(Escribe Mauri Colón, Política Obrera de Argentina)
En medio de la crisis del gobierno del PSOE-Unidas Podemos, en España estalla una gran ola de huelgas frente a la carestía producida por la guerra en Ucrania. La huelga del metal sigue firme en la provincia de Pontevedra tras la nueva convocatoria esta semana. El 15 de junio hubo una gran huelga de 48 horas de la que participaron 33.000 trabajadores de las industrias metalúrgica, naval, automovilística y aeronáutica de Pontevedra y Galicia. La movilización sostenida en asambleas prosigue. Lograron paralizar la actividad industrial de toda la zona. Alcanzó a más de 3.700 empresas. En junio los trabajadores bloquearon las carreteras principales y la autopista AP-9, la principal vía que une el norte de España con Portugal, y organizaron protestas de miles de personas.
Esta fenomenal lucha tiene como punto central conseguir una recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Los trabajadores ibéricos asisten a una demolición de sus salarios. El aumento de la inflación del año pasado fue del 8,4%, mientras que el aumento de la canasta básica de alimentos superó el 10%. Sin embargo, la burocracia sindical del gremio metalúrgico exige salarios muy por debajo de la inflación. Su propuesta para las patronales es del 4% para los próximos tres años (2023, 2024 y 2025). Por su parte, las patronales ofrecen el mísero 0,5 % para el mismo período de tiempo, lo que equivale a un recorte de salario.
La burocracia sindical ha actuado como una contenedora de la lucha. Por un lado, llamando al paro en días distintos en cada rama que va a la huelga, en lugar de declarar la huelga general metalúrgica y llamar a unir las luchas con otros sectores, como los bomberos de Galicia, que están luchando también por sus salarios.
Por su parte, el gobierno “socialista” del PSOE y Podemos respondió con la militarización del conflicto. Desplegó una gran cantidad de policías, para impedir que los trabajadores se manifestaran frente al centro de conferencias IFEVI, donde se celebraba la Feria Internacional de Industria y Tecnologías del Metal, Mindtech, la feria industrial líder del sector metalúrgico. Se registró una furibunda represión a los manifestantes.
La lucha continuará el 6 y 7 de julio cuando se han convocado un nuevo paro.
Empleados de comercio
Otro sector en huelga son los trabajadores minoristas de la multinacional de prendas textiles de capitales suecos, H & M, una de las más populares de Europa. La medida de fuerza se extendió por más de 100 tiendas y alcanzó a 4.000 asalariados. Al igual que los metalúrgicos, piden una recomposición salarial y, además, que H & M cubra las vacantes provocadas por las bajas por enfermedad o excedencia, que está provocando sobrecarga de trabajo.
Otros trabajadores de cadenas similares han logrado un aumento hasta del 20% de su salario. Este importante aumento es el norte de los trabajadores de H & M.
Pilotos de aviones
La semana pasada, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) comenzó una tercera ronda de huelgas en Air Europa, la tercera aerolínea más grande de España, después de que un acuerdo alcanzado a principios de junio sobre salarios y condiciones de trabajo no llegara a buen puerto. El gobierno nacional ha intentado romper la huelga imponiendo duros requisitos mínimos de servicio a los huelguistas. El Ministerio de Transportes exigió que se garantice el 90% de los vuelos a las islas (Canarias y Baleares) y el 65% para los vuelos dentro de España y Europa durante la huelga.
La lucha de los pilotos es una tendencia dentro de la clase obrera europea y española en particular. La burocracia del SEPLA busca atomizar la lucha y que se discuta por empresas separadas, en lugar de llamar a una gran huelga general de los pilotos.
Sector público
Por último, el sector público, las huelgas intermitentes y las protestas que comenzaron en abril continuaron la semana anterior. Alrededor de 45.000 funcionarios están en huelga entre en el sector judicial. Exigen aumentos salariales de 350 a 450 euros. La huelga, acatada por el 80% del personal, provocó la suspensión de millones de acciones judiciales, desde declaraciones hasta notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, incautaciones, desalojos y procedimientos.
La burguesía, para seguir con su política bélica, debe descargar el costo sobre los trabajadores. Este es el caso. La clase capitalista española busca imponer un recorte presupuestario de 24.2024 millones de euros y, adicionalmente, un aumento importante de impuestos. Los recortes y los aumentos de impuestos irán a financiar los esfuerzos bélicos de España en Ucrania. La clase obrera empieza a tomar nota de este horizonte y sale a la lucha por todas sus reivindicaciones.
