Los gobiernos central y autonómico encubren su responsabilidad – Corona y partidos burgueses, santa alianza contra los trabajadores – Organicemos la huelga general por la dimisión de los responsables y por el control obrero de los recursos para combatir las catástrofes naturales
El retraso, la desorganización y la ineficacia en asistir a las víctimas de la DANA en pueblos y ciudades de Valencia y Castilla La Mancha se ha expresado en el rechazo popular al grito de “asesinos” el domingo en la visita de los reyes de España y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al pueblo de Paiporta donde de momento se registraron 62 muertos. El grado de enfrentamiento llevó a la retirada de los dos presidentes. De acuerdo con lo que recogen los medios de comunicación el clima de hostilidad hacia las autoridades no ha hecho más que crecer desde que el martes 29 se iniciaron las riadas e inundaciones que han ocasionado, contabilizadas hasta el momento, 211 muertes.
La visita ha dejado al desnudo la profunda complicidad entre la corona, el gobierno central y el autonómico con cuestiones de fondo como la especulación inmobiliaria que lleva a la edificación incontrolada en zonas inundables, con la explotación de los trabajadores con desprecio de sus vidas, con la planificación urbanística destinada a llenar los bolsillos de los promotores, y con la incapacidad organizativa y las rencillas políticas por cargar el peso de la “culpa” sobre el adversario político. El repudio popular atribuido por el presidente Pedro Sánchez a “algunos violentos” es la reacción social al encadenamiento de hechos que puede elevar la lista de muertes al millar.
El Gobierno de España, la coalición PSOE Sumar, se escudó en la responsabilidad local de la autonomía para no decretar el Estado de Alarma que le permitía actuar de forma directa y tomar en sus manos la centralización de todas las operaciones de rescate. La Generalitat de Valencia en manos del Partido Popular no solicitó la intervención del gobierno central para retener el control político del rescate de la población en un intento fallido de enmendar sus errores garrafales que han costado muchas vidas. Ambos ahora pretenden tapar la responsabilidad compartida, junto con la corona, frente a esta catástrofe natural.
Son responsables
Pero la responsabilidad directa de los gobiernos central y autonómico no admite ocultamiento. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió seis días antes de que se iniciaran las lluvias torrenciales que el frente de tormentas que se aproximaba iba a crear una situación excepcional. El lunes 28 advirtió que se trataba de una alerta naranja, pero el 29 a las 7:30 de la mañana había elevado el nivel de alerta al máximo, roja. Sin embargo el Gobierno Valenciano no transmitió ninguna señal de alarma de Defensa Civil por SMS a la población hasta las 20:30 cuando ya el agua bajaba de forma torrencial por los barrancos y calles de los pueblos. El mensaje llegó a los móviles de la población cuando tenían el agua al cuello o estaban sobre el techo de sus automóviles.
Con raras excepciones las empresas no cerraron ni enviaron a sus trabajadores a casa mientras era seguro y algunas, como Mercadona, amenazaron al personal con despidos. Mientras tanto la Diputación Provincial de Valencia envió a sus trabajadores a casa a las 14:00. No se suspendieron las clases en los colegios, no se declaró día no laborable, y no se advirtió con la anticipación necesaria a la población en general. Una negligencia que dejó expuesta a los habitantes de la región a un fenómeno natural de una magnitud sin precedentes pese a que son regiones que sufren fenómenos meteorológicos adversos a principios del otoño.
En la mayor parte de las zonas afectadas la luz no se restableció hasta el sábado 2 de octubre, pero la falta de agua y alimentos en los pueblos anegados no se había restablecido aun el domingo 3. La primera asistencia durante la semana llegó de la mano de los voluntarios que se encolumnaron de a miles a pie por carreteras por las que no podían transitar vehículos. El gobierno de Valencia en manos del Partido Popular (PP) celoso de mantener bajo su control el proceso de asistencia a los damnificados se resistió durante días a solicitar ayuda al gobierno central. El gobierno central con el argumento de que las alarmas y la asistencia son responsabilidad de las comunidades autónomas dijo que actuaría cuando se lo solicitara la autonomía valenciana sin tomar cartas en la crisis.
En una manifestación de incapacidad sin precedentes mientras la Generalidad valenciana solicitaba tardíamente la ayuda al Gobierno central para que enviara al ejército, cuerpos de la Unidad Militar de Emergencia llevaban días esperando que se les diera acceso a las zonas de catástrofe. Los bomberos forestales de Valencia que cuentan con cuatro helicópteros no fueron movilizados. La primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se efectuó después de las 17 horas del 29 de octubre cuando la devastación era irreparable, incluyendo las innumerables muertes. De esa reunión, a las 20:30 salió el SMS tardío desdiciendo al presidente Mazón que había declarado a las 13:30 de ese día que lo peor ya había pasado.
La defensa de los capitalistas y sus intereses
Con la población damnificada y los voluntarios al borde de una sublevación popular el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el domingo que los “violentos” no iban a conseguir desviar su atención de las tareas esenciales: la ayuda de los afectados y la reconstrucción de las viviendas e infraestructuras dañadas. Mientras tanto el agua, los alimentos y la electricidad seguían sin llegar a la mayoría de las zonas de catástrofe. Las autoridades centrales y las autonómicas se encubren mutuamente para ocultar su responsabilidad.
Frente a esta incapacidad manifiesta de las autoridades los trabajadores en las zonas de catástrofe deben auto organizarse para asumir el control de la distribución de los alimentos, las medicinas y los elementos de primera necesidad. Deben apelar a la solidaridad de los trabajadores del resto del estado para canalizar los recursos necesarios para atender a esta catástrofe y se deben crear comisiones de centralización de los elementos necesarios en cada comunidad autónoma para formar una red nacional de asistencia bajo control obrero.
Mientras tanto los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, brillan por su ausencia. Los sindicatos combativos como CGT se dedican a acopiar ropa y alimentos para enviar a los damnificados. Parece que la muerte de trabajadores por la negligencia de las patronales y la incapacidad y desidia de las autoridades políticas no tuviese que ver con ellos. Una reacción elemental en defensa de los intereses de los trabajadores es la convocatoria de una huelga general nacional en repudio tanto a la actitud de los empresarios como a la incapacidad de coordinación y actuación de las administraciones implicadas por los conflictos de intereses políticos antagónicos. Esto ha abierto una crisis feroz tanto para el gobierno como entre las filas de la oposición que anuncia una crisis de régimen.
El aumento imparable de la temperatura de la atmósfera terrestre tiene severas consecuencias sobre el clima, algo verificable en todas las naciones europeas con costa sobre el mar Mediterráneo. Grandes incendios incontrolables, tormentas de una violencia sin precedentes. El capitalismo en su periodo de declinación terminal tiene una responsabilidad directa en la agudización de la degradación de la naturaleza. La irrupción de pandemias es parte de este mismo proceso con la maximización de los beneficios en la producción de alimentos que impulsa las zoonosis. La normativa urbanística en España se amolda de forma creciente a la especulación inmobiliaria. Más de 1,5 millones de viviendas están construidas en superficies anegables.
Por un gobierno de los trabajadores
Sólo la lucha por un gobierno de los trabajadores puede sentar las bases de un cambio de rumbo para la humanidad. La batalla por la organización de una huelga general contra los gobiernos responsables de los efectos ilimitados de la catástrofe de la DANA, contra la tasa de explotación de los trabajadores por la clase capitalista, por el control obrero de los recursos y medios de defensa contra las catástrofes naturales. Estos deben ser los ejes para la reorganización de los trabajadores con el objetivo de la eliminación histórica del estado de los capitalistas cuyo objetivo es sacrificar las necesidades de las masas trabajadoras para preservar un sistema de explotación del hombre por el hombre.
La derecha ha puesto en circulación el eslogan “Solo el pueblo salvará al pueblo”. El “pueblo” en ese contexto es una categoría sin destino revolucionario de la cual pretenden apropiarse los que conspiran contra la organización del proletariado como clase revolucionaria. Es un engaño más. De lo que se trata es de organizar a los trabajadores detrás de un programa claro de combate contra la burguesía y el capital en la perspectiva de un gobierno obrero. Socialismo o barbarie.
