El Gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos (UP) ha tomado una serie de decisiones de urgencia en un intento por frenar la extensión de la epidemia Covid-19. La estrategia central es el confinamiento de la población en sus domicilios. El resto son una serie de medidas económicas muy impactantes en apariencia, aunque son un espejismo. La epidemia lo ha desbordado y la falta de equipos y recursos humanos y técnicos acelera la mortalidad. Mientras tanto, y en atención a los intereses empresariales, permite que se mantenga el trabajo en los grandes centros industriales que desarrollan actividades no esenciales para el conjunto de la población, como la industria del automóvil. Producción que se desarrolla sin las pertinentes medidas de seguridad. En muchos sectores de la administración pública, como correos, se mantiene la actividad pero no se dota a los trabajadores de la debida protección creando verdaderos focos de propagación del contagio. La situación extrema se refleja en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los médicos y los trabajadores de la sanidad denuncian que deben trabajar sin los equipos de protección individual (EPI), y denuncian que las camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) ya no son suficientes en algunas ciudades para atender a los pacientes que requieran respiradores. Tras décadas de asfixia financiera del SNS por las administraciones dirigidas por todos los partidos sin excepción, y de su creciente privatización, España sufre una emergencia a la que no puede hacer frente en condiciones de equidad. Los médicos deben decidir quiénes recibirán asistencia en las UCI, es decir elegir a los que van a sobrevivir. Este es un estado de guerra contra la población civil, y no una batalla en la que “cada español es un soldado” como pretendió vender el jefe de la JEMAD.
El Gobierno es responsable
Pero el gobierno no puede ocultar su responsabilidad directa en la extensión de la epidemia. Actuó mal y tarde. Mantuvo expedita la frontera con Italia, país con el que hay un intenso tráfico turístico, profesional y comercial en el momento de ascenso de la epidemia en ese país. Con un SNS en ruinas el Gobierno salió a decir que la sanidad española estaba en las mejores condiciones para hacer frente a una emergencia y no tomó ninguna medida preventiva como adquirir test rápidos y equipo sanitario. En palabras del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ( ) “los riesgos para la población eran muy bajos”… España “no iba a tener más que algún caso diagnosticado”, y así de seguido. Es decir que las medidas que no se tomaron desde un principio, y la información falsa y confusa, ayudaron a difundir la epidemia y a que la población creyera que estaba ante un problema de poca entidad. El gobierno es responsable de esta propagación desmedida.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha afirmado en su mensaje al país que el pueblo español se debe unir en la lucha contra el coronavirus porque se trata de un enemigo común. Esto no es cierto. Los trabajadores son carne de cañón de la enfermedad que se extiende entre sus familiares y a la que están expuestos por su trabajo, sean obreros de la industria, de los centros de distribución alimentaria o sanitaria y médicos del SNS, o de los centros sanitarios privados. Los que viven hacinados en pocos metros cuadrados, sin posibilidad de aislar a los enfermos o hacerlo de forma precaria. Los cientos de miles que son afectados por los expedientes de regulación de empleo, transitorios (ERTE) o permanentes (ERT), deben hacer frente a caídas salariales que les imposibilitan atender a sus gastos. El argumento de que todos somos iguales y debemos combatir unidos la crisis es falso. Bajo el capitalismo un abismo separa a los trabajadores de los dueños de los medios de producción, los capitalistas. Éstos tienen los recursos para sobrevivir a la crisis. CCOO y UGT junto con la CEOE han negociado con el Gobierno el paquete de medidas que benefician a las patronales y que va a descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores con una destrucción masiva de empleo y pérdida de ingresos. Al discurso de la unidad contra el virus también se ha unido el rey Felipe VI en un intento de reflotar su imagen al socaire de la epidemia, con el objetivo de salvar la ropa ante el hundimiento de la imagen de la corona después del escándalo protagonizado por su padre con los ingresos no declarados por la intermediación en el negociado del Ave a la Meca. El rey que sabía de la existencia de una herencia en su favor a través de sociedades off-shore desde hace al menos un año se cuidó mucho de hacerlo público entonces. Este era el escándalo que faltaba para dejar a la luz los cimientos corruptos del régimen de la transición y su columna vertebral, la casa real cuyo máximo representante es el jefe del estado. ( )
Salvar a las empresas
Para asegurar la supervivencia de los capitalistas el paquete de medidas del gobierno ha declarado el ERTE exprés, de forma que las empresas puedan suspender de inmediato el empleo de los trabajadores para amortiguar sus pérdidas, facilitando el trámite administrativo en tiempo récord. Los empresarios ahorran dinero, los trabajadores van al paro con una fuerte reducción de sus ingresos. Desde luego esto no va a impedir la quiebra masiva de las pequeñas empresas. Serán los grandes grupos económicos los que podrán sobrevivir al derrumbe capitalista precipitado y agudizado por la pandemia. El gobierno dijo que lanzaba un programa de 200.000 millones de euros. De ese total, 100.000 millones son avales para empresas, es decir una firma, y no dinero.
Dentro de esa cifra que pretende impresionar a la opinión pública el gasto real será de18.000 millones de euros. De esa cantidad solo 3.800 millones se destinarán al sistema sanitario, esos son los recursos para combatir la pandemia. Con ese dinero se pretende reparar 20 años de destrucción de la sanidad pública a cargo del Partido Popular, el PSOE, y los partidos nacionalistas en las autonomías. Otros 14.200 millones se destinarán al “apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, y medidas de liquidez y reducción de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos y en el sector turístico”, según el BOE. Pero eso incluye los 10.000 millones para que el ICO amplíe sus créditos y la ayuda al sector turístico. Este es un paquete de salvamento de los capitalistas. El vicepresidente Pablo Iglesias anunció con fanfarria un fondo extraordinario de 300 millones para atención a la pobreza infantil y protección a la familia. Ese dinero está dentro del cajón de sastre. El gobierno espera que el sector privado, la banca, contribuya con 82.000 millones. Ese dinero va a utilizarse para refinanciar la deuda de las corporaciones para que los bancos no vayan a la quiebra por los impagos… El paquete, descrito por el Gobierno como “potente” y “sin precedentes en la historia del país” está a la cola de las iniciativas de otros países de la Unión Europea, ni que hablar del resto del mundo capitalista. Es decir que el “esfuerzo” medido en términos de la propia burguesía mundial carece del alcance que se le atribuye.
La mortandad sube por la falta de recursos
El SNS en situación de saturación no puede garantizar la asistencia con respiradores a los mayores porque no hay equipamiento ni especialistas suficientes. Las residencias de mayores se han convertido en mataderos. En la Comunidad de Madrid la falta de recursos, la ausencia de asistencia médica adecuada, han desembocado en decenas de muertes por cada centro. El gobierno ha centralizado el suministro del SNS, pero es incapaz de hacer llegar a los hospitales los respiradores, los test rápidos para diagnóstico del coronavirus, los EPI. La burguesía lleva en el poder más de 200 años. Las guerras han diseñado los modelos de capitalismo de estado para aprovisionar de armamento a los ejércitos. El estado está en condiciones de hacerse cargo de la industria y redirigir la producción para abastecer a los hospitales. Pero no hace nada para no chocar contra los intereses capitalistas que especulan con la salud.
Los trabajadores de varias industrias se han rebelado en todo el mundo contra condiciones de trabajo que no brindan seguridad, señalando que se convertirían en focos de infección masiva. Un ejemplo es Mercedes Benz en Navarra y Renault en toda Europa. En el norte de Italia se están registrando huelgas salvajes en protesta por el trabajo sin garantías de salubridad. Estas industrias en marcha han sido los principales focos de extensión del contagio en el norte industrial italiano. El Gobierno español, como todos los otros, ha depositado sobre las espaldas de la población contener la epidemia mediante la reclusión domiciliaria. Pero no ha puesto los medios necesarios para frenarla con la intervención sanitaria, mediante la realización masiva de test para determinar a los portadores sanos del virus que extienden la epidemia. Qué sentido tiene el confinamiento si en las horas punta la mala programación del transporte público obliga a los trabajadores a viajar sin distancia de seguridad. Hasta ahora ha sido la intervención de los trabajadores la que ha intentado poner una barrera a la extensión de la enfermedad buscando paralizar a los sectores no esenciales. Por otra parte sólo los trabajadores están en condiciones de organizar la producción en condiciones de seguridad porque la dirección de las empresas sólo miran por su beneficio y hacen caso omiso a las condiciones de seguridad en la producción. Este es uno de los motivos para que la producción esencial se haga bajo control obrero. España apunta a una explosión creciente de casos y la tasa de mortalidad es alta. La Covid-19 se extiende y mata cada vez más a pesar de ser una enfermedad que no es mortal de necesidad, siempre y cuando existan los medios para tratar a los pacientes.
En este cuadro el Gobierno ha sellado una alianza con el Partido Popular, que convalidará los decretos y bajó el tono de sus críticas. La profunda crisis ha abierto un espacio de negociación entre el PP y el PSOE que se basa en las medidas de ayuda a las empresas y que puede proyectarse como un gobierno de concentración si la crisis de la Covid-19 se extiende y se profundiza. Se trata de la defensa del capital, en contra de los intereses de los trabajadores, y Unidas Podemos puede ser la víctima propiciatoria de ese avance de la derechización. UP es una máscara vergonzante que cubre al Gobierno por el flanco izquierdo que, como ha quedado claro, opera como muleta del régimen del 78 y de los intereses del capital.
El Gobierno ha decretado el Estado de Emergencia, dos escalones por debajo del Estado de Sitio. Lo justifica como mecanismo para forzar el aislamiento de la población en caso de incumplimiento de la orden de confinamiento de los ciudadanos en sus viviendas. Pero no cabe ninguna duda que se trata de un estado de excepción que en caso de protesta por la situación imperante se utilizará para sostener el orden público de acuerdo con los intereses del capital, porque son los trabajadores y los sectores más pobres de la población quienes reciben el impacto de la epidemia. El gobierno ha dado entrada a las fuerzas armadas en la escena, colocando su acción en el centro de las operaciones contra la epidemia y ha calificado a su acción como una guerra contra el enemigo invisible, el virus. Lo cierto es que la única guerra en ciernes es contra los trabajadores para evitar su rebelión cuando se descargue el peso de la crisis sobre sus espaldas. Bajo el capitalismo cualquier movilización de la sociedad con objetivos colectivos, aunque esté en el interés directo del sistema, adquiere el carácter de orden compulsiva y se expresa mediante la movilización de las fuerzas de orden público. Bajo el orden del capital los problemas sanitarios que se descargan de forma dominante sobre los trabajadores acaban transformados en problemas de orden público. La crisis del capitalismo acaba provocando la irrupción de los trabajadores en defensa de su derecho a la vida.
La Comisión Europea (CE) ha puesto de manifiesto su profunda crisis. Ha propuesto, dejando la decisión en manos de los gobiernos miembro de la Unión Europea (UE), dejar sin efecto el límite de déficit con carácter transitorio. Es decir que sean los estados los que decidan el volumen del gasto público que habrán de destinar a esta emergencia. La CE se ha inhibido de una decisión colectiva, en un claro retroceso frente a los antagonismos insalvables impulsados por los intereses nacionales de los estados. Las naciones ricas se oponen a una acción concertada que las involucre en la financiación de los déficit nacionales de los países más pobres. El Gobernador del Banco de España ha propuesto que la deuda pública europea se “mutualice”, es decir que las emisiones de cada país tengan el respaldo de los restantes miembros de la moneda única. Los países más ricos se oponen de plano a esta opción. Tras la salida de Reino Unido las tensiones dentro de la UE se han puesto una vez más al rojo vivo por el estallido de esta crisis. Han reaparecido con fuerza las tendencias a la disgregación de la UE.
Los trabajadores tienen por delante el buscar las formas de organizar la lucha por su derecho a la vida. Ese objetivo tiene consignas claras. Control obrero del sistema nacional de salud con amplia representación de los trabajadores del sistema hospitalario. Formación de un comité científico para el asesoramiento de ese control. Expropiación de todos los recursos de la sanidad privada y su puesta al servicio del SNS. Expropiación de la industria farmacéutica y de todos los recursos necesarios para la creación de una fábrica estatal de equipo médico. Expropiación de la banca, nacionalización del comercio exterior. Anulación de los ERTE y ERE, mantenimiento del salario de todos los trabajadores.
Por un gobierno de los trabajadores
