Escriben Javiera Sarraz, Ana Belinco y Florencia Suárez (Política Obrera de Argentina, tendencia del Partido Obrero)
Los contagios en todo el mundo por la nueva variante Ómicron crecen en forma exponencial. EEUU llegó al millón de contagios en un día. Israel, uno de los países pioneros en vacunación, combina confinamientos localizados con la aplicación de una cuarta dosis. Se detectó, además, el primer caso de “Flurona”, una combinación entre Covid y gripe; lo mismo, en Brasil. En Argentina, mientras tanto, se registraron 100.000 casos por día según los últimos datos, un récord, mientras la ocupación de camas de terapia intensiva subió a un 37,5%. El sistema de salud en Estados Unidos ha colapsado y se pronostica que su capacidad de atención será superada, en semanas, en un 250 por ciento.
Según un estudio realizado por el personal de Mayo Clinic, existen secuelas en parte de la población por el contagio del virus, lo que se llama “Covid prolongado”. Se trata de una persistencia en los síntomas (fatiga, tos, fiebre, dolor muscular, pérdida del olfato) que perdura en el tiempo, como el daño en otros órganos además de los pulmones, el corazón, los riñones y el cerebro. También el aumento de coágulos sanguíneos y debilitamiento de los vasos sanguíneos.
La pandemia se descarga sobre los trabajadores de salud, que deben abandonar su labor masivamente debido a contagios. La vacunación “masiva” solo se encuentra disponible para aquellos países que pueden acceder a la compra, mientras los países más pobres tienen acceso limitado. La política de convivir con el virus, llamada ‘nueva normalidad’, que consiste en trabajar hasta la muerte, promueve la aparición de nuevas mutaciones – readaptaciones de las que han sido combatidas en forma limitada.
Vacunas, testeos, ausentismo laboral
Con la irrupción de la variante Ómicron, la cuestión de la vacunación y los testeos vuelve a encontrarse en el centro de la crisis sanitaria, pero también política y económica.
La vacunación habría evitado las posibilidades de muerte de los contagiados por las nuevas variantes, pero se trata todavía de una contrastación prematura. En España, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad e Identidades Científicas asegura que el riesgo de hospitalización y muerte, a causa de Covid y las variantes Delta y Ómicron, ha disminuido un 90% en pacientes vacunados y, por lo tanto, la ocupación de unidades de terapia intensiva. (Sin embargo según datos del mismo ministerio el % de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) en España ocupadas por enfermos de Covid es del 22,06% mientras que los ingresos diarios superan los 2.000 pacientes y las altas son de 1.000)
Sin embargo, el acaparamiento privado de las patentes de las vacunas ha generado ganancias superiores a las obtenidas por la venta de medicamentos para enfermedades como la diabetes o el cáncer; sólo durante 2021, las farmacéuticas han recaudado más de 62 mil millones de dólares. La prioridad de las farmacéuticas son los países ricos que pueden financiar por adelantado una parte de la producción de ellas. El 98% de las vacunas vendidas por Pfizer/BioNTech y el 79% de las de Johnson & Johnson han sido entregadas a los países más ricos. Moderna también ha priorizado al 84% de la venta de sus vacunas para EEUU y la Unión Europea.
En la división internacional de las vacunas para el Covid, los países más pobres pagan con soberanía la adquisición de vacunas. En relación a esto, el Financial Times señaló “Pfizer pide a los países que cambien leyes nacionales para proteger a los fabricantes de la vacuna de eventuales procedimientos judiciales (…). Desde Líbano hasta Filipinas, los gobiernos nacionales cambiaron las leyes para garantizar el suministro de vacunas”. Lo mismo ocurre en el hemisferio sur, donde Pfizer ha pedido como garantía a los países latinoamericanos sus activos soberanos, incluyendo bases militares, reservas de bancos nacionales, entre otros. Los contratos, por supuesto, no son públicos.
La lógica capitalista de la ´carrera farmacéutica´ y el acaparamiento de las vacunas por parte de los países más ricos son, de alguna forma, responsables de la aparición de nuevas variantes. Ahí donde un país no tiene vacunas para su población, el virus muta. Es lo que sucedió con la Ómicron en África, donde podría demorar dos años más vacunar al 70% de su población.
Las relaciones internacionales en torno a la producción y patentes de las vacunas no es el único límite. También los gobiernos latinoamericanos subejecutan el presupuesto para salud, fundamentalmente por la hipoteca de la deuda pública. Es el caso de Argentina. Esto explica la crisis de testeos, porque más allá de su costo faltan los recursos para análisis rápidos, seguimiento de contactos y sostenimiento económico a quienes deben aislarse. Quirós, el representante de las farmacéuticas en el gobierno de la Ciudad, opera ahora como lobbista de los auto test privados, incluso cuando proliferan las informaciones acerca de su ineficacia.
La necesidad de instalar un dispositivo de detección temprana del virus es tan vital como la vacunación. Un sistema de detección y confinamiento por zonas es el que le ha permitido a China poder informar el 5 de diciembre que en la recientemente confinada ciudad de Xi’an los casos de Covid disminuyeron a 35 (la ciudad tiene 13 millones de habitantes).
Los gobiernos del hemisferio norte han reanudado la presencialidad escolar. Pero la estrategia de no confinar las regiones infectadas para no detener la producción ha fracasado. Incluso sin confinamiento, la productividad es afectada por el alto ausentismo de los contagiados y los contactos estrechos. En Gran Bretaña esperan un ausentismo de entre un 10% y un 25% de los empleados del sector público.
La política de la ‘nueva normalidad’, o sea, la convivencia con el virus, lleva al colapso sanitario. En efecto, no se ha aumentado el personal sanitario, ni construido hospitales ni centros de testeos; se sobreexplota al personal de salud.
Programa
La organización social capitalista es opuesta por el vértice a una salida a la crisis humanitaria que dejó expuesta la pandemia. El capitalismo y sus representantes políticos desarrollan un programa de guerra contra los trabajadores –no otra cosa es la presencialidad laboral forzada en el marco de contagios que cuadriplican los topes más altos del pasado reciente.
- Ruptura con el FMI, desconocimiento de toda la deuda pública, que el presupuesto sea destinado a la salud, para: A) sostener económicamente una política de aislamiento localizado a contagiados; B) extender la capacidad hospitalaria, aumento de personal, infraestructura, centros de testeo, organización de equipos encargados de la detección preventiva del virus.
- Por la liberación de las patentes que permitan una vacunación extensiva. No al lucro de los pulpos farmacéuticos a costa de la salud.
- Condicionamiento de la presencialidad laboral y escolar al plan de corte de la circulación comunitaria del virus. Reconocimiento del Covid como enfermedad laboral, derecho a la licencia paga por contacto estrecho, día laboral pago para testearse; protocolos y cierre de los lugares de trabajo donde hayan infecciones, bajo control de los trabajadores. No al acortamiento de los periodos de aislamiento.
- Por el cese de toda actividad no esencial afectada por contagios y por confinamientos ´quirúrgicos´, a fin de garantizar el distanciamiento social necesario para frenar la circulación del virus. No a la “nueva normalidad”.
- Por una acción internacional de la clase obrera en defensa de la vida de los trabajadores.
La crisis humanitaria del capital atraviesa a todos los trabajadores del mundo. El separatismo nacional y las guerras comerciales y armadas son la prueba de que el capitalismo es incompatible con el futuro de la humanidad.
