Por una política de clase independiente e internacionalista
El Partido Popular ha apelado al grupo del Partido Popular Europeo, liderado por Manfred Weber de la formación conservadora alemana Unión Social Cristiana (CSU), para bloquear la constitución de la Comisión Europea pactada por las principales fuerzas políticas de la Unión Europea.
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El retraso, la desorganización y la ineficacia en asistir a las víctimas de la DANA en pueblos y ciudades de Valencia y Castilla La Mancha se ha expresado en el rechazo popular al grito de “asesinos” el domingo en la visita de los reyes de España y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al pueblo de Paiporta donde de momento se registraron 62 muertos. El grado de enfrentamiento llevó a la retirada de los dos presidentes. De acuerdo con lo que recogen los medios de comunicación el clima de hostilidad hacia las autoridades no ha hecho más que crecer desde que el martes 29 se iniciaron las riadas e inundaciones que han ocasionado, contabilizadas hasta el momento, 211 muertes.
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La operación de rescate y exilio en España del candidato a presidente de Venezuela del opositor Edmundo González Urrutia extremó las divisiones políticas en España y la Unión Europea. El Partido Popular ha forzado una votación en el Congreso para un voto no vinculante reconociendo al candidato presidencial opositor como legítimo presidente de Venezuela y ha logrado su aprobación con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El voto se repitió en el senado donde también obtuvieron la aprobación. Mientras tanto el gobierno de Pedro Sánchez se mantiene fiel a la postura de la Unión Europea (UE): el gobierno de Maduro debe mostrar las actas que ratifiquen el triunfo electoral que ha reconocido la Corte Electoral de Venezuela controlada por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea se ajustan al guión y evitan reconocer al candidato de la oposición como legítimo presidente. Es la misma posición que sostiene Washington a cuyo dictado se somete el gobierno “más progresista de la historia de España”.
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El lunes 12 de agosto los miembros del nuevo gobierno de Cataluña, presidido por el socialista Salvador Illa, juraron sus cargos. La investidura de Illa se logró gracias al voto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de los Comuns. La suma de los votos en la sesión del 8 de agosto fue de 68, la cantidad que indica la mayoría necesaria. Vale la pena recordar que el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, no podía lograr una investidura porque obtuvo 35 escaños frente a los 42 del PSC y los votos de ERC no alcanzaban para una coalición nacionalista tras los resultados electorales adversos de Esquerra. Junts votó en contra de la investidura de Illa, pero votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 tras pactar junto con ERC y el PSOE una ley de amnistía para los procesados y condenados por el Procés, nombre de la movilización en Cataluña por la independencia desarrollada entre 2014 y 2017.
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Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado domingo han provocado una crisis severa en el rejunte político bautizado como Sumar impulsado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. La coalición logró tres escaños al PE y dejó fuera a la principal fuerza organizada, Izquierda Unida a la cual se le adjudicó el cuarto puesto en las listas. La ministra se ocupó personalmente de dejar en ese lugar al partido del que formó parte, como ex militante comunista, para hacer lugar a sus propias huestes del partido Sumar y de sus aliados como Más País. El resultado no sólo es un golpe serio para esa agrupación, sino para el propio gobierno de Pedro Sánchez. La estabilidad del ejecutivo realmente pende de un hilo.
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Detrás de sus argumentos amorosos se erige la profunda debilidad de su gobierno y el intento de recuperar para el PSOE los votos que pierden Sumar y Podemos. El presidente pretende establecer su papel como único dique de contención frente a los trabajadores en la perspectiva de la guerra y una consolidación fiscal para reducir el déficit público.
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El primero de mayo, la jornada histórica de lucha y reflexión de la clase obrera mundial, se presenta en España en medio de una operación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su partido con el objetivo de reforzar su papel en el ejecutivo y captar el voto de los desencantados de Sumar y Podemos. Frente al desmoronamiento de sus aliados en la coalición, Sánchez espera atrapar los votos del “progresismo” de un Podemos en bancarrota y sus aliados en crisis en las próximas elecciones en Cataluña y las europeas en junio. Pero la verdadera intención de ese sainete con el que pretende su reforzamiento es darle aire a un gobierno inestable y de crisis para un profundo ataque contra la clase obrera. Esa es la condición para hacer frente al incremento del gasto militar con el objetivo de profundizar la participación de España en la guerra de Ucrania entre la OTAN y el gobierno capitalista ruso liderado por Vladimir Putin.
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Los días 20 y 27 de enero hay convocadas movilizaciones en repudio al genocidio que está perpetrando el estado de Israel contra el pueblo de Palestina en Gaza con el apoyo de los Estados Unidos y la OTAN. El genocidio llevado adelante por Israel cuenta con el apoyo directo de la Unión Europea y de España. Se trata de una agresión que incluye a la población de Cisjordania y que ya se extiende a otros países de la región como Yemen, Siria, Irak y el Líbano. A lo que hay que agregar la guerra de la OTAN en la propia Europa contra Rusia.
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La investidura de Pedro Sánchez inaugura un nuevo gobierno de coalición signado por la debilidad. El mismo día de la investidura las fuerzas parlamentarias a su izquierda dentro de la coalición agrupadas en el frente Sumar, roído por la crisis desde su constitución, dio la nota. Uno de sus miembros en caída libre, Podemos, ya ha anunciado sus discrepancias y ha amenazado con abandonarlo si su dirigente Irene Montero no es nombrada ministra. Por su parte el hasta ahora ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha anunciado que deja la militancia política. El desenlace de la maratón parlamentaria es una expresión de la crisis de régimen en la que está sumergida España.
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El 5 y 6 de octubre la presidencia española de la Unión Europea ha convocado una reunión de la Comunidad Política Europea y una reunión informal de los jefes de estado y de gobierno europeos en la ciudad de Granada. Ambas reuniones están viciadas de nulidad. La primera es un esperpento iniciado por la presidencia francesa de la UE en 2022. La iniciativa ha pretendido agrupar apoyos a la Unión Europea (UE) entre naciones del continente que no pertenecen a esta última. Fue, y es, un intento de forzar la…
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