decisión de la dirección que no fue debatida en asambleas.
Por otra parte tampoco tienen claro muchos activistas independientes la necesidad de modificar la tabla reivindicativa o dar “una organización casi partidista a COESPE” como señalan algunos de los disidentes más notorios. El conflicto está en pie y se irá desarrollando. Ante esto el GIO propugna la formación de una Tendencia Clasista independiente de los partidos de la burguesía dentro del movimiento pensionista, y por la absoluta independencia de la Coordinadora cuya función debe ser centralizar las plataformas que la componen sobre la base de la democracia asamblearia, y no sustituir la actividad independiente de las plataformas por una dirección desvinculada de la decisión de las bases. Nosotros, el GIO, entendemos que hay que oponerse a cualquier intento de integración al estado del movimiento defendiendo su naturaleza de plataforma social independiente, alertamos de que las propuestas de la Comisión de Organización de someter a debate a la Tabla Reivindicativa puede servir para introducir modificaciones ajenas a los principios hasta ahora defendidos. Mientras que la adopción de nuevas normas de funcionamiento puede desembocar en un intento de regimentar al movimiento en el camino de su cooptación por el Estado y su incorporación a la negociación en instancias como el Pacto de Toledo junto con los otros “interlocutores sociales”.
Una huelga contra la tregua
La huelga general del 30 de enero en Euskadi ha sido una importante demostración de fuerza de las organizaciones sindicales nacionalistas que han logrado paralizar una parte importante de la actividad industrial y administrativa de la región. La huelga fue arropada por una manifestación multitudinaria en Bilbao y otras ciudades. Es importante señalar que el movimiento de fuerza que contó con la oposición de CCOO, UGT y CGT en País Vasco, y con el apoyo de CGT en Navarra, es la primera que los trabajadores en activo llevan adelante desde hace muchos años en defensa de las pensiones públicas. La COESPE ha luchado por lograr la adhesión combativa de los jóvenes y los trabajadores activos a su movimiento, y una vez que esta se materializa en una huelga ha manifestado su oposición con el argumento de que los convocantes de la huelga quieren romper la caja única de la seguridad social con un régimen local propio de la SS.
El argumento es una construcción oportunista, porque con independencia de lo que el PNV o Bildu pretendan estratégicamente, el movimiento objetivo y su programa eran de defensa de las pensiones públicas y por condiciones de vida y trabajo dignas. Es decir que, al margen de lo que los partidos y sindicatos vascos supuestamente tramen, la movilización de los trabajadores se hizo por las reivindicaciones de convocatoria de la huelga. Es importante señalar que los trabajadores del metal de Vizcaya han librado una lucha de muchos meses, con varias jornadas de huelga general y manifestaciones el año pasado entre septiembre y el 26 de diciembre, por la renovación del convenio con la patronal del sector obteniendo un avance sobre las condiciones que pretendía la FVEM. El convenio fue firmado por CCOO, UGT y LAB. ELA STV rechazó el convenio porque consideraba posible obtener condiciones mejores que las pactadas y que se recogían en la plataforma conjunta con los otros sindicatos. Lo que en todo caso es más relevante es que el movimiento obrero en la Comunidad Autónoma Vasca viene de un prolongado periodo de combate no solo de los pensionistas sino además del movimiento obrero. Los argumentos de CCOO, CGT, UGT y COESPE para oponerse a la huelga lo que encubren es la decisión de dar al gobierno un margen holgado de maniobra y no enfrentarse a él.
En menos de 30 días los acontecimientos políticos y sociales, con la movilización de los productores agrarios incluida, ponen de relieve que una tregua de 100 días para el Gobierno es darle la oportunidad para que avance en la imposición de sus planes contrarios a los intereses de los trabajadores. La delimitación contra esos planes pasa por la organización de la movilización independiente de los trabajadores. Este era el sentido más profundo de la huelga del 30 de enero, y por ello los partidarios de la tregua social se opusieron al movimiento de fuerza.
