Un Gobierno sin rumbo retrocede ante la derecha, UP se convierte en la cortina de humo de las capitulaciones de Sánchez
La decisión del gobierno de la comunidad de Madrid de restringir la movilidad en seis barrios de la capital, hasta abarcar a 45 zonas sanitarias de la ciudad, ha provocado una fuerte reacción de la población trabajadora que reside en esos distritos que se han considerado “estigmatizados”. Las restricciones de la movilidad en esos barrios que incluye el cierre de parques y medidas limitando aforos han provocado una movilización de protesta en todos los barrios afectados. La reacción vecinal refleja el profundo rechazo a la política de la Comunidad de Madrid que durante décadas ha privado de presupuesto a los centros de salud primaria, la primera línea de batalla contra cualquier proceso epidémico. Esos centros de salud carecen del suficiente personal, del equipamiento necesario para la seguridad de los profesionales de la salud, y se encuentran desbordados por la afluencia de pacientes con síntomas de la Covid-19. Pero además expresa el efecto sobre una parte importante de la población precaria cuyos ingresos dependen de prestaciones personales y trabajos que no están amparadas por contratos laborales, y que por lo tanto quedan confinados y pierden sus ingresos.(https://twitter.com/PoderPopularWeb/status/1309558420874424322?s=20)
Las asociaciones de vecinos y activistas de los barrios que dicen rechazar la estigmatización reflejan de forma distorsionada los efectos de la lucha de clases. Un estigma es una diferenciación negativa de una persona o grupo de personas. La decisión de la comunidad de Madrid de cercar a los barrios de trabajadores desnuda el hecho que es en estos barrios donde la Covid-19 ha vuelto a brotar con fuerza renovada. Y esto, lejos de ser un estigma, es una expresión clara de que la explotación capitalista expone a los trabajadores al contagio de todo tipo de enfermedades infecciosas. El desarrollo de un sistema sanitario universal y gratuito tiene por objetivo bajo el capitalismo preservar la salud de los trabajadores porque sin la explotación del trabajo que genera plusvalía, fuente de la ganancia capitalista, el sistema se derrumba, algo que la pandemia ha dejado expuesto en carne viva con la violenta caída de los ingresos empresariales. Es por eso que el confinamiento no impide a los que tienen empleos contractuales ir a trabajar, aunque eso implique la expansión de la enfermedad.
Los principales motivos para la extensión del contagio son la proximidad en los trabajos que requieren actividad conjunta, como las líneas de producción y montaje o las obras en la construcción. El hacinamiento domiciliario, es decir la imposibilidad de aislar a los enfermos por falta de espacio en la vivienda familiar. El transporte público que en horas punta impide la distancia de seguridad. La ausencia de un control sistemático y regular de anticuerpos mediante test masivos que permitan determinar a quién se debe aislar por estar enfermo o porque es un asintomático capaz de contagiar. Todos estos elementos no constituyen un estigma. Se trata de las condiciones objetivas de vida de la población que se gana la vida trabajando y no explotando el trabajo ajeno. Son los propietarios del capital y los políticos a su servicio los que amenazan de forma directa la salud y la vida de los trabajadores en Madrid, en toda España, en Europa y en el resto del mundo. Pero para poner fin a la extensión de la enfermedad en este momento es necesario el confinamiento de todo Madrid. Su paralización, lo que exigiría garantizar las condiciones de vida de los trabajadores, es decir asegurar sus ingresos. La paralización de las labores por fuerza mayor no es responsabilidad de los trabajadores que deben percibir salarios o ayudas si no tienen un trabajo.
Tras levantar el estado de alarma de forma prematura el gobierno, las organizaciones de empresarios y la oposición, señalaron que se ocuparían de preparar las condiciones necesarias para impedir una segunda ola. Sobre esta base argumentaron que era imprescindible retomar la actividad económica como sea. De acuerdo con los colectivos de epidemiólogos que publican regularmente en medios científicos como The Lancet Madrid precipitó el fin del confinamiento sin que estuvieran dadas las condiciones para ello. Fue así que el país le abrió las puertas al turismo con vuelos atestados de gente con controles sanitarios ineficaces cuando los hubo, que se sumó a la actividad de hostelería y restauración además de la actividad industrial y de la construcción que ya estaba en plena marcha.
El resultado está a la vista, una segunda ola prematura y un caos donde quedó claro que no se tomó ninguna medida en ningún ámbito para prepararse. Por el contrario la situación se agravó porque nos encontramos con infraestructuras ineficientes e insuficientes. No se aprovechó el tiempo para construir o acondicionar salas y edificios, habilitar plantas de hospitales que permanecen cerradas, y se desmontaron las instalaciones de emergencia que se habían construido como el de IFEMA y otras. Para colmo, en medio de una escasez de médicos y personal sanitario, las comunidades autónomas cancelaron los contratos firmados para hacer frente a la emergencia durante el pico de la pandemia en la primavera pasada, especialmente en Madrid, aunque toda España tiene la media de médicos por habitante más baja de Europa.
Estamos ante una falta de material, agotamiento del personal sanitario, sin relevo, mientras que los que se había contratado de forma temporal y precaria fueron despedidos. Tampoco se tomaron medidas en las residencias de mayores donde se registraron los índices más altos de muertes. La sanidad privada sigue haciendo caja mientras que el sistema público de salud nuevamente se encuentra colapsado. A todo esto se le agregó el inicio de las clases sin ninguna preparación en cuanto a personal, infraestructuras y apoyo sanitario. Todo esto para evitar invertir en prevención y dar una imagen de normalidad y de que todo estaba bajo control ante la presión desesperada de los empresarios en un intento de evitar su hundimiento reanudando la explotación del trabajo ajeno.
El desmadre colosal que hay hoy en día en Madrid y el resto de las comunidades gobernadas por el PP, es atribuido a la derecha por parte del gobierno y de los principales medios mientras la derecha se los achaca al gobierno. En realidad los dos son responsables de la actual situación y mienten a la par. Los médicos de cuidados intensivos denuncian que las cifras de utilización de plazas en las unidades de cuidados intensivos que difunde el ministerio de Sanidad son falsas porque computan las nuevas camas habilitadas de forma precaria para ese fin. La situación descontrolada que hay en Madrid y en otras comunidades como Andalucía ya desborda los límites de las mismas porque compromete a todo el territorio, pero en el resto de las regiones tampoco las cosas van bien, solo que están avanzando en el caos un paso por detrás de Madrid. Es decir que estamos ante una segunda ola con todos sus riesgos fuera de control.
El gobierno central se limita a hacer advertencias pero no toma cartas en el asunto. El argumento que las cosas van mal donde gobierna el PP y de que cada Comunidad Autónoma es la responsable, ya no cuela. Tanto las cámaras empresariales como los partidos de la oposición como el propio gobierno están de acuerdo en que la actividad económica debe seguir a cualquier precio y que es impensable otro confinamiento ni otro estado de alarma, aunque esta fue la única medida que hasta ahora demostró ser efectiva para parar los contagios y las muertes.
Las luchas y movilizaciones que surgieron apenas comenzó la pandemia para defender la salud y la economía de los trabajadores se han redoblado. Las protestas y huelga se los docentes, de los barrios confinados en el sur de Madrid, los conflictos por despidos, la lucha por la seguridad en el trabajo son expresión de ello. Las medidas económicas que tomó el gobierno se limitaron a una colosal transferencia de recursos para rescatar al capital mientras que los trabajadores afrontan Ertes, Eres, despidos, ausencia de medidas de seguridad sanitaria en sus lugares de trabajo o en el transporte. Las que supuestamente estaban destinadas a ayudar a la situación de los trabajadores simplemente no se cumplieron o fueron tan escasas que para la gran mayoría prácticamente no existieron.
Los ingresos no fueron suficientes para afrontar los alquileres, los servicios, y la comida. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) la medida estrella de Unidas Podemos, fue inaccesible para la gran mayoría por las trabas burocráticas y la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social y el filtro aplicada por esta. Un colapso que se repitió en todas las oficinas de atención al público “Cuando el IMV se aprobó el 29 de mayo, el gobierno dijo que este subsidio beneficiaría a 2,3 millones de personas. A 7 de agosto sólo se habían aprobado 3.966 solicitudes en todo el Estado, de un total de más de 600.000”. https://kaosenlared.net/?p=797390
El colapso en todas las oficinas públicas sea en la atención sanitaria como en las oficinas del Sepe o de la Seguridad Social no sólo no se resuelve sino que se agrava con la cantidad ingente de personas que quieren acceder a algún servicio o trámite. La alternativa de hacer esos trámites por internet quedó también desbordada y es imposible acceder a una cita vía telefónica.
En medio de la pandemia y de la peor crisis económica tenemos un gobierno sin rumbo.
El gobierno se presentó frente a la pandemia reclamando la unidad de todas las fuerzas políticas y pregonó que todos estábamos unidos en esta “guerra”. Sin embargo ni siquiera logra concretarla en su propia alianza de gobierno. El PSOE por un lado negocia los futuros presupuestos con Ciudadanos y pretende atraer al PP, mientras Unidas Podemos lo hace con el nacionalismo Catalán. Los enfrentamientos y decisiones unilaterales por parte del PSOE, la falta de respuesta y reacción del Gobierno y de UP frente a provocaciones de la ultraderecha como las manifestaciones en el domicilio de Pablo Iglesias son ejemplo de ello. Las manifestaciones fascistas se libran de la Ley Mordaza -que sí se aplica a las protestas de trabajadores, y manifestaciones antimonárquicas- y no cumplen con las normas sanitarias. Frente a esta situación UP se mantiene en una posición de comparsa sin voz ni voto.
La fuga del rey, las negociaciones sobre los presupuestos, la fusión bancaria de Caixa Bank y Bankia nuevamente a espaldas de UP, que se limitó a tibias protestas, las declaraciones contradictorias sobre distintas medidas que por lógica hubieran obligado a la ruptura del acuerdo de gobierno por parte de UP desnuda el carácter cómplice de la formación de izquierdas con la línea antiobrera del gobierno. Los datos de la pandemia en España (no sólo en las comunidades gobernadas por el PP) baten los récord europeos, los datos oficiales siguen siendo poco serios pero se calcula que estamos en más 46.000 fallecidos (https://www.eldiario.es/sociedad/cifras-muertes-semanales-publica-sanidad-representan-mitad-reales_1_6243126.html) (https://www.telecinco.es/informativos/salud/momo-exceso-muertos-espana-pandemia-coronavirus_18_3004845028.html)
Mientras tanto Iglesias y Garzón se dedican a lanzar tweets en contra de las decisiones del ejecutivo del que forman parte como si fueran militantes de base de las asambleas de barrio y no ministros del gobierno que critican de forma hipócrita, como si fueran ajenos a las decisiones del Gobierno. Son una verdadera tapadera de izquierda de una política destinada a salvar a los grandes intereses capitalistas de España.
El gobierno quiere un acuerdo presupuestario con las derechas pero ya está fuera de plazo para el de 2021 con lo cual se prorrogarían por tercera vez los presupuestos del gobierno de ¡¡¡Rajoy !!! Las ayudas prometidas por la UE, unos 140,000 millones de €, son insignificantes comparados con la magnitud de la caída de la economía, sólo el sector de la hostelería y el ocio estiman pérdidas por 100.000 millones para este año. Por otro lado el cuento de que la UE daría ese dinero sin condiciones fue ya desmentido por la propia UE: https://elpais.com/economia/2020-09-21/bruselas-endurece-las-condiciones-para-liberar-las-ayudas-europeas.html
Las plataformas de lucha, sindicatos alternativos y mareas y aún los conflictos sindicales, se mueven en el terreno de pedirle al gobierno o a la justicia que intervenga en su defensa. No tienen una estrategia propia. Los aparatos políticos de la izquierda y las burocracias sindicales, y hasta los sindicatos alternativos como CGT, fuerzan una parlamentarización de las luchas. Pretenden sacar la lucha de las calles y de las fábricas para centrarse en la presión sobre los grupos parlamentarios, en particular con UP. Es decir que las luchas de los trabajadores se confinan al marco institucional bajo el control de UP. Los programas de reivindicaciones están destinados a pedir “ayuda” al parlamento.
La unidad en la lucha que todos dicen querer tiene ese principal obstáculo. Es necesario superar a las direcciones comprometidas con la política capitalista. Es necesario que los trabajadores tomen en sus manos la resolución de los problemas de la salud, la educación, y el empleo, es decir de la sociedad. Cada vez se hace más visible la importancia de la huelga general como objetivo de lucha y la necesidad de adoptar los métodos de organización y debate para imponerla. Pero el profundo compromiso con el Gobierno “de progreso” y las ilusiones parlamentarias impulsadas por la izquierda democratista lleva a que ninguna plataforma de lucha, sindicato, o marea se haya pronunciado en ese sentido. Cuando se plantea el tema en las plataformas de lucha, se oponen con todas sus fuerzas. Esto porque sería romper el muro de contención institucional y entrar en los métodos históricos de la clase obrera para conseguir sus reivindicaciones escapando del control del aparato de los partidos capitalistas. En ese camino también la vanguardia de la resistencia a los planes del gobierno, de la banca y de la UE, requiere construir una nueva dirección de la clase obrera que luche por su propio gobierno.
