¡El “gobierno de progreso” consiente que esquilmen a los trabajadores!

Las compañías eléctricas en España, y en toda Europa, han llevado el precio del kilovatio a niveles sin precedentes. De récord en récord, el 7 de octubre se alcanzaron los 288,53€ por kilovatio hora. No hay nada que justifique estos niveles. Son el resultado de un mecanismo de fijación de precios diseñado para llenar el bolsillo de esa industria, y de la especulación de las propias eléctricas y los bancos de negocios en los mercados del gas y de los derechos de emisión de carbono. La electricidad es un bien básico y un servicio público sin el cual no se puede desarrollar la vida contemporánea ni la actividad económica, pero está en las manos de grupos cuyo objetivo es aumentar sus beneficios.

El Gobierno español diseñó un paquete de medidas con el objetivo de reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas y aplicar parte de esa reducción a bajar la factura de los consumidores “más vulnerables”. Pero el conjunto de esas medidas no tendrá consecuencias en el precio del kilovatio que seguirá siendo fijado por el oligopolio de las compañías eléctricas. Por el contrario, las eléctricas manipulan el mercado de forma tácita, y utilizan a su antojo los recursos naturales para maximizar su beneficio.

Mientras tanto la coalición entre PSOE y Unidas Podemos que se autocalifica como “el gobierno más progresista en la historia de España” echa la culpa de los precios a las normas establecidas por la Unión Europea (UE). Las tímidas e ineficaces medidas que implementó el Gobierno fueron enfrentadas con ferocidad por el lobby eléctrico. El Foro Nuclear amenazó con cerrar el parque de generación nuclear, lo que implicaría un precio todavía más alto de la electricidad. Iberdrola, la mayor eléctrica española y una de las más grandes a escala internacional, se ha reído en la cara del presidente Pedro Sánchez contratando como nuevo vice presidente a un ex político del PSOE y enemigo personal de Sánchez: Antonio Miguel Carmona. Ahora Sánchez Galán pretende provocar una crisis de Gobierno afirmando que con extremistas ¡no se puede gobernar! (El País, 9/10/2021).

Atrás quedaron los tiempos en los que el dimisionario ex vicepresidente segundo y ex ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias decía por televisión que controlar a las eléctricas desde el gobierno era factible porque “el poder ejecutivo tiene el Boletín Oficial del Estado” para regular a esas compañías. Ya lo vemos… así de fácil.

Medidas ineficientes

El ejecutivo pretende implementar dos paquetes de medidas con el objetivo de reducir los precios de la factura de la luz. El primero se basa en “detraer” de las cuentas de las compañías eléctricas el exceso de beneficio que obtienen por el precio disparado de los derechos de emisión en los casos de las instalaciones de generación que no son emisoras de CO₂ , y que fueron construidas antes de la introducción en la UE de los derechos de emisión. Una medida similar impuso José Luis Rodríguez Zapatero durante su presidencia y las eléctricas perdieron sus litigios contra la medida en España y en Europa, pero fue anulada antes de que entrara en funcionamiento. El poder en la sombra.

La segunda medida es similar a esta pero se basa en “detraer” los beneficios extraordinarios por los altos precios del gas en las infraestructuras de generación que no utilizan el gas. Junto con estas medidas el gobierno decidió suspender transitoriamente el impuesto a la generación del 7%, y reducir el impuesto sobre la electricidad del 5% al 0,5% y bajar el IVA del recibo de la luz. Es decir que el gobierno va a ingresar menos dinero por conceptos fiscales para “aliviar” al consumidor pero no va a tocar realmente los espectaculares beneficios de las eléctricas. A lo sumo habrá una reducción simbólica en el precio del kilovatio para los consumidores más vulnerables.

Mientras tanto el presidente Pedro Sánchez habla de frenar el precio del gas mediante un acopio estratégico comprándolo de forma mutualizada con los otros estados europeos. En realidad esta es una idea promovida por Francia y a la que se han unido España, Grecia, República Checa y Rumanía. La propuesta es una vía muerta. La cooperación en la adquisición de gas no va a bajar los precios que han subido por la especulación pura y dura que está en la esencia misma del capitalismo en descomposición.

La madre del cordero

La denominada subasta eléctrica es un engaño colosal. Tres grandes compañías eléctricas controlan el mercado en España. Para que haya un mercado tiene que haber competencia y en este caso brilla por su ausencia porque las tres actúan de forma concertada en un mercado en el que los consumidores no tienen otra opción que estar conectados a la red. El sistema de la subasta consiste en que se van fijando precios para cubrir la demanda hasta que la generación más barata se agota y se llega a la más cara, la obtenida a partir del gas natural. Cuando se ha cerrado la subasta, tras la entrada de la tecnología más cara, toda la electricidad generada con tecnologías más baratas se paga al mismo precio que la más cara, la última en entrar y que se denomina marginal. Es decir un atraco en beneficio de las compañías.

A las eléctricas les basta con estimar a qué precio va a entrar la generación por gas para ofertar un poco por debajo de esos niveles con sus tecnologías más baratas, como la hidroeléctrica o la eólica. Finalmente van a ser remuneradas a precios muy por encima de sus costes y van a obtener beneficios espectaculares. Este sistema de subasta es una normativa de la UE destinada a llenar los bolsillos de las compañías eléctricas. Los funcionarios de Bruselas defienden este sistema argumentando, entre otras cosas, que retribuye el esfuerzo de las renovables que producen energía sin contaminar y por lo tanto impulsan el desarrollo de las tecnologías que no contaminan.

Pero la realidad es que la electricidad no se puede almacenar y las renovables dependen de las condiciones del clima: del viento y el sol. Si no hay viento y no hay sol no hay energía renovable. Esto hace inevitable la entrada en funcionamiento de otras tecnologías más caras que determinan al final el precio por el sistema de “subasta marginal” en el cual la más cara fija el precio. La única forma de almacenar la energía eléctrica es mediante el agua de los embalses, que generan energía cuando se les abren las compuertas. Desde el siglo pasado en España los sistemas hidrográficos han agotado la posibilidad de nuevos embalses. Hay los que hay, están en manos privadas y no puede haber más.

Expolio y expropiación

En el sistema eléctrico hay una sola red de distribución nacional. Red Eléctrica de España (REE), que es una empresa controlada por el estado con un 20% de su capital. Hay tres grandes compañías que controlan el 90% de la generación: Iberdrola, ENDESA y Naturgy. Y luego están los consumidores que sólo pueden recibir energía si están conectados a la red a través de alguna de ellas. Si los consumidores no tienen ninguna posibilidad de obtener un servicio público indispensable para la vida si no se conectan a esa red… ¿Dónde está la competencia? Si se va al mercado y el tomate está caro, se lo puede dejar de comprar y el precio ya se regulará si nadie compra. ¿Pero y con la luz? Esa posibilidad no existe a menos que las familias se queden a oscuras, sin frigorífico y sin calefacción. ¿De qué mercado nos hablan?

Por añadidura, las eléctricas tienen cubiertos sus costes de producción incluso si no venden la energía con lo cual esas famosas huelgas de consumidores, el “apagón”, no sirven para nada.

Las compañías eléctricas tienen una concesión para la explotación de un servicio público imprescindible que sirve a través de una red única a todo el mercado interior. El sistema de subasta marginal es un mecanismo de expropiación de los recursos de los trabajadores destinados a su subsistencia: El sueldo que las empresas les pagan por su trabajo luego de haberles extraído una plusvalía. De esta paga las compañías eléctricas se quedan con una parte de forma arbitraria sin moderación ni regulación alguna por un mecanismo de subasta ficticio. Es una expropiación de los recursos de los trabajadores para su subsistencia en beneficio de unas empresas que tienen la concesión de un servicio público indispensable.

Por añadidura, las eléctricas se benefician mediante el uso de las tecnologías de generación basadas en los avances de la ciencia que no son una propiedad del capital, sino de la humanidad. La generación hidroeléctrica además se hace gracias a un bien social, el agua. En agosto de este año Iberdrola y las otras empresas con generación hidroeléctrica vaciaron los embalses para aprovechar los altos precios de la energía porque al tener costes muy bajos en esa tecnología multiplicaban sus beneficios. El vaciado de esas represas ha destruido los ecosistemas locales, como en el embalse de Ricobayo de Iberdrola cuya construcción data de 1929.

La única forma de poner un límite a este expolio de los recursos naturales, de los ingresos de los trabajadores, de la apropiación privada de la ciencia y la tecnología por el capital para su beneficio, del aprovechamiento privado del capital social que suponen las redes de distribución de energía pagadas con el recibo de la luz durante al menos un siglo, es la expropiación de las compañías eléctricas y su producción y distribución bajo el control de los trabajadores. La energía eléctrica es un bien social que debe estar bajo el control de la clase trabajadora mientras se disputa quién debe dirigir el conjunto de la producción social.

Es por ello que la expropiación de la generación y distribución de energía eléctrica es una pieza clave en un programa de transición hacia el gobierno obrero. La UE pone de manifiesto su naturaleza reaccionaria a cada paso, y en el terreno de la energía eléctrica no se queda atrás. Pretende la evolución de la generación eléctrica hacia una infraestructura tecnológica basada en las energías renovables, y quiere que esa transición la paguen los trabajadores con sus medios de existencia a los que el capital ya ha privado de una parte de su tiempo de trabajo en el salario que se les paga.

No hay ninguna posibilidad de una transición hacia las energías renovables para la conservación del clima sin la expropiación del sector eléctrico a escala continental.

Por la expropiación de las compañías eléctricas, sus infraestructuras de generación y las redes de distribución. Por su producción y distribución bajo control obrero.

¡Por un gobierno obrero!

Por una federación de repúblicas socialistas en Europa desde Portugal hasta los Urales.