La vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía Nadia Calviño presento ante la Unión Europea (UE) en la segunda semana de enero el plan sobre el cual se deben justificar las ayudas y créditos previstos por Bruselas en su acuerdo del 17 de diciembre en el presupuesto a siete años y el plan de créditos y ayudas excepcional bautizado como Next Generation EU. De este plan dependen créditos y ayudas por importe de 140.000 millones de euros para hacer frente a una devastadora crisis económica conjugada con la pandemia. Pero en la presentación hubo dos temas que se esbozaron verbalmente porque, señaló la ministra, “se está trabajando con los agentes sociales sobre sus detalles”.
Poco antes de la presentación el ministro de la Seguridad Social salió a desmentir que estuviera entre sus planes extender el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 35 años. Aseguró entre otras cosas que esa propuesta nunca había existido. Pero el 21 de enero los medios publicaron partes del documento “inexistente” https://elpais.com/economia/2021-01-20/este-es-el-documento-sobre-la-reforma-de-las-pensiones-que-escriva-dice-que-no-ha-existido.html, es decir que la propuesta existía, pero quedó suspendida porque desató un profundo malestar en la sociedad porque el proyecto suponía reducir las pensiones de los nuevos pensionistas. Hay dos versiones del documento que el ministro dice que no existe, en la versión de diciembre se hace una previsión de rebaja de las pensiones del 6,3% por la extensión del plazo en 10 años y en el de enero la rebaja era del 5,5%.
El nombre del documento es sugerente: Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.Lo que se autodenomina el ala izquierda del gobierno, es decir Unidas Podemos (UP), ha salido a alardear de que era una victoria de ellos el haber frenado el intento del ministro José Luis Escrivá. Mientras tanto los portavoces oficiales y oficiosos de UP en las plataformas sociales, en especial las de pensionistas como “COESPE Oficial”, desarrollaron la teoría de que la renovación del Pacto de Toledo hace seis meses “no es relevante”. La teoría es que como son solo recomendaciones no se van a llevar a la práctica porque la famosa “ala izquierda” del gobierno lo va a impedir. Según esos portavoces los Pactos que votó también UP no tienen la menor relevancia y hay que centrarse en otras cosas. Pero el jueves 28 de enero el ministro, que se dedica a mentir al desmentir que no existen cosas que si existen, tuvo una comparecencia en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso. En ella se dedicó a marear la perdiz diciendo que los parlamentarios de la oposición se dedican a creer lo que dicen los periódicos en lugar de atenerse a la realidad.
La afirmación viene a cuento de que el Partido Popular preguntó de forma previa al ministro si era cierto que se extendía en 10 años el periodo de cómputo de las pensiones. Volvió a señalar que en los planes que se envían a Bruselas no se va a incluir la propuesta de extender el periodo de computo de las pensiones. Sin embargo dijo que la base de cómputo es importante para determinar las pensiones de los nuevos pensionistas, teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que ese era un tema “necesario de abordar” en el futuro. Lo que dejó claro es que la prolongación del periodo de cómputo para las nuevas pensiones no se había descartado sino que se había postergado, y bien vale la pena recordar que la propuesta original era aplicarlo en el 2023… un plazo para el que aún hay margen de maniobra. Dijo también que eliminado el factor de sostenibilidad, es decir una forma de reducir las pensiones a los que tengan mayor expectativa de vida de acuerdo con la reforma del Partido Popular de 2013, hay que debatir cómo se van a calcular las pensiones en el futuro y habrá que dotarse del mecanismo adecuado para ello porque el “problema existe”. Lo que explicó es que está en desarrollo la negociación con los “agentes sociales” es decir sindicatos mayoritarios y patronales y que el movimiento se demuestra andando.
Es decir “esperen y verán qué es lo que pactamos” y por sobre todas las cosas “dejen trabajar al gobierno”, afirmó. Justificó la exigencia al PP de confianza en el trabajo de su ministerio en el hecho de que todos los partidos políticos del arco parlamentario “con sólo dos abstenciones”, recalcó, aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo y que el trabajo del gobierno se desarrollaba estrictamente en el sentido de ese acuerdo. Al respecto dijo que había que recuperar el consenso que dio a luz la nueva versión de ese acuerdo. Por lo tanto afirmar que los Pactos de Toledo no son la cuestión central y que carecen de importancia es una afirmación que va destinada a dar margen al gobierno para “que trabaje” en la dirección de ese acuerdo negociando con la CEOE, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT que están íntimamente asociadas a las reformas de las pensiones que establecieron los planes privados de empresas (PPE) en los que participan la banca, las patronales y los sindicatos. Pero lo más gordo que dijo Escrivá el jueves 28 de enero fue que: “Estuvimos de acuerdo con el nuevo acuerdo sobre el Pacto de Toledo en que no se miraría hacia atrás, hacia las reformas anteriores. Decidimos dejar eso como estaba”. Esto es la admisión pública que en la base del pacto entre PSOE y PP para renovar el acuerdo de los Pactos de Toledo fue renunciar a derogar las reformas, en particular la del PP del 2013. Y esa afirmación UP se la come con patatas todos los días cada vez que sus ministros se sientan en sus despachos lo que les vale cobrar unos golosos sueldos. La puerta está abierta para profundizar las reformas, eso quedó claro.
El vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis señaló en una entrevista reciente https://elpais.com/economia/2021-01-20/valdis-dombrovskis-vicepresidente-de-la-comision-el-plan-espanol-necesita-mas-trabajo.html que España fue el primer país en presentar de forma parcial sus planes en diciembre de 2020. Preguntado respecto de las “inconcreciones” en materia de reforma laboral y de pensiones, Dombrovskis señaló que: “No puedo empezar a comentar reformas concretas. En cualquier caso, es necesario seguir trabajando. La labor con las autoridades españolas se está desarrollando bien, pero hay elementos que deben ser trabajados. Es algo general, no solo de España. Hay que fijar hitos y objetivos, porque son los que permiten los desembolsos. Y eso nos ahorrará discusiones más tarde”.
La ministra Calviño está claro que mantiene el compromiso con sus objetivos y para el gobierno es una ministra indispensable porque de su intervención depende en buena medida el éxito de la gestión de los 140.000 millones que España espera recibir. Que Bruselas vaya a dar el dinero sin un compromiso claro en ambas reformas es una mentira. Escrivá dijo en su comparecencia que “Bruselas ha entendido cuál es nuestra situación, de dónde partimos por la reforma del 2013, y que nuestro gasto es del 12% del PIB comparado con el de Francia del 17% del PIB”, y afirmó que quien tiene el problema es Francia por el volumen de gasto y no que España se tiene que acercar a Francia en materia del gasto en pensiones. Pero por más comprensión que tenga la CE está a la espera de lo que el gobierno pacte con los “agentes sociales”. Es decir, lo que prepara el gobierno es un ajuste del sistema público de pensiones cuya dimensión ya ha sido acordada entre el PSOE y los ministros denominados independientes como Calviño y Escrivá. Decir que los Pactos de Toledo carecen de relevancia es una afirmación oportunista y falsa que esgriman los plumíferos vinculados a UP. En el documento de recomendaciones se da por bueno el periodo de 25 años para el cómputo de la base, se apoya a los planes de pensiones de empresa y al denominado tercer pilar, los planes privados individuales de pensiones. Es decir que se renuncia de forma expresa a derogar las reformas lesivas de 2011 y 2013 y se alientan los planes complementarios en la vía de la privatización parcial de las pensiones. Por añadidura se plantea afinar los estímulos fiscales a estas opciones.
Mientras tanto UP sigue perdiendo caudal de votos. El último barómetro del CIS indica que la intención de voto a favor de UP es ahora del 10,7% perdiendo una décima respecto de diciembre pero el 3,1% por debajo de enero de 2020. Es decir que su compromiso con la política del gobierno le va restando capacidad electoral. No en vano las crisis internas saltan de un sitio a otro, como la que afecta al Partido Comunista Español en Granada a expensas de los disparates que dice el ministro de Consumo Alberto Garzón, o las que sacuden día sí día no a Podemos. Quiere decir que la teoría de que en las próximas elecciones un Unidas Podemos reforzado permitirá conseguir lo que ahora se pierde por tener solo 35 escaños, como sostiene Garzón, es otra falsedad más. UP va camino de una triste disolución por su política de compromiso con los “agentes sociales” en la que está directamente implicado a través de su ministra de Trabajo. Mientras tanto la afirmación de que la reforma del sistema de pensiones es una ocurrencia de Escrivá, y no una política del gobierno, ha quedado desmentida una vez más con la comparecencia del ministro en el Congreso. Los ministros no son autónomos las políticas que despliegan pasan por el consejo de ministros.
Unidas Podemos, y su primer actor en el escenario político Pablo Iglesias, hacen mucho ruido en una supuesta confrontación con la que pretenden recuperar el espacio perdido, pero una vez aprobados los presupuestos de 2021 ya no les queda fuelle para imponer cambios a los que ya están comprometidos de puertas adentro. Incluidos los Pactos de Toledo que votaron. Muy por el contrario su papel es el de quebrar la resistencia de las plataformas sociales en las que participan quitando importancia a hechos clave como esos propios Pactos que son la base de las reformas que negocia Escrivá.
Por eso la clave de la lucha en contra de la reforma de las pensiones es un plan de lucha que apunte a la movilización masiva de la sociedad. Es una cuestión central que el movimiento obrero organizado tome en sus manos esta lucha que afecta al futuro de todos los trabajadores. La reforma no va a afectar a los que ya están jubilados, a los pensionistas actuales, sino a los que se vayan a jubilar en el futuro. Es una lucha a la que hay que incorporar a la juventud. Las plataformas de pensionistas enfrascadas en una lucha de aparatos se proponen movilizaciones a corto plazo tras la ruptura de la COESPE en dos fracciones, lo que atenta de forma profunda a la unidad del movimiento. Pero ninguna de las dos fracciones se propone un plan de largo alcance que proponga la agitación dentro del movimiento obrero para la formación de intersindicales de lucha contra las reformas de pensiones y de trabajo. El movimiento obrero de forma puntual por iniciativas de comités de empresa y federaciones han manifestado su apoyo y simpatía por la lucha de los pensionistas. Hay que dar forma organizada a esa simpatía y avanzar hacia una huelga general en contra de las reformas.
CCOO y UGT han convocado a una movilización en febrero como forma de presionar al gobierno en torno a las reformas laboral y de pensiones que están en debate. El movimiento pensionista debe acudir a esa convocatoria con sus propias consignas y objetivos para dejar clara su postura en contra de cualquier compromiso que atente contra el sistema público de pensiones y a favor de la derogación de las reformas de pensiones y laborales lesivas para los trabajadores. Otro objetivo que Unidas Podemos y los sindicatos mayoritarios ha abandonado por el camino. Hay que denunciar el compromiso de ambas centrales sindicales en el desarrollo de los Planes de Pensiones de Empresa y su compromiso con las reformas que impusieron el denominado segundo pilar.
