La huelga general de los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz ha traspasado el umbral de una semana de lucha sin signos de agotamiento. El pulso con la patronal gira en torno a la renovación del convenio de las compañías auxiliares del sector del metal que se extinguió a finales del 2020, y el principal escollo para su triunfo es la negativa de la patronal Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA) a aceptar un incremento de los salarios equivalente al aumento del coste de la vida como base, sobre la cual se debería aplicar un aumento salarial. Sin embargo no se trata sólo del salario, sino además de las condiciones de trabajo y la equiparación de salario y condiciones entre trabajadores.
La patronal defiende la aplicación de salarios y condiciones diferenciadas según la productividad de los trabajadores pretendiendo empujarlos a la auto explotación, y a la exposición a los accidentes laborales. Esta batalla se libra con el telón de fondo de una tasa de desempleo en Cádiz superior al 27% y a la sistemática destrucción de las fuentes de empleo por el cierre de industrias. Pese a estos cierres que han visto morir a Delphi en 2007, reducir plantillas de forma sistemática en Navantia, y ver amenazado el futuro de empresas como Airbus de Sevilla, la industria representa aun el 16,20% del PIB en Cádiz.
Los trabajadores afectados por la renovación del convenio suman en torno a 30.000 y se desempeñan en las pequeñas y medianas empresas del sector que actúan como empresas auxiliares de las grandes del sector del metal, cuyos trabajadores tienen convenios diferenciados. Sin embargo, las plantillas de estas grandes empresas se han visto reducidas a su mínima expresión porque la carga de trabajo la soportan las subcontratas en el sector del metal con trabajadores mal pagados y sujetos a permanentes accidentes laborales. Objetivamente esta lucha va mucho más allá que una batalla por el salario a la que la patronal y algunos intereses sindicales la quieren reducir. Basta recordar que en el pasado no muy lejano los movimientos de huelga y resistencia encabezados por la Coordinadora del Metal de la Bahía de Cádiz, que agrupó a los trabajadores de las subcontratas, fue acusada de huelga ilegal por los dirigentes de UGT y CCOO en la Bahía en alianza con los empresarios de Femca. Si hoy los grandes sindicatos están presentes en esta batalla es por el temor a perder el control de un movimiento que refleja no sólo la indignación de los trabajadores sino además la desesperación de sus familias.
Pero el sector del metal en Cádiz no es un fenómeno aislado en España. Estamos en estos momentos ante un reguero de conflictos que incluyen al sector del automóvil, trabajadores de la sanidad, minería, o las industrias químicas. Hay conflictos en Andalucía, Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid. Y existe un problema de base que hace a las condiciones de trabajo de todos a escala nacional. Con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) los trabajadores han visto reducido su salario pero los ritmos de trabajo los han obligado a mantener los niveles de producción sin aumentar horas de trabajo. Es decir las patronales, que se ahorran una parte del salario que compensa la Seguridad Social y se ahorran cuotas sociales que también van con cargo a la SS, aumentan su tasa de beneficio. Eso pasa en las fábricas, pero también en las peluquerías y los comercios. Estamos ante un verdadero expolio de los trabajadores.
Es por esto que la “solidaridad” no es suficiente. El problema no es de los trabajadores del metal de Cádiz, es de todos los trabajadores de España. Y es en este contexto en el que se inscribe una nueva reforma laboral y del régimen público de pensiones. Estamos ante una operación colosal de vaciamiento de los ingresos y de los derechos de los trabajadores en los que se amenaza el futuro de sus salarios diferidos como pensionistas. Y de sus condiciones de trabajo incluyendo el derecho a una indemnización, objetivo último de la nueva reforma laboral que persigue establecer la famosa mochilas austriaca. Los grandes aparatos sindicales no luchan por la extensión del conflicto de Cádiz para convertirlo en una huelga general nacional. Están empeñados en circunscribir el problema a Cádiz porque apuestan al agotamiento del movimiento de huelga y a una negociación “local” que no conmueva los cimientos de los planes a futuro del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE.
Por eso la clave en este momento es impulsar una huelga general nacional en apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz, pero que además levante la lucha por el salario y las condiciones de trabajo en todas las regiones de España, que exija la derogación de las reformas del sistema público de pensiones por una pensión igual a un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. Contra una nueva reforma laboral por la recuperación del estatuto de los Trabajadores anterior a la ola de reformas que han mermado los derechos conquistados por la clase obrera, contra el cierre de empresas, basta de subsidios encubiertos a las patronales a costa de los trabajadores, contra el cierre de empresas, por el pleno empleo. Hay que impedir el aislamiento de la huelga general de los trabajadores del metal en Cádiz mediante una huelga general nacional en su apoyo y por el resto de las reivindicaciones de los trabajadores. Hay que romper el juego de los burócratas y sus valedores. Ahora es cuando hay que impulsar la huelga general, las manifestaciones de apoyo son importantes, pero la huelga general es la verdadera solidaridad de clase.
Viva la lucha de los trabajadores de Cádiz
Por una huelga general nacional
